Actualidad normativa

  • IRPF. Posibilidad de aplicar la reducción del 40% a planes de pensiones en períodos impositivos distintos
    el día 14/09/2021 a las 7:45 am

    El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia, en Resolución de 29 de abril de 2021, fija un nuevo criterio en la aplicación del régimen transitorio de la reducción del 40% del art. 17 del RDLeg. 3/2004 (TR Ley IRPF) aplicable a los planes de pensiones y recogido en la disp. trans. duodécima de la Ley 35/2006 (Ley IRPF). Tras la finalización de un procedimiento de comprobación referido a una declaración IRPF de 2017, la Administración procede a eliminar la reducción del 40% practicada sobre las prestaciones percibidas de un plan de pensiones, motivando que la persona ya aplicó la reducción en la declaración de renta del ejercicio 2016 al rescatar en forma de capital otro plan de pensiones que tenía. Pero en la reclamación contra la liquidación se alega que “de la lectura de la Disposición transitoria duodécima y del artículo 17 del RDL 3/2004 del texto refundido, no se desprende limitación alguna en cuanto a la aplicación de la reducción del 40% a las cantidades percibidas por el rescate de planes de pensiones en forma de capital en más de un ejercicio… Lo que la normativa de la disposición transitoria dice es que se podrá aplicar la reducción del 40% sobre las cantidades derivadas del rescate del plan de pensiones, pero siempre referido a un período impositivo en que se perciban dichas cantidades y por el importe rescatado, ninguna limitación normativa existe en cuanto a que se perciban en dos o más períodos impositivos...” La DGT en varias de sus consultas (Vid., consulta DGT, de 10-02/2021, nº V0224/2021, de 22-10-2020, nº V3182/2020 y de 28-07-2015, nº V2396/2015) mantiene que solo es posible aplicar la reducción prevista para los planes de pensiones en un único ejercicio para el conjunto de planes de pensiones que se dispongan y por la misma contingencia. Sin embargo, este TEAR se aparta del criterio mantenido por la DGT al admitir la reducción en dos ejercicios distintos por diferentes planes, ya que la normativa no establece el límite al que se refiere la DGT. La DGT establece literalmente que "si se perciben varias prestaciones en forma de capital de planes de pensiones diferentes, solo puede aplicarse la reducción a las cantidades percibidas en un único año respecto de una misma contingencia, siempre que hayan transcurrido más de dos desde la primera aportación, salvo en el caso de incapacidad en el que no se exige el transcurso de dicho período." Pero el TEAR saca en evidencia que los únicos requisitos que establece la normativa para poder aplicar la reducción del art. 17 RDLeg. 3/2004 (TR Ley IRPF) son los siguientes: Que la prestación se obtenga en forma de capital. Que correspondan a primas satisfechas con más de dos años desde la primera aportación Por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006. El límite previsto en el párrafo 4º de la DT 12ª respecto al año en que ocurre la contingencia. Si se hubiera querido introducir algún otro límite cuantitativo se habría hecho, pero a través de la Ley 26/2014 (Modifica la Ley 35/2006 del IRPF) respecto a la disposición transitoria duodécima, solo añadió en el párrafo 4º un límite temporal para poder aplicar el régimen transitorio en función del año en que acontezca la contingencia, y por tanto, no constando ningún otro límite en la normativa, este tribunal mantiene que es posible aplicar la reducción correspondiente a las prestaciones de capital procedentes de dos planes de pensiones distintos en los ejercicios distintos, como ocurre en el presente caso.

  • Sobre los componentes de la cifra de negocios
    el día 10/09/2021 a las 7:49 am

    Una empresa que se dedica a la fabricación y venta de calzado percibe ingresos de carácter periódico que provienen, entre otras, de las siguientes actividades: a) Arrendamiento de un almacén. b) Dividendos procedentes de: Una sociedad dependiente al 100% dedicada al sector del calzado. Una sociedad anónima considerada como asociada, posee el 30% y está dedicada a otro sector de actividad. c) Ingresos financieros procedentes de la concesión de préstamos a la entidad dependiente y a la asociada. La cuestión planteada versa sobre si los citados ingresos deben incluirse como componentes positivos de la cifra de negocios. El artículo 34.1 de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (RICAC de reconocimiento de ingresos), fija los criterios generales para determinar el importe neto de la cifra de negocios, señalando que incluirá el importe de la contraprestación por la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con clientes u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa. El último párrafo del artículo 34.2 define la actividad ordinaria como “(…) aquella que es realizada por la empresa regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter periódico.” Por otra parte, el artículo 34.10 referente a las sociedades “Holding” indica: “En las sociedades cuya actividad ordinaria sea la tenencia de participaciones en el capital de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas (sociedad holding), así como actividades de financiación de la actividad de estas participadas, se incluirán como componentes positivos de la cifra de negocios, con el adecuado desglose, los dividendos y los cupones e intereses devengados procedentes de la financiación concedida a las citadas sociedades.” La RICAC de reconocimiento de ingresos incluye en el cómputo del importe neto de la cifra de negocios determinados ingresos financieros procedentes de las entidades participadas dependientes o asociadas de una entidad. Sin embargo, se establece el requisito de que la entidad poseedora de las participaciones sea una sociedad de tenencia de valores porque en este caso se entiende que dicha actividad debe calificarse como ordinaria. Por lo anterior, los ingresos de carácter financiero no forman parte del resultado de la explotación salvo que procedan de la actividad ordinaria de la entidad (como es el caso de una sociedad holding). Respecto a los ingresos por arrendamiento, y la expresión «actividad ordinaria» de la sociedad utilizada en la definición de cifra de negocios, cabe señalar que en determinadas ocasiones en la realidad empresarial se produce la realización simultánea de varias actividades, lo que podría denominarse multiactividad. En este caso, hay que entender que los ingresos producidos por las diferentes actividades de la empresa se considerarán en el cómputo de las actividades ordinarias, en la medida en que se obtengan de forma regular y periódica y se deriven del ciclo económico de producción, comercialización o prestación de servicios propios de la empresa, es decir, de la circulación de bienes y servicios que son objeto del tráfico de la misma.

  • La ITSS reanuda los plazos tras el incidente de ciberseguridad del Ministerio de Trabajo
    el día 10/09/2021 a las 7:47 am

    El pasado 9 de junio se produjo un incidente de ciberseguridad (mediante la técnica llamada ransomware o “secuestro de datos”) que afectó a diversos servicios del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En concreto, se detectaron fallos en el normal funcionamiento de los sistemas de información, aplicaciones y equipos informáticos del departamento. Entre otras circunstancias, el ataque afectó a los correos electrónicos de los empleados y al acceso a determinados servicios, ocasionando perjuicios tanto a trabajadores como a receptores de distintas prestaciones (recordemos que, entre otros órganos, el SEPE, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependen del Ministerio de Trabajo y Economía Social). En lo que respecta a la labor ordinaria de la Inspección, se detectaron fallos en actuaciones comprobatorias, en medidas derivadas de la propia actuación inspectora y en la tramitación e instrucción de procedimientos sancionadores y liquidatorios en el orden social. La técnica del ransomware o “secuestro de datos” consiste en el uso de un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado, pidiendo normalmente un rescate a cambio de suprimir dicha restricción. En este caso, se sospecha que el origen del daño se debe al ransomware denominado "Ryuk", ejecutado a través de un acceso vía phishing procedente del grupo ruso Wizard Spider. Se trata de la misma técnica que inutilizó los ordenadores del Servicio Público de Empleo Estatal hace tres meses, con graves perjuicios para Administración y ciudadanos. Desde la citada fecha, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Centro Criptológico Nacional trabajaron para determinar el origen y restablecer la normalidad lo antes posible. Y, desde entonces, los distintos órganos superiores y directivos han coordinado la publicación de diversas resoluciones para ampliar los plazos de determinados trámites. En el caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha determinado el número de días exactos de la ampliación, computados con fecha de cierre 31 de agosto, como veremos a continuación. Resoluciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Decisión de ampliar los plazos no vencidos En fecha 16 de junio, el Director del organismo Inspección de Trabajo y Seguridad Social publicó en la Sede electrónica del Ministerio una resolución sobre ampliación de plazos en el ámbito de actuación y funcionamiento de la Inspección. Dicha resolución, con efectos desde el mismo día 16 y amparada en la facultad de modificar plazos y términos que permite el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acordó ampliar, por un periodo equivalente al de la duración de la citada incidencia técnica, los siguientes plazos no vencidos a fecha 16 de junio: Los plazos de duración e interrupción de las actuaciones comprobatorias (art. 21.4 de la Ley 23/2015, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; art. 8.2 RD 928/1998, Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social). Recordemos que, conforme a la citada normativa, las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses, salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo; no obstante, se permite la ampliación por otro período, no superior a otros nueve meses, cuando las actividades revistan especial complejidad, se trate de supuestos de obstrucción u ocultación de datos por parte del inspeccionado o situaciones de cooperación administrativa internacional. Este caso, evidentemente, implica una situación extraordinaria de fuerza mayor. Los plazos relativos a los trámites y para resolver y notificar la resolución de los procedimientos sancionadores (RD 928/1998) cuya competencia para resolver recaiga sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cualesquiera otros procedimientos distintos de los anteriores, en los que ostente la competencia resolutoria la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Añadía la resolución que, una vez solucionada la incidencia técnica, se comunicaría la fecha de restablecimiento del normal funcionamiento de los sistemas y aplicaciones informáticas correspondientes, fecha en la que se produciría la reanudación de los plazos afectados, mediante nueva resolución, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Última resolución: reanudación a fecha 31 de agosto y plazos definitivos Finalmente, con fecha 2 de septiembre de junio se publicó resolución por la que se define la ampliación de plazos efectuada en el ámbito del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia del incidente de ciberseguridad ocurrido el 9 de junio de 2021. En virtud de la nueva publicación, solucionados los problemas técnicos y restablecida la completa operatividad y funcionamiento ordinario de los sistemas, aplicaciones y equipos informáticos, la fecha oficial del restablecimiento fue el pasado 31 de agosto de 2021. En cuanto al número de días en que se han de entender ampliados los plazos máximos de las actuaciones, trámites y procedimientos, es el siguiente: Para los plazos fijados en meses: la ampliación se entenderá por el total de días hábiles comprendidos entre el 16 de junio y el 31 de agosto de 2021, ambos inclusive (en total, 77 días). Para los plazos fijados en días: la ampliación se referirá también al total de días hábiles comprendidos entre el 16 de junio y el 31 de agosto de 2021, ambos inclusive. Recuerda que también se han reanudado los plazos correspondientes a trámites de otros órganos dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social: Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social (Sistema Delt@). Subsecretaría de Trabajo y Economía Social. Dirección General de Trabajo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Fondo de Garantía Salarial.

  • El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de Formación Profesional
    el día 07/09/2021 a las 7:47 am

    El Consejo de Ministros del pasado 7 de septiembre ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto iniciará el trámite parlamentario en las próximas semanas. La futura Ley de Formación Profesional consolida y ordena un sistema único de Formación Profesional que por primera vez estará dirigido a estudiantes y trabajadores (ocupados y desempleados) para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas. Va a buscar una integración real de toda la oferta formativa de la Formación Profesional, de modo que todas las personas, cualquiera que sea su edad y su situación, puedan encontrar de una forma sencilla una oferta formativa adecuada a sus necesidades en cada momento. El documento, presentado en Consejo de Ministros el pasado mes de junio, ha sido fruto de un intenso proceso de participación que comenzaba a finales de 2020. El proyecto ha recibido las aportaciones del sector empresarial, las comunidades autónomas, otros departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y también de la ciudadanía. Además, ha contado con los informes favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado. La nueva norma responde a la profunda transformación del sistema de Formación Profesional que comenzó ya en 2018 con el diseño de toda una estrategia de modernización. La necesidad de una mayor cualificación intermedia entre la población activa de nuestro país ante la demanda creciente de estos perfiles profesionales en el mercado laboral, el incremento de horas de formación entre empleados y desempleados, la necesidad de acreditar las competencias profesionales de millones de trabajadores o el impulso del número de jóvenes que eligen la Formación Profesional como opción formativa de primer orden y de éxito son algunos de los retos a los que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere hacer frente con la futura Ley. La futura Ley cuenta con un impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros previsto durante su implantación en cuatro años. Nueva oferta modular y acreditable El texto establece una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E). La experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un Informe de vida formativa-profesional actualizado. La nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que contempla desde unidades más pequeñas o microformaciones (grado A) hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (grados D y E). De esta forma, cada persona podrá diseña y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales y necesidades laborales. Toda la oferta, independientemente de su tamaño y duración, será acumulable, certificable, y acreditable, lo que permitirá a estudiantes, ocupados y desempleados avanzar en su trayectoria formativa que conducirá a acreditaciones, certificados profesionales, titulaciones y másteres profesionales. El Grado A constituye la oferta de menor tamaño del nuevo Sistema Nacional de Formación Profesional y conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia. La superación de todas las acreditaciones parciales de competencia de un módulo implicar á la obtención del correspondiente certificado de competencia profesional o Grado B de formación, referido a un módulo profesional. A continuación, se establece el Grado C que reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional. En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional y en los que se incluirá un proyecto intermodular, así como la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Por último, en el Grado E, se integrarán los cursos de especialización que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrá n un título de Especialista (Grado Medio) o M áster Profesional (Grado Superior). Toda la Formación Profesional tendrá carácter dual: general o intensiva El proyecto de Ley de Formación Profesional contempla que la oferta de los Grados C y D incluirá un periodo de formación en la empresa bajo dos regímenes: Formación Profesional general: con un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo. Formación Profesional intensiva: con una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral. La norma potencia la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno, que trabajarán de manera conjunta en los aprendizajes del currículo. El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de Formación Profesional. Acreditación de competencias El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021. Con este nuevo sistema el MEFP prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, tan solo 300.000 lo consiguieron con el modelo anterior. Conexión con la Universidad La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas. Orientación Profesional a lo largo de la vida El MEFP apuesta también por el acompañamiento durante la formación y establece el origen de lo que será el nuevo modelo de Orientación Profesional en el marco de la Formación Profesional al servicio de la ciudadanía, e integrado en los procesos de formación y acreditación de competencias. En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos los centros estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional. Internacionalización La futura Ley también atiende a las recomendaciones de la UE en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre distintos países. Además, incluye la creación de dobles titulaciones y la oferta bilingüe.

  • Migración de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú)
    el día 07/09/2021 a las 7:43 am

    En la página web de la AEAT, se comunica que desde 06-09-2021, TODAS las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú). Actualmente las notificaciones de la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta Ciudadana. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en el artículo 42 sobre la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única. A la DEH se envían para comparecer únicamente las notificaciones electrónicas. A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana. Se tendrá acceso a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú por dos vías: A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN. A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido por la DEHú. Instrucciones en el Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas Con el fin de dar tiempo para la adaptación de los desarrollos necesarios, habrá un periodo transitorio durante el que se mantendrá el envío de las notificaciones a la DEH. Al finalizar ese periodo transitorio (previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la DEH.