Actualidad normativa

  • Resúmenes de reuniones de CMAC y GPF de marzo de 2021
    el día 31/03/2021 a las 11:56 am

    El grupo asesor de usuarios del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el Comité Asesor de Mercados de Capitales (CMAC), se reunió el 11 de marzo de 2021. Los temas de discusión fueron los siguientes: • Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9 — Clasificación y medición • Revisión posterior a la implementación de las NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 • Actividades con tarifa regulada • Combinaciones de negocios bajo control común El resumen, las grabaciones de las discusiones de la reunión, la agenda y otros documentos relacionados están disponibles en la página de la reunión. El grupo asesor de usuarios de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el Foro de Preparadores Globales (GPF), se reunió el 12 de marzo de 2021. Los temas de discusión fueron los siguientes: • Informes de sostenibilidad • Revisión posterior a la implementación de la NIIF 9 — Clasificación y medición • Revisión posterior a la implementación de las NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 • Actividades con tarifa regulada • Actualización del Comité de Interpretaciones de las NIIF El resumen, las grabaciones de las discusiones de la reunión, la agenda y otros documentos relacionados están disponibles en la página de la reunión. &nbs

  • Hacienda permitirá a los afectados por un ERTE fraccionar el pago del IRPF
    el día 31/03/2021 a las 10:28 am

    De cara a la campaña de la renta 2020 que se inicia el próximo día 7 de abril, Hacienda ha informado que permitirá aplazar el pago del IRPF en 6 plazos, a los trabajadores en ERTE durante el año pasado y cuya declaración de la renta sea con resultado positivo, esto es, a pagar. En los próximos días será publicada en el BOE una orden ministerial que recoja esta medida "excepcional", por la que se establezca la posibilidad de fraccionar el pago en 6 plazos, de julio a diciembre de 2021, sin intereses. Hasta la fecha, lo habitual es el fraccionamiento en dos pagos, uno en junio del 60% al presentar la declaración y otro en noviembre del 40%. La Agencia Tributaria está remitiendo cartas informativas a los nuevos declarantes en las que les informa de que podrán optar por fraccionar el pago en seis partes iguales sin intereses si la declaración le sale a pagar: el primero será el 20 de julio y el último el 20 de diciembre. La posibilidad está abierta a todos los contribuyentes que tuvieron un ERTE en 2020, también a los que no son nuevos declarantes.

  • Ley 2/2021: Medidas para garantizar la protección de los trabajadores frente al COVID-19
    el día 30/03/2021 a las 11:52 am

    Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La Ley 2/2021, de 29 de marzo, adopta un conjunto de medidas de prevención, contención y coordinación, con el objeto de seguir haciendo frente y controlando la crisis sanitaria por COVID-19 una vez expire la vigencia del estado de alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción. La norma entró en vigor, con carácter general el 31 de marzo de 2021. Las medidas serán de aplicación en todo el territorio nacional una vez finalizada la prórroga del estado de alarma (recuérdese que expira a las 00:00 horas del próximo 9 de mayo) y hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria, si bien ha de tenerse en cuenta que las contempladas en su articulado (arts. 6 a 31, excepción hecha de las previsiones contenidas en el art. 15.2 para la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto) y en su disposición adicional 5ª (dispensación de medicamentos en modalidad no presencial) únicamente serán de aplicación en las provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan de desescalada, y en las que hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma. Adicionalmente, también se introducen una serie de modificaciones puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias ante este tipo de crisis. A continuación, trataremos de ver las medidas para garantizar la protección de los trabajadores frente al COVID-19 que contiene esta Ley 2/2021. 1. Fomento de los medios no presenciales de trabajo Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. 2. Medidas de higiene y prevención para el personal trabajador de distintos sectores Anteponiendo el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros las entidades previstas en esta orden deberán adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 3. Fichaje con huella dactilar La Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, obligó a sustituir el fichaje con huella dactilar por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida. Teniendo en cuenta que el estado de alarma finalizó a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, debe entenderse que la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo ha perdido su vigencia., por lo que la ausencia de referencias a este aspecto en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, deja en manos de otra normativa o empresariales la utilización de este modo de fichaje. 4. Organización de los turnos y medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su caso, del director de los centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los centros deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 5. Posibles casos de contagio en el centro de trabajo Como es evidente, las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario 6. Adaptación de las medidas de limpieza y desinfección El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso. 7. Actividades específicas La norma fija una el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas en determinadas actividades: • Establecimientos comerciales Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades de los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos. • Hoteles y alojamientos turísticos Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen. En particular, se asegurará que en las zonas comunes de dichos establecimientos se adoptan las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. • Actividades de hostelería y restauración Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. • Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen. En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. • Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas 1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 2. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Las decisiones adoptadas por dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias, así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las actividades y competiciones deportivas. • Otros sectores de actividad. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 8. Régimen sancionador El capítulo VII, que se integra por el artículo 31, regula el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en esta Ley. "1. El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en esta Ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan, corresponderá a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias. 2. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y sancionado con multa de hasta cien euros. 3. El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes. 4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras. Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas. 5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación. 6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias". BOE:

  • Convenio entre España y China para eliminar la doble imposición
    el día 30/03/2021 a las 10:27 am

    Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018. Con fecha 30 de marzo de 2021, se ha publicado en el BOE el Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018. Para permitir la adecuación del marco tributario bilateral al presente entorno económico, este Convenio actualiza el convenio hasta ahora vigente, hecho en Pekín el 22 de noviembre de 1990, el cual dejará de surtir efecto a partir de la fecha en la que sean de aplicación las disposiciones del presente Convenio, según lo establecido en su artículo 30 (entrada en vigor). Las disposiciones del artículo 23 (Patrimonio) del Convenio de 1990 dejarán de surtir efecto el 31 de diciembre siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. Por lo que respecta a su contenido, el texto consta de 31 artículos y un Protocolo: Los artículos 1 y 2, regulan el ámbito de aplicación subjetivo (el cual se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes) y material (respecto a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de ellos cualquiera que sea el sistema de su exacción). Se precisa que a los efectos de este Convenio la renta percibida por o a través de una entidad o instrumento considerados total o parcialmente transparentes a efectos fiscales de acuerdo con la normativa tributaria de cualquiera de los Estados contratantes, se considerará percibida por un residente de un Estado contratante, pero únicamente en la medida en que ese Estado la trate, a efectos impositivos, como renta de un residente y que no afecta el convenio a la imposición, por un Estado contratante, de sus propios residentes, excepto en relación con los beneficios que se deriven de los artículos 9.2,18.2, 19, 20, 21, 23, 26, 27 y 29. En particular en España, los impuestos a los que se aplica son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Los artículos 3 a 5, contienen las definiciones (China, España, un estado contratante, persona, sociedad, empresa de un Estado contratante, tráfico internacional, etc.) y las de residente y establecimiento permanente. Los artículos 6 a 22, determinan las reglas relativas a la imposición sobre las rentas inmobiliarias -art. 6-; beneficios empresariales -art. 7-; transporte internacional -art. 8-; empresas asociadas -art. 9-; dividendos -art. 10-; intereses -art. 11-; cánones -art. 12-; ganancias de capital -art. 13-; servicios personales independientes -art. 14-; rentas del trabajo -art. 15-; remuneración de Consejeros -art. 16-; rentas de artistas y deportistas -art. 17-; pensiones -art. 18-; retribuciones por función pública -art. 19-; profesores e investigadores -art. 20-; estudiantes -art. 21-, y otras rentas -art. 22-. Imposición sobre los ingresos por inversiones CDI HISPANO-CHINO 1990 CDI HISPANO-CHINO 2021 Dividendos Tipo máximo: 10 % Beneficiario sociedad con al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos durante un periodo de 365 días: 5 % Resto de casos: 10 % Intereses 10 % Tipo máximo: 10% Cánones Tipo máximo: 10% Tipo máximo: 10% Tributación de otras fuentes de renta Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles pueden someterse a imposición en ese otro Estado, así como las procedentes de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante o de la enajenación de bienes muebles afectos a una base fija a disposición de un residente de un Estado contratante en ese otro Estado contratante a los efectos de prestar servicios personales independientes. No obstante, las ganancias que obtenga una empresa de un Estado contratante que explote buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera en tráfico internacional derivados de la enajenación de dichos buques, aeronaves o ferrocarriles o vehículos de carretera, o de bienes muebles afectos a su explotación, serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante. Las ganancias obtenidas de la enajenación de acciones o participaciones cuyo valor proceda en más de un 50 por 100 de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado, salvo los utilizados en el ejercicio de la actividad económica de la sociedad. Por otro lado, las ganancias que se negocien en un mercado de valores reconocido, siempre que el total de las acciones enajenadas por el residente durante el año fiscal en el que se produzca la enajenación no supere el 3 por 100 del valor de dichas acciones cotizadas, de una sociedad residente en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante si, en cualquier momento durante los 365 días que preceden a la enajenación, el transmitente mantenía, directa o indirectamente, al menos el 25 por 100 del capital de dicha sociedad. El artículo 23, preceptúa los métodos para eliminar la doble imposición. Métodos para la eliminación de la doble imposición CHINA ESPAÑA Cuando un residente de China obtenga rentas en España, puede deducirse del impuesto chino debido por este residente, sin exceder del importe del impuesto chino sobre estas rentas calculado de acuerdo con la normativa que rige la imposición en China. Cuando un residente de España obtenga rentas que pueden someterse a imposición en China, España permitirá: — La deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en China. — La deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España. Cuando las rentas obtenidas en España sean dividendos pagados por una sociedad residente de España a una sociedad residente de China y que posee al menos el 20% de las acciones de la sociedad pagadora de los dividendos, la deducción tendrá en cuenta el impuesto sobre la renta pagado en España por la sociedad pagadora de los dividendos. La deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en China. Cuando las rentas obtenidas por un residente de España estén exentas de impuestos en España, se podrá tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente. El artículo 24, relativo al derecho a los beneficios del Convenio. El artículo 25 contiene una disposición aclaratoria con respecto a la aplicación de normas y medidas nacionales para prevenir la elusión fiscal: Las disposiciones de este Convenio se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados contratantes a aplicar sus propias normas y medidas en materia de prevención de la elusión fiscal, explícitamente definidas como tal o no, en la medida en que no generen una imposición contraria al Convenio. El artículo 26, recoge la aplicación de los criterios de no discriminación. El artículo 27, contempla el procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de aplicación del Convenio. El artículo 28, incluye una cláusula de intercambio de información entre las respectivas autoridades competentes. Los artículos 29 a 31 recogen, respectivamente, las disposiciones relativas a la no incidencia de las disposiciones del Convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, al derecho a los beneficios del Convenio, a la entrada en vigor, y a su denuncia. Por último, se contiene un Protocolo anejo, que consta de dos apartados, destacando el que establece normas relativas a la aplicación de la limitación de los tipos impositivos en relación con los dividendos, intereses y cánones, matizándose en el segundo de los apartados el significado de la expresión cuyo capital sea íntegramente propiedad, directa o indirectamente, del otro Estado contratante. BOE:

  • Establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones
    el día 30/03/2021 a las 10:26 am

    Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. El 31 de marzo de 2021 entró en vigor la nueva ley orgánica modificativa de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Orgánica (LOPJ) que ha introducido dos nuevos artículos con limitaciones a las actividades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando éste se encuentre en funciones. El objeto de esta nueva norma es establecer el régimen jurídico aplicable al CGPJ cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación. Para ponernos en antecedentes, con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, la LOPJ en relación al CGPJ en funciones venía a decir únicamente que, el mismo está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte Vocales, de los cuales doce han de ser Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia que son nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. Los veinte Vocales que han de ser designados por las Cortes Generales, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres, para el caso de que no fueran designados por ninguna de las dos Cámaras en el plazo legalmente previsto, hace que el Consejo saliente continué en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, sin que, hasta entonces, pueda tener lugar la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial. A diferencia de lo que sucede con otros órganos constitucionales como el Gobierno o las Cortes Generales, los cuales cuentan con una exhaustiva regulación sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones o disueltas, respectivamente, en el caso del Consejo General del Poder Judicial existía una laguna jurídica sin previsión alguna sobre la materia más allá de lo que se ha referenciado. Por eso, ha resultado necesario limitar las facultades del Consejo saliente cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. De entre las facultades que han quedado excluidas al Consejo en funciones se destacan: proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, así como el nombramiento de los Directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales. Novedades Se introducen en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial Orgánica los artículos 570 bis y 598 bis que introducen las facultades necesarias para garantizar el normal funcionamiento del Consejo en funciones sin que impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante garantizando con ello, que no se produzca una parálisis en su funcionamiento. Así, cuando transcurrido el plazo previsto de cinco años para la renovación del CGPJ, el que continúe en funciones tendrá limitada su actividad en una serie de atribuciones que a continuación se enuncian, sin perjuicio de aquellas otras que aún no previstas expresamente sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano: 1.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. 2.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados. 3.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados. 4.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales. 5.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. 6.ª Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial. 7.ª Ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias: Publicidad de las actuaciones judiciales. Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal. 8.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. 9.ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. 10.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia. 11.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica. 12.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales. 13.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. 14.ª Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales. 15.ª Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan. Además, cuando el CGPJ se encuentre en funciones, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial. Con ello, se establece una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano como pieza clave en el diseño institucional propio de nuestro Estado de Derecho. BOE: