Actualidad normativa

  • Características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera
    el día 22/02/2020 a las 11:02 am

    Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera. En virtud de la modificación producida en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres mediante Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, se incorporó un apartado 2 en el artículo 222 relativo a los documentos de control de los vehículos destinados a la realización de transporte por carretera en soporte electrónico. Ello ha dado lugar a que la Dirección General de Transporte Terrestre haya tenido que determinar cuáles son las características que deben reunir los documentos de control administrativo en los transportes por carretera cuando se trate de soporte electrónico. Con carácter general, y en relación a los documentos de control de los vehículos destinados a la realización de transporte por carretera, deberán tener instalado y llevar en funcionamiento durante su prestación el tacógrafo, el limitador de velocidad, así como otros mecanismos o instrumentos de control reglamentariamente exigidos o que resulten obligatorios de conformidad con las disposiciones contenidas en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa directamente aplicable en la Unión Europea. Durante la realización de los servicios y actividades, deberán llevarse a bordo del vehículo, debidamente cumplimentados, los documentos de control administrativo que, en su caso, se establezcan. En los transportes internacionales se emplearán los documentos de control establecidos en los convenios suscritos por España. Ahora bien, la documentación de control únicamente podrá ser cumplimentada por medios electrónicos cuando los soportes y aplicaciones utilizadas para ello permitan transformar su contenido en signos de escritura legibles y reúnan las características que se encuentren señaladas por la Dirección General de Transporte Terrestre a efectos de garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad de su contenido. El personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, así como los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera deberán poder, en el ejercicio de sus funciones, obtener copia del contenido de esa documentación. Cuando la referida copia se expida utilizando medios electrónicos, tanto estos como aquella deberán, asimismo, ajustarse a las características señaladas al efecto por la Dirección General de Transporte Terrestre. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los soportes y aplicaciones informáticas de la documentación de control para que se cumplimente por medios electrónicos? La documentación de control únicamente podrá ser cumplimentada por medios electrónicos cuando los soportes y aplicaciones informáticas utilizadas para ello reúnan las siguientes las características: 1. Los datos consignados deben ser accesibles a toda persona habilitada para ello. 2. Se debe garantizar el almacenamiento de los datos y el envío de documentos. 3. En los casos en los que la normativa aplicable a cada documento de control establezca la necesidad de que conste la firma de una o de todas las partes intervinientes, dichas firmas deberán: a) Estar vinculadas únicamente al firmante. b) Permitir identificar al firmante. c) Haber sido creadas utilizando medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control. d) Vincularse a los datos a los que se remite de manera que cualquier modificación posterior de los datos pueda ser detectada. Requisitos para obtener las copias de la documentación de control en soporte electrónico por los Servicios de Inspección y por los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera en el caso que se detecte una posible infracción. Si en el marco de la actuación inspectora del personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera se detectara una infracción en relación con el documento de control electrónico, se identificará dicho documento de control mediante un código en formato numérico que se trasladará al conductor. La empresa de transportes o su representante, deberá enviar el documento de control a través de la aplicación web https://sede.fomento.gob.es/DOCUMENTOCONTROL, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los documentos de control que se remitan electrónicamente, deberán reunir las siguientes características:             a) Formato de fichero PDF/A.             b) Tamaño: No superior a 4 MB por fichero. El documento de control enviado deberá identificarse mediante el código asignado. Remitido el documento de control y recibido en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el remitente podrá obtener un comprobante de la comunicación en formato PDF, con lo que se constatará que la operación ha sido realizada. El personal de los Servicios de Inspección del Transporte o los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera recibirán el documento, procederán a chequearlo y lo adjuntarán al boletín de denuncia formando parte del expediente sancionador. BOE:

  • Actualización CINIIF Enero 2020
    el día 21/02/2020 a las 11:05 am

    La Actualización CINIIF es un resumen de las decisiones tomadas por el Comité de Interpretaciones (Comité) de las NIIF en sus reuniones públicas. El Comité se reunió el pasado 21 de enero de 2020 y discutió sobre lo siguiente: Definición de un arrendamiento — Derechos de toma de decisiones (NIIF 16 Arrendamientos) El Comité recibió una solicitud sobre si el cliente tiene derecho a dirigir el uso de un barco durante el plazo de cinco años de un contrato. En el patrón de hechos descrito en la solicitud: a) hay un activo identificado (el barco) que aplica los párrafos B13 a B20 de la NIIF 16. b) el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del barco durante el período de uso de cinco años aplicando los párrafos B21 a B23 de la NIIF 16. c) muchas, pero no todas, las decisiones sobre cómo y con qué propósito se utiliza el barco están predeterminadas en el contrato. El cliente tiene derecho a tomar las decisiones restantes sobre cómo y con qué propósito se utiliza el barco durante el período de uso. En el patrón de hechos descrito en la solicitud, el cliente ha determinado que este derecho de toma de decisiones es relevante porque afecta los beneficios económicos que se derivan del uso del barco. d) El proveedor opera y mantiene el barco durante todo el período de uso. El derecho a dirigir el uso de un activo identificado El párrafo B24 de la NIIF 16 especifica cuándo un cliente tiene derecho a dirigir el uso de un activo identificado durante todo el período de uso. El párrafo B24 (b) se aplica solo cuando las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa el activo están predeterminadas. El Consejo destacó en el párrafo FC121 de la NIIF 16 que "esperaría que las decisiones sobre cómo y para qué propósito se usa un activo se predeterminen en relativamente pocos casos". El Comité observó que, en el patrón de hechos descrito en la solicitud, debido a que no todas las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se utiliza el barco están predeterminadas, el cliente considera el párrafo B24 (a) de la NIIF 16 al evaluar si tiene el derecho para dirigir el uso de la nave. El derecho a dirigir cómo y para qué propósito se utiliza un activo El párrafo B24 (a) especifica que un cliente tiene el derecho de dirigir el uso de un activo identificado durante todo el período de uso si tiene 'el derecho de dirigir cómo y para qué propósito se usa el activo durante el período de uso (como se describe en los párrafos B25 a B30). Para tener el derecho de dirigir cómo y para qué propósito se usa el activo, dentro del alcance de su derecho de uso definido en el contrato, el cliente debe poder cambiar cómo y para qué propósito se usa el activo durante todo el período de uso (párrafo B25) Al evaluar si ese es el caso, una entidad considera los derechos para tomar decisiones durante el período de uso que sean más relevantes para cambiar cómo y para qué propósito se usa el activo durante ese período. Los derechos de toma de decisiones son relevantes cuando afectan los beneficios económicos que se derivan del uso (párrafo B25). Una entidad no considera decisiones predeterminadas antes del período de uso a menos que existan las condiciones del párrafo B24 (b) (ii) (párrafo B29). El párrafo B26 incluye ejemplos de derechos de toma de decisiones que, según las circunstancias, otorgan el derecho de cambiar cómo y para qué se utiliza el activo. Los derechos limitados a operar o mantener el activo no otorgan el derecho de cambiar cómo y para qué se utiliza (párrafo B27). El Comité observó que, en el patrón de hechos descrito en la solicitud, el cliente tiene derecho a indicar cómo y con qué propósito se utiliza el barco durante todo el período de uso. El cliente tiene derecho a tomar decisiones sobre el uso del barco durante el período de uso que afecten los beneficios económicos que se derivarán de ese uso. Por lo tanto, dentro del alcance de su derecho de uso definido en el contrato, el cliente puede cambiar cómo y para qué se utiliza el barco. La predeterminación en el contrato de muchas decisiones sobre cómo y para qué propósito se utiliza el barco define el alcance del derecho de uso del cliente; dentro de ese alcance, el cliente tiene el derecho de tomar las decisiones que sean más relevantes para cambiar cómo y por qué para qué se utiliza el barco. El Comité también observó que, aunque la operación y el mantenimiento del buque son esenciales para su uso eficiente, las decisiones del proveedor a este respecto no le otorgan el derecho de dirigir cómo y para qué se utiliza el buque. El Comité concluyó que, en el patrón de hechos descrito en la solicitud, el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del barco durante todo el período de uso. En consecuencia, el contrato contiene un contrato de arrendamiento. El Comité concluyó que los principios y requisitos de la NIIF 16 proporcionan una base adecuada para que una entidad determine si el contrato descrito en la solicitud contiene un arrendamiento. Por lo tanto, el Comité decidió no agregar el asunto a su agenda de establecimiento de normas.

  • Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
    el día 19/02/2020 a las 11:04 am

    Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Mediante este Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, y con efectos desde el 20-02-2020. Hay que recordar que, tras la reforma laboral de 2012, el apdo. d), del art. 52 ET, permitía la extinción del contrato por causas objetivas, ante faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. Dicho artículo 52.d) ET añadía que: • No se computarán como faltas de asistencia, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. • Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. En la práctica, esta modalidad de despido por causas objetivas permite echar a un trabajador –con una indemnización de 20 días por año trabajado– por faltar a su puesto ocho días con baja médica en dos meses consecutivos, con algunas excepciones. Esta posibilidad (a pesar de haber sido avalada recientemente por el Tribunal Constitucional) ha sido ahora derogada por el Real Decreto-ley 4/2020, publicado en el BOE del día 19-02-2020 y con entrada en vigor desde el día 20-02-2020. La supresión de este precepto, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres. En su amplia exposición de motivos el Real Decreto-ley 4/2020, hace referencia tanto a la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 de octubre, donde se había dictaminado que el artículo 52.d) del ET no era contrario a la Constitución Española, porque no vulneraba ni el derecho a la integridad física (art. 15 CE), ni el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), ni el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), como a la Sentencia del TJUE, de 18 de enero de 2018, donde se dictaminaba que el art. 52.d) ET no se acomoda a la Directiva 2000/1978/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por atentar al derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad, admitiendo solo con carácter excepcional, limitado y condicionado su aplicación cuando existiera análisis de adecuación y proporcionalidad. Paralelamente a la derogada regulación del despido objetivo por absentismo, el art. 54 del ET, regula el despido disciplinario “basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador", donde se englobaría el despido disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. Es decir, se ha pasado de contar con dos posibilidades a la hora de realizar un despido, o extinción de contrato, basado en el absentismo de la persona trabajadora, a únicamente canales específicos para las ausencias injustificadas al trabajo, como son el despido disciplinario o el sometimiento al procedimiento sancionador establecido por vía convencional. BOE:

  • Actualizada la “lista negra” de paraísos fiscales de la Unión Europea
    el día 18/02/2020 a las 11:00 am

    El Consejo de la Unión Europea (UE) ha acordado actualizar el listado de países y territorios no cooperadores en materia fiscal, en su reunión de 18 de febrero de 2020. En concreto, ha decidido incluir en la lista de jurisdicciones no cooperadores de la UE (lista negra) a las Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles, porque dichos países o territorios no han cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido ante la UE. En el anexo II de las Conclusiones, en el que se enumeran los países y territorios con compromisos aún pendientes, constan las prórrogas concedidas a doce de ellos con objeto de que pudieran aprobar las reformas necesarias para darles cumplimiento. La mayor parte de las prórrogas conciernen a países en desarrollo sin un centro financiero que ya han realizado progresos significativos en el cumplimiento de sus compromisos. Dieciséis países y territorios (Antigua y Barbuda, Armenia, las Bahamas, Barbados, Belice, las Bermudas, Cabo Verde, Curazao, las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam) han conseguido aplicar todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buen gobierno fiscal de la UE antes del plazo acordado y, por tanto, han sido retirados del anexo II. La lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia de fiscalidad definida por el Consejo, tiene como finalidad contribuir a la labor que se está realizando para fomentar el buen gobierno fiscal en todo el mundo. La lista se creó en diciembre de 2017 y se basa en un proceso continuo y dinámico consistente en: • el establecimiento de criterios acordes con las normas fiscales internacionales; • el análisis de los países con arreglo a esos criterios; • el diálogo con los países que no los cumplen; • la introducción en la lista de países y territorios y su retirada de la misma en caso de que se comprometan a cumplir los criterios o tomen medidas para ello; • el seguimiento de los acontecimientos para que los países y territorios no retrocedan respecto a anteriores reformas. La lista incluye países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre buen gobierno fiscal, o bien no han cumplido a tiempo su compromiso de introducir reformas tendentes a respetar los criterios de la UE. Los países y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero que se han comprometido a aplicar reformas se consideran cooperadores y se recogen en un documento de situación (anexo II). El Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) del Consejo supervisa que las reformas necesarias se adopten en los plazos acordados. Una vez que un país o territorio cumple todos sus compromisos, se suprime del anexo II. El plazo previsto para el cumplimiento de la mayoría de los compromisos adquiridos por estos países o territorios vencía a finales de 2019; al mismo tiempo, el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) ha venido supervisando atentamente, desde un punto de vista técnico, su incorporación a la legislación nacional hasta comienzos de este año. El Consejo ha adoptado la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales resultante de este proceso y ha refrendado una revisión del estado de la situación con respecto a los compromisos aún pendientes. El Consejo seguirá revisando y actualizando periódicamente la lista en los próximos años, teniendo en cuenta la evolución de los plazos en los que los países o territorios deban cumplir sus compromisos y la evolución de los criterios de inclusión que la UE utilice para la elaboración de la lista. Al mismo tiempo, por lo que respecta a las medidas «defensivas» relativas a los países y territorios de la lista, en diciembre de 2019 el Consejo elaboró unas directrices sobre la coordinación de las medidas defensivas nacionales en el ámbito fiscal respecto de los países y territorios no cooperadores. En dichas directrices se invita a todos los Estados miembros a aplicar, a partir del 1 de enero de 2021, una medida legislativa defensiva en materia fiscal con respecto a los países y territorios que figuran en la lista, con el objetivo de fomentar el cumplimiento por parte de estos países y territorios de los criterios del Código de Conducta sobre la equidad fiscal y la transparencia. Si bien España dispone de su propia lista negra de paraísos fiscales, se trata de una lista abierta, de entrada y salida, por lo que cabría esperar su adaptación a este nuevo listado de la UE de países y territorios no cooperadores. De hecho, la disposición adicional 50ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece el compromiso del Gobierno español de “actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación de paraíso fiscal… una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos”.

  • Remitido a las Cortes Generales los Proyectos de Ley de los Impuestos sobre Servicios Digitales y sobre las Transacciones Financieras
    el día 18/02/2020 a las 10:59 am

    Una de las medidas fiscales recogidas en el acuerdo programático del nuevo Gobierno, que el pasado 30 de diciembre se firmó entre el PSOE y Unidas Podemos (documento de intenciones denominado “Coalición Progresista”) era la implantación de nuevos tributos (las denominas “Tasas Tobin y Google”), que ya se presentaron en la anterior legislatura, pero su tramitación no pudo completarse por la convocatoria de elecciones. Pues bien, ahora el Consejo de Ministros del pasado 18-02-2020 ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley que crean el Impuesto sobre las Transacciones Financieras “tasa Tobin”) y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa “Google”). Ambas figuras tributarias van en la línea trazada por la Comisión Europea, y que también defienden otros organismos internacionales, para adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a la realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual. Estos dos nuevos tributos ya se presentaron en la anterior legislatura, pero su tramitación no pudo completarse por la convocatoria de elecciones. Impuesto sobre Transacciones Financieras (‘Tasa Tobin’) Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el Impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes. Además, el Impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. La liquidación del Impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales. Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘Tasa Google’) El objetivo del Impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. El Impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo. El tipo de gravamen del Impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. La recaudación estimada es de 968 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. Sin embargo, de manera excepcional, este primer año el pago se efectuará a finales de 2020. Será preciso esperar a la publicación de los textos de los proyectos de ley para conocer su contenido (y sus posibles diferencias con los proyectos de ley presentados en la anterior legislatura) y a la tramitación parlamentaria de ambos proyectos para conocer su evolución.