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  • Consecuencias del Covid-19 en la actividad de auditoria
    el día 15/05/2020 a las 9:39 am

    China comunicó, el pasado mes de diciembre de 2019, el brote de coronavirus (covid-19). Desde entonces se han venido multiplicando el número de casos en un elevado número de países de todo el mundo incluido, y no poco, España, cuyo primer caso fue detectado a finales de enero del 2020. Como ya sabemos la Organización Mundial de la Salud calificó este virus, en su momento, de pandemia internacional. Una de las medidas adoptadas por la inmensa mayoría de gobiernos de todo el mundo ha sido el aislamiento de ciudades y países, así como la restricción en el libre movimiento de personas. Todo ello está teniendo un impacto muy significativo en muchísimas empresas que han visto enormemente reducida, e incluso anulada, su actividad, en ocasiones impuesto por las medidas preventivas de los gobiernos, con la aparición, de manera importante y generalizada, de la obligación de utilizar el teletrabajo. Estas medidas de prevención, prohibición y obligaciones adoptadas por los gobiernos y también por las empresas en general, afectan a cualquier tipo actividad y, naturalmente, la auditoría de cuentas no se escapa. En este artículo voy a tratar de comentar las principales afectaciones de todo ello en la auditoría de cuentas. Introducción En el caso de España la situación supuso que el Gobierno aprobara el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con el objeto de adoptar medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Dicho RD contenía la declaración del estado de alarma que afecta a todo el territorio y tenía, en principio, una duración de quince días naturales, si bien se preveía que este plazo se pudiera prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, como de hecho ya ha sucedido en una ocasión y parece que volverá a suceder en breve. Por lo que se refiere al contenido del RD, además de lo incluido expresamente en el articulado, se incorporan también, en sus disposiciones adicionales, aspectos relevantes sobre la suspensión de plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad que no pueden ser obviados por empresas y auditores. Por otra parte, tres días después, se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este nuevo RD supuso el planteamiento de una consulta al ICAC referente al efecto de lo dispuesto en el artículo 40, apartados 3 a 5, del referido Real Decreto, en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales por parte de las distintas empresas y entidades, y su posterior modificación por el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. También trataré de comentar la respuesta dada por el ICAC a las dudas planteadas. Principales cuestiones que afectan a la auditoría Una primera cuestión es que, para la inmensa mayoría de las empresas, principalmente las PyMES, su ejercicio económico coincide con el año natural y, por tanto, se trata de entidades para las que el 14 de marzo de 2020 aún no había finalizado el plazo de formulación de sus cuentas anuales y, en general, no habían sido formuladas por su órgano de administración. Para estos casos, de acuerdo con el art. 40.3 del referido RDL 20/2020, la obligación de formular las cuentas anuales en sus distintas modalidades y, en su caso, el informe de gestión quedó suspendida hasta que finalice el estado de alarma, restableciéndose de nuevo por otros tres meses a contar desde dicha fecha. Paralelamente, la junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 2019 deberá reunirse, necesariamente, dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el nuevo plazo excepcional para formular las cuentas anuales. En otras palabras, para el cómputo de las fechas límite de formulación y aprobación de cuentas se sustituye la fecha habitual y general de cierre del ejercicio, esto es 31 de diciembre de 2019, por la fecha en que finalice el estado de alarma. Naturalmente dicha situación también afecta directamente a la auditoría de cuentas de aquellas empresas que se hallan obligadas a ello y, por supuesto, a los auditores de cuentas en su organización. Ante esta muy atípica situación no es de extrañar que las Corporaciones de derecho público representativas de los auditores hayan elaborado toda una serie de circulares, documentos y actuaciones dirigidos a facilitar la labor de sus afiliados. Entre dichas actuaciones se incluyen las consultas planteadas al ICAC. En su respuesta, recuerda el ICAC, que la redacción del artículo 40 del referido RDL 8/2020, ha sido modificada por la disposición final 1ª, apartado trece, del RDL 11/2020, de 31 de marzo. Así, según el ICAC, estas excepcionales circunstancias tendrán repercusión, no sólo en el plazo de aprobación de las cuentas anuales, sino que también puede influir en la fecha de emisión del informe de auditoría. Cabe deducir del literal de lo dispuesto en el artículo 40.3 y según el ICAC, que esta regulación no afectaría a entidades en las que hubiese finalizado el plazo de formulación de las cuentas anuales antes del 14 de marzo de 2020. No obstante, cabe advertir que la norma en cuestión establece la posibilidad de extensión de dicho plazo, pero no prohíbe que durante el período del estado de alarma puedan formularse y verificarse dichas cuentas anuales. En este sentido, el artículo 40.4 del RDL regula un régimen especial de tiempo para la realización de la auditoría para aquellos casos en que antes de la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, o durante la vigencia de dicho estado se hubieren formulado las cuentas anuales. En estos casos el plazo para la verificación contable de las cuentas anuales, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. Por otra parte, y siguiendo con el razonamiento efectuado por el ICAC en su respuesta, es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), en la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y en el Reglamento de Auditoría de Cuentas (RAC), podemos inferir que la normativa no incluye un plazo concreto de realización del trabajo de auditoría y de emisión del informe de auditoría. Por tanto, al venir delimitado dicho plazo por la fecha de formulación de las cuentas anuales y el periodo de aprobación, éste normalmente se encontrará determinado contractualmente, si bien a este respecto deberán tenerse en cuenta los requerimientos legales o estatutarios a los que la entidad se encuentre sujeta, de forma que el informe de auditoría pueda emitirse en fechas que permitan a las entidades auditadas cumplir con dichos requerimientos. En otras palabras, a pesar de que la normativa no establezca un plazo concreto o máximo para la realización de un trabajo de auditoría y la emisión del correspondiente informe, debe entenderse que existe una exigencia de que el informe de auditoría deba presentarse y entregarse bajo unas determinadas condiciones temporales de acuerdo con la fecha fijada contractualmente y que debe permitir que se cumpla con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la entidad auditada a este respecto. En este sentido, la prórroga de dos meses del plazo para la realización de la auditoría de cuentas obligatoria para los casos a que se refiere el artículo 40.4 del RDL (cuentas anuales formuladas antes o durante el periodo de estado de alarma) habrá de entenderse que resultará aplicable en dichos casos. Es decir, puede darse la circunstancia de que las fechas fijadas contractualmente no puedan cumplirse como consecuencia del estado de alarma. También debe tenerse en cuenta que los requerimientos legales en cuanto al cumplimiento de las obligaciones societarias de aprobación de cuentas por la junta general y su depósito en el Registro Mercantil han sido alterados por el mismo Real Decreto, lo cual pudiera indirectamente afectar a la fecha de entrega del informe de auditoría Por último, el ICAC recuerda acertadamente que el artículo 7 del RAC ya prevé, en su apartado 1, las actuaciones a seguir por el auditor cuando se den circunstancias que impidan emitir el informe de auditoría en la fecha fijada por causas no imputables al auditor, como sucede en las circunstancias actuales con motivo de la crisis sanitaria. Algunas consideraciones de las actuaciones de los auditores Resulta obvio que, en las actuales circunstancias, los auditores de cuentas deberán de practicar una amplia revisión sobre las evaluaciones y estimaciones realizadas por parte de las entidades auditadas sobre el impacto que el Covid-19 esté teniendo y tendrá en su actividad. Entre otras cuestiones resulta de especial relevancia el tema de la continuidad del negocio (principio de empresa en funcionamiento), pero también planes de liquidez, mantenimiento de suministro, afectación a la plantilla de personal y, en general, todo el contenido de la información financiera y su adecuado reflejo en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. También existirán importantes dificultades añadidas para los auditores en el caso de auditorías de grupos, principalmente cuando se trate de grupos de carácter internacional, entre otras cuestiones, por las diferentes medidas y políticas que hayan implantado o implanten los diferentes gobiernos y que pueden afectar al nivel de comunicación necesaria auditor-empresa. Por otra parte, se deberá replantear por parte de los auditores la planificación global inicialmente realizada y diseñar procedimientos complementarios a los anteriormente planificados y que recojan los resultados de las conversaciones mantenidas con los responsables de gobierno de las entidades relacionadas con el impacto de la pandemia. En cualquier caso, resultará imprescindible documentar y conservar en los papeles de trabajo de auditoría las discusiones que se mantengan con los responsables de gobierno de las entidades auditadas que estén relacionadas con el impacto del Covid-19 así como los resultados de las verificaciones realizadas. Especial importancia de los hechos posteriores Debido a que los efectos de la pandemia se han producido con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, será necesario en este caso efectuar un exhaustivo análisis de los hechos posteriores y la evaluación, en función de las circunstancias concretas de cada una de las entidades auditadas, de la posibilidad de inclusión de una nota específica en la memoria y, en su caso, en el informe de gestión, en la que se incluya toda la información detallada que esté relacionada con los hechos posteriores y sus potenciales efectos sobre la actividad de la entidad e incluso sobre las posibles incertidumbres que puedan afectar al principio de empresa en funcionamiento relacionadas con los efectos del Covid-19. Si el principio de empresa en funcionamiento se ve afectado, la referida nota de la memoria deberá describir los factores que generan duda respecto a la aplicación de dicho principio y su potencial impacto sobre la situación de la empresa. En cuanto a los posibles factores mitigantes de la duda, se deberán incluir tanto los generados o establecidos por la propia entidad auditada como por las medidas o políticas públicas de apoyo que se dicten. En concreto, los auditores deberán obtener evidencias suficientes y adecuadas sobre si el impacto del Covid-19 ha sido adecuadamente reflejado en las cuentas anuales de la entidad, para lo cual, deberán considerar de forma especial los requerimientos de la normativa prevista en las NIA-ES siguientes: NIA-ES 560 sobre hechos posteriores; NIA-ES 570 revisada, sobre empresa en funcionamiento, y NIA-ES 540 sobre auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable.   Así como, en general, todas las NIA-ES de la serie 700 relacionadas con el informe de auditoría para recoger adecuadamente los resultados de todo lo anterior en la emisión de su informe, con referencia a los efectos del Covid-19. Otras cuestiones de interés Una cuestión no menos importante es la provocada por el decreto del estado de alarma que ha supuesto la imposibilidad, en general, del acceso a las dependencias de las entidades auditadas, así como de la recepción de documentación o evidencias de auditoría, incluyéndose en este caso, las confirmaciones de terceros que sólo podrán realizarse por medios electrónicos. Esta situación puede llevar a que cierta documentación necesaria para la finalización de la auditoría y la emisión del informe como, por ejemplo, las cartas de manifestaciones de la dirección, las cuentas anuales definitivas firmadas por los administradores, etc., no pueda ser obtenida más que a través de medios electrónicos o formato digital por lo que será necesario analizar la validez de los formatos digitales obtenidos. Es lógico que resulta mucho menos fiable una evidencia de auditoría obtenida mediante documentos digitalizados procedentes de documentos originales, recibidos por medios electrónicos sin las correspondientes garantías digitales. Esta situación puede provocar algunas limitaciones importantes para el trabajo de los auditores.

  • Las claves sobre la campaña de Renta y Patrimonio
    el día 14/05/2020 a las 10:00 pm

    La crisis del coronavirus ha alterado la economía y la vida social de los ciudadanos, pero la cita anual con Hacienda se mantiene intacta, ya que el Ministerio de Hacienda na decido no interrumpir los plazos para la presentación de declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2019, que ahora presentamos. La crisis del coronavirus ha alterado la economía y la vida social de los ciudadanos, pero la cita anual con Hacienda se mantiene intacta, ya que el Ministerio de Hacienda na decido no interrumpir los plazos para la presentación de declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2019, que ahora presentamos. Así, la campaña de la declaración de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2019 arrancó el 1 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, excepto en el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones que será desde el 1 de abril hasta el 25 de junio de 2020, ambos inclusive, excepto que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo: hasta el 30 de junio de 2020. Es una mala noticia que el Gobierno, a día de hoy, no haya aprobado un aplazamiento de estas declaraciones ante la AEAT, de tal manera que los contribuyentes deberán presentarla a pesar del estado de alarma en España y pese a que buena parte de los trámites administrativos y tributarios se han visto afectados. De hecho, actualmente, desde la web de la Agencia Tributaria se informa de que las oficinas de la AEAT estarán temporalmente cerradas para la atención presencial. El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha señalado en los medios de prensa que por el momento se sigue trabajando con el calendario vigente, que vence el 30 de junio aunque las oficinas sigan cerradas, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria, a pesar de que se pueda  plantea alargar el plazo de la campaña de la Renta y Patrimonio, como han hecho algunas diputaciones forales como Álava, Guipúzcoa o Navarra. Por lo que pueda pasar y si las oficinas siguen cerradas cuando comience la campaña presencial, Gascón ha decidido potenciar la atención telefónica con el servicio «Le Llamamos», con un servicio telefónico muy reforzado desde el 7 de mayo con cita desde el 5 y con muchos funcionarios. El empleado de la Agencia le puede confeccionar la declaración por teléfono. Calendario de la campaña Renta 2019 23-03-2020  Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia. Suscripción a la app "Agencia Tributaria" 01-04-2020 Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2019 05-05-2020  Solicitud de cita previa: Plan "LE LLAMAMOS" y para confección en oficinas 07-05-2020  Inicio de la atención telefónica: Plan "LE LLAMAMOS" 13-05-2020  Inicio de la atención presencial en oficinas 25-06-2020  Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar 29-06-2020  Último día para solicitar cita previa 30-06-2020  Último día para presentar sus declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio 2019 05-11-2020  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de Renta Borrador de declaración Como en la campaña anterior todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de las rentas que hayan obtenido durante el ejercicio (de trabajo, de capital mobiliario o inmobiliario, de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de renta), podrán obtener el borrador de la declaración a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (RentaWEB), tras aportar, en su caso, determinada información que les será solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar. Se mantiene el mecanismo de obtención del número de referencia para acceder al borrador y/o a los datos fiscales, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el Servicio de tramitación del borrador/declaración, debiendo consignar para ello el Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, la fecha de expedición o de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el importe de la casilla 505 de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2018, “Base liquidable general sometida a gravamen”. También como en las pasadas campañas se podrá acceder al borrador o a los datos fiscales, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en ttps://www.agenciatributaria.gob.es., utilizando certificados electrónicos reconocidos y el sistema Cl@ve PIN y mediante la aplicación para dispositivos móviles que se puso en marcha en la campaña anterior. Presentación de las declaraciones del IRPF/IP 2019 A través de Servicio de tramitación del borrador/declaración el contribuyente puede confeccionar su declaración del IRPF con el producto Renta Web y proceder a su presentación por medios electrónicos a través de internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, a través del teléfono, en las oficinas de la Agencia Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración; si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el ingreso o, en su defecto, obtener una carta de pago en el momento de su presentación que le permitirá ingresar el importe resultante. Como en la campaña anterior ya no es posible obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pago En las declaraciones con resultado a ingresar en las que no se opte por la domiciliación bancaria como medio de pago el contribuyente puede obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica o podrá realizar el ingreso a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria utilizando un certificado electrónico reconocido o el sistema Cl@ve PIN. En este caso, el contribuyente también podrá efectuar el pago a través de un documento para el ingreso en entidad colaboradora, que deberá imprimir y que le permitirá acudir de forma presencial a la entidad financiera para realizar el ingreso de la misma. En el caso de los contribuyentes que confirmen y presenten el borrador de declaración a través de la aplicación para dispositivos móviles, el pago del importe de la deuda tributaria resultante deberá realizarse necesariamente en dos plazos, mediante domiciliación bancaria de ambos. Fraccionamiento del pago: los contribuyentes que hayan domiciliado el pago del primer plazo podrán domiciliar el segundo plazo hasta el 22 de septiembre de 2019 y si no domicilian el primero podrán domiciliar el segundo hasta el 30 de junio de 2020. En el caso de los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo hasta el día 5 de noviembre de 2020, inclusive, mediante el modelo 102. Principales novedades IRPF 2019 Novedades en los modelos de declaración 1. Inmuebles Se simplifica la identificación del domicilio fiscal del contribuyente, que este año se realizará de forma separada al resto de la declaración Se consolida en un único apartado, relativo a bienes inmuebles, toda la información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente. Así, se reflejará, respecto de cada inmueble, el uso o usos que dicho inmueble haya tenido durante el ejercicio. En caso de arrendamiento: Se desglosan todos los conceptos necesarios para asistir al contribuyente en el cálculo del rendimiento de capital inmobiliario, particularmente de las cantidades destinadas a la amortización. Así, en el próximo ejercicio el contribuyente podrá obtener este importe directamente de Renta Web. Se específica expresamente que solo deberán identificarse los NIFs de los arrendatarios cuando se trate de un arrendamiento de vivienda destinada a vivienda habitual; no debe informarse de los arrendatarios cuando se trate de arrendamientos turísticos o de locales de negocio. En relación con los rendimientos de capital inmobiliario, para agilizar la tramitación de las devoluciones y reducir el número de requerimientos, se crea un nuevo Anexo “D” de cumplimentación voluntaria, en el que los contribuyentes podrán consignar el NIF de los proveedores de determinados gastos, así como su importe. Otra importante novedad es la ratificación del domicilio fiscal, que solicitará a todos los contribuyentes cuando accedan a los distintos servicios de Campaña de Renta. Esto permitirá actualizar los domicilios y mejorar la gestión de las declaraciones. Se solicitará la ratificación del domicilio cuando usted consulte sus datos fiscales, acceda a los servicios personalizados de Renta y mis expedientes de IRPF, etc… 2. Actividades económicas En relación con los “Rendimientos de actividades económicas en estimación directa”, para dar mayor seguridad jurídica a los obligados tributarios y poder en un futuro ofrecerles un servicio de traslado de datos de sus libros fiscales al modelo de declaración, se modifica la relación de ingresos computables y gastos deducibles. . Se incluyen casillas para consignar el IVA devengado o soportado como ingreso o gasto, en aquellos casos en los que dicho impuesto sea un mayor ingreso computable o gasto deducible en el IRPF. Novedades normativas en el IRPF 2019 1. Obligación de declarar Se modifica la obligación de declarar por el IRPF, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo en el artículo 96 de la Ley del IRPF. Para ello en el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar previsto en el artículo 96.3 de la Ley del IRPF para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los siguientes supuestos: ?         Cuando procedan de más de un pagador salvo las excepciones señaladas en el citado artículo 96.3 de la ley del IRPF. ?         Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. ?         Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener. ?         Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo el límite para declarar por la percepción de estos rendimientos se mantiene en 22.000 euros anuales. 2. Exenciones. Planes individuales de ahorro sistemático Con el fin de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el artículo 7.v) de la Ley del IRPF para los rendimientos de los Planes de Ahorro Sistemático cumple con la finalidad pretendida, esto es, abordar, desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia favoreciendo el ahorro, se exige que los contratos de seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 que instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de requisitos. Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de seguro de vida celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2019, con independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice con posterioridad a dicha fecha. 3. Exención por reinversión en rentas vitalicias Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro Sistemático y por el mismo motivo, esto es, para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia prevista en el artículo 38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar el ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos que son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático. Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2019. 4. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Estarán exentos para el ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros. 5. Rendimientos del trabajo. Reducciones aplicables sobre determinados rendimientos íntegros Para 2019 ya no es posible aplicar el régimen transitorio de reducción a las prestaciones percibidas en forma de capital derivadas planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados por contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores. 6. Reducción por rendimientos de trabajo Para el ejercicio 2019, con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores rentas, se aumenta tanto el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo que permiten aplicar esta reducción (hasta 16.825 euros). De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos del trabajo en 2019 inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías: Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales. 7. Rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, se reduce del 19 al 15 por 100. 8. Rendimiento de actividades económicas en estimación objetiva (Módulos) La Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, mantiene para el ejercicio 2019 la cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior. Se modifica la disposición transitoria trigésima segunda de la Ley del IRPF para extender al ejercicio 2019 la aplicación de los mismos límites cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior derivado del ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario) como al volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado) Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite excluyente previsto en el artículo 31 de la Ley del IRPF para el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros anuales, para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales desarrolladas por el contribuyente) y, para el volumen de compras en bienes y servicios, la cantidad de 250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, prevista en la disposición transitoria trigésima segunda en la Ley del IRPF y cuya aplicación se amplía al ejercicio 2019 Se mantiene la reducción general del 5 por 100 y la reducción del 20 por 100 del rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el término municipal en Lorca (Murcia) 9. Obligaciones contables y registrales Hasta el 2018 los contribuyentes que llevaban la contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio no estaban obligados a llevar libros registros. A partir del 1 de enero de 2019 esta excepción desaparece salvo para los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. El resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas están obligados desde el 1 de enero de 2019 a llevar los libros registros que en cada caso determina la normativa del IRPF, aun cuando lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. 10. Integración y compensación de rentas en la base imponible general y del ahorro Para 2019 el saldo negativo de los rendimientos de capital mobiliario de la base imponible del ahorro del ejercicio se compensará con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales integrantes de la base imponible del ahorro, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 por 100 de dicho saldo positivo. Del mismo modo, el saldo negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible del ahorro se compensará con el saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario de la base del ahorro, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 por 100 de dicho saldo positivo. La misma compensación y con el mismo límite conjunto, se efectuará con los saldos negativos de los rendimientos de capital mobiliario y de las ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible del ahorro de los ejercicios anteriores pendientes de compensar a 1 de enero de 2019, una vez efectuada la compensación indicada en el párrafo anterior. No se aplica en 2019 el procedimiento especial para la compensación de rentas negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas en 2014. 11. Gravamen de las bases liquidables Todas las Comunidades Autónomas tienen aprobadas sus correspondientes escalas aplicables a la base liquidable general. 12. Deducciones de la cuota íntegra 12.1 Por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa Se incluyen nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a determinados acontecimientos de excepcional interés público aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que han iniciado su vigencia durante ejercicio 2019. Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: Para la aplicación de las deducciones por creación de empleo el artículo 37 de la LIS exige que la contratación se realice a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Ahora bien, estos contratos han sido suprimidos, con efectos desde el 1 de enero de 2019, por el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que, mantiene, no obstante, la validez de aquellos contratos que se hubieran celebrado con anterioridad a dicha fecha (1 de enero de 2019) al amparo de la normativa vigente en el momento de su celebración y las de sus correspondientes incentivos. Como consecuencia de lo anterior las deducciones por creación de empleo del artículo 37 de la LIS solo podrán aplicarse a las contrataciones realizadas través de contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores que se hayan celebrado antes del 1 de enero de 2019. 12.2 Regímenes especiales de deducción para actividades económicas realizadas en Canarias. A. Reserva para inversiones en Canarias Deducciones para inversiones en Canarias: Se elevan los límites de gastos de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, se eleva el límite máximo sobre la cuota que se establece para la aplicación en Canarias del conjunto de deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas, siempre que la normativa comunitaria de ayudas de estado así lo permita y se trate de inversiones contempladas en la Ley 2/2016, de 27 de septiembre y demás leyes de medidas para la ordenación de la actividad económica de estas islas. Se añade un nuevo artículo 94 bis, en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias que establece que las entidades que contraten un trabajador para realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación de empleo se establezcan por la normativa fiscal conforme a los requisitos que en ella se establezcan, incrementándolos en un 30 por 100. 13. Otras cuestiones de interés El importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2019 ha queda fijado en 7.519,59 euros, de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE del 4), ya que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018 se prorrogan para 2019 los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. De igual modo, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el interés legal del dinero en el ejercicio 2019 se ha fijado en el 3 por 100. El salario medio anual del conjunto de los declarantes del IRPF se fija en 22.100 euros para el ejercicio 2019 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO De cara a este ejercicio 2019, debemos tener presente las siguientes cuestiones: Están obligados a declarar los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos resulte superior a 2.000.000€. Las personas fallecidas en el año 2019 antes del 31 de diciembre, no tienen obligación de declarar por este impuesto. Se mantiene el límite de la exención de la vivienda habitual hasta un importe máximo de 300.000€. Conviene recordar que este importe es para cada contribuyente, por lo que un matrimonio que posea una vivienda adquirida en gananciales no tributará por ella si su valor no excede de 600.000€. La base imponible se reducirá en el mínimo exento que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma y, en el caso de que ésta no hubiese aprobado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en 700.000€. Tarifas: en general se aplica la estatal, con 8 tramos y tipos desde el 0,2 al 2,5%, excepto en algunas Comunidades, como por ejemplo Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunitat Valenciana, que tienen su propia tarifa. Tenga presente también las bonificaciones en la cuota del impuesto aprobadas por cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, Madrid tiene una bonificación del 100% y la Rioja del 75%.

  • Medidas fiscales ante el Coronavirus Covid-19
    el día 13/04/2020 a las 11:36 am

    Como consecuencia del estado de alarma declarado por el Gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha ido aprobando una serie de medidas fiscales que trataremos de resumir en este artículo. El 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el 30 de marzo de 2020, si bien el Gobierno mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, extendió dicha prórroga hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 sometiéndose a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020. Ahora está previsto que se apruebe una nueva prórroga para extenderlo hasta el 26 de abril. Con relación a las diferentes medidas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que se han ido aprobando, desde el punto de vista fiscal podemos destacar las siguientes: La suspensión e interrupción de plazos del estado de alarma no afecta a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones ante Hacienda (Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) Flexibilización de los aplazamientos de deudas tributarias para PYMES y autónomos (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19). Medidas fiscales urgentes del RD-ley 8/2020 para hacer frente al impacto del COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) Novedades tributarias introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Franquicia de derechos de importación y la exención en IVA a la importación de mercancías necesarias para combatir la pandemia (Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020). A continuación, vamos a resumir estas medidas fiscales a nivel estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de Comunidades Autónomas (CCAA) han reaccionado a la crisis del coronavirus (COVID-19) regulando determinadas medidas que afectan al ámbito tributario, y que por extinción no comentaremos. 1. Aplazamientos de deudas tributarias para PYMES y autónomos El Real Decreto-ley 7/2020 adopta una serie de medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus COVID-19, para aquellas empresas y autónomos que en 2019 tuvieran una cifra de negocios inferiores a 6.010.121,04 €, mediante la posibilidad de solicitar el aplazamiento del ingreso del pago a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. El plazo es de hasta 6 meses, no devengando intereses de demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento. En concreto, respecto al tema de apoyo financiero, mediante esta norma se han dado facilidades de aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito de la Administración tributaria del Estado: Se concederán aplazamientos de deudas tributarias que se encuentren en período voluntario de pago desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. El aplazamiento es previa solicitud, sin necesidad de aportar garantías y hasta un máximo de 30.000€. Se permite también –hasta ahora se inadmitía- el aplazamiento de retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados e IVA. Esto afecta solo a pymes –volumen de operaciones de 2019 que no supere 6.010.121,04€- Plazo de 6 meses sin devengo de intereses de demora en los 3 primeros. Por lo tanto, esta medida afectará, por ejemplo, al IVA mensual de febrero, marzo y abril, para pymes que optaran por el SII, y a los pagos correspondientes al primer trimestre –como Retenciones, IVA y pagos fraccionados de empresarios y de Sociedades-, cuyo plazo de presentación termina el 20 de abril. Cada empresa debe valorar y comunicarnos su opción, teniendo en cuenta que tendrá que prever la tesorería al vencimiento. 1.1 Aplazamiento de deudas aduaneras Por otro lado, y de acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se extiende a las deudas aduaneras la flexibilización de aplazamiento sin garantía que el Real Decreto-ley 7/2020 estableció, como hemos visto, para algunas autoliquidaciones tributarias, si bien, en este caso de aduanas, para las presentadas desde el 2 de abril hasta el 30 de mayo (en las de autoliquidaciones tributarias es para las presentadas desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo). Se aclara que no se aplica a las cuotas de IVA que se incluyan en la autoliquidación de este tributo. Como para las deudas tributarias, solo se aplica cuando el destinatario de la mercancía tenga un volumen de operaciones que no supere los 6.010.121,04 €. Se ha de solicitar en la propia declaración aduanera, y los requisitos y condiciones para obtener el aplazamiento sin garantías son los mismos que para las deudas tributarias, un importe máximo de 30.000 euros, un plazo máximo de 6 meses y devengo de intereses solo a partir de los 3 primeros. En la página web de la AEAT se puede consultar ya un documento sobre preguntas frecuente en relación a estas medidas: Aplazamiento de pago de deudas derivadas de declaraciones aduaneras 1.2. Instrucciones de la AEAT para solicitar aplazamientos Por su parte la AEAT ha publicado en su página web unas Instrucciones para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020. Con carácter provisional, los contribuyentes que quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con estas instrucciones (Instrucciones para presentar aplazamientos   ). 2. Plazos de las actuaciones y procedimientos tributarios Se debe tener en cuenta que el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma, preveía una suspensión general de plazos administrativos. No obstante, considerando las dudas interpretativas que esta disposición había generado, el 18 de marzo de 2020 también se ha publicado el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el anterior, estableciendo que esa suspensión de los términos e interrupción de los plazos administrativos (i) no será aplicable a los plazos tributarios, ni (ii) afectará a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, dado que para estos plazos tributarios serán aplicables las reglas que se aprueba en el Real Decreto-ley 8/2020. Por otro lado, el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el fin de corregir y ajustar determinadas cuestiones que habían suscitados dudas en dicha norma. Con relación a la suspensión de plazos en el ámbito tributario (RDL 8/2020) debemos tener presente que: 1. Suspensión del cómputo del plazo de duración de los procedimientos tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 2. Suspensión del cómputo de los plazos de caducidad y de los plazos de prescripción del artículo 66 de la Ley General Tributaria, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. 3. Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de determinados plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que no estaban concluidos a esa fecha. 4. En el seno del procedimiento de apremio, no ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo hasta el día 30 de abril de 2020. 5. Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 o, si fuera posterior, hasta la fecha otorgada por la norma general, de determinados plazos que se abran a partir del 18 de marzo de 2020. 6. Inicio el 1 de mayo de 2020 del plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas, o bien inicio desde la fecha determinada por la norma general si la notificación del acto a recurrir se hubiera producido con posterioridad al 30 de abril de 2020. En la página web de la AEAT se pueden consultar preguntas frecuentes sobre plazos de las actuaciones y procedimiento tributario. 2.1. Suspensión de plazos tributarios en Comunidades Autónomas y Entidades Locales La ampliación de los plazos de pago de deudas en voluntaria y en apremio, el vencimiento de los plazos de aplazamientos concedidos, los plazos para atender requerimientos o para presentar alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y otros que no hayan concluido el 18 de marzo, o comunicados a partir de esa fecha se aclara que, también en el ámbito de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, se extienden hasta el 30 de abril y hasta el 20 de mayo, respectivamente. Además, se extiende al ámbito de Comunidades Autónomas y Entidades Locales lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020 que establece que el período comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no se compute en cuanto al plazo máximo de duración de los procedimientos (pero lo hacía solo para el ámbito de la AEAT) ni para el cómputo de plazos de prescripción o de caducidad. Asimismo se extiende a estas Administraciones la regla de que se entiendan notificadas las resoluciones que pongan fin a procedimientos de reposición o económico-administrativos con un solo intento, y que establece que el plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios no se iniciase hasta el 1 de mayo o hasta la notificación, si fuera posterior. Lo que acabamos de exponer en este apartado será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad al 18 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del RDL 8/2020). 2.2 Ampliación del plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones administrativas En general, respecto al plazo para recurrir, impugnar o reclamar en vía administrativa, en cualquier procedimiento que pueda tener efectos desfavorables o de gravamen para el interesado: se computará desde el 13 de abril (si no se amplía el estado de alarma), cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa antes del 14 de marzo. Particularizando en el ámbito tributario, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones administrativas comenzará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará: Tanto en los casos en que se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020. Como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Esto se aplica también en el ámbito de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 2.2 Regulación de ampliaciones de plazos para determinados procedimientos A efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económicos-administrativos, no computa el período comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. Quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria desde 14 de marzo de 2020, hasta el 30 de abril de 2020. Lo anterior resulta de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido tanto en el ámbito estatal, autonómico y local. Se reconoce de forma expresa que las ampliaciones de plazos para el pago de las deudas tributarias recogidas en el RDL 8/2020, se aplican a las demás deudas de naturaleza pública. 3. Exentas de AJD las escrituras de formalización de novación de los préstamos y créditos hipotecarios Se establece que las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados (AJD) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). Con efectos desde el 18 de marzo se matiza quue tienen que tener su fundamento en los supuestos referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, regulados en los artículos 7 a 16 del RDL 8/2020. 4. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de esta crisis sanitaria Desde el 14 de marzo al 14 de septiembre de 2020, los partícipes de planes de pensiones (aplicable también a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades) podrán hacer efectivos los derechos consolidados en determinadas supuestos: desempleo por ERTE derivado de Covid-19; empresario que haya tenido que suspender actividad por art. 10 Real Decreto 463/2020; o trabajadores por cuenta propia que hayan cesado por esta crisis sanitaria. Se establecen unos límites cuantitativos máximos a la disposición, que deberán ser acreditados por los partícipes o asegurados. Este importe no podrá ser superior a: Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, en el primer supuesto, antes mencionado. Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público citada en el segundo supuesto. Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el tercer supuesto (trabajadores por cuenta propia que hayan cesado por esta crisis sanitaria). Se prevé que, reglamentariamente, puedan regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en el primero de los supuestos. La tributación de estas prestaciones es la que establece la normativa tributaria: como rendimientos del trabajo. 5. Franquicia de derechos de importación y la exención en IVA a la importación de mercancías necesarias para combatir la pandemia La Comisión Europea ha autorizado la importación de mercancías para combatir la pandemia desde países fuera de la Unión Europea, aprobando una exención en el IVA y en los derechos de importación, siempre que los productos vayan destinados a su puesta a disposición de las personas afectadas, en situación de riesgo, o a quienes participan en la lucha contra el brote de la enfermedad. En España, cualquier operador se puede acoger a esta franquicia, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

  • El coronavirus, la auditoría y los cierres contables ¿Cómo pueden actuar las empresas?
    el día 02/04/2020 a las 11:31 am

    Mientras redacto el presente artículo, y cuando ya han pasado dos semanas desde la promulgación del estado de alarma, no dejo de pensar en la aparente contradicción entre la paralización de todas las actividades no esenciales, y la supuesta voluntad del Gobierno de España de paliar lo que se nos viene encima y la persistencia que mantiene sobre la obligación de respetar el calendario fiscal vigente para todas las sociedades y empresarios. Tan es así que ni tan sólo se les exonera de su contribución a la Seguridad Social y el pago de la cuota de autónomos. Menos mal (ironía) que si nuestro lector se halla en dicha situación y reside en Catalunya, el Govern ha decretado una medida para paliar tal injusticia, con una ayuda de 2.000 euros para los autónomos que puedan acreditar pérdidas. Eso sí, dado que la partida presupuestaria es muy pequeña, sólo podría optar un 1,4% de los autónomos censados en Cataluña, pues parece ser que ésa es la proporción entre la dotación para esa ayuda y las aportaciones de los autónomos activos en dicha comunidad. Es un claro ejemplo de aquella máxima que se aplican nuestros gobernantes: “propón alguna medida que no nos cueste nada, pero que nos proporcione un titular”. En este escenario, ya surgen voces de numerosos expertos que propugnan una moratoria fiscal, puesto que el estado de alarma, además de ser consecuencia de la situación de fuerza mayor provocada por la pandemia del COVID-19, dadas las medidas de limitaciones a la libertad deambulatoria que impone y las restricciones a la actividad económica que comporta, coloca para cumplir las obligaciones tributarias a un elevado número de contribuyentes ante una imposibilidad material, imprevista, sobrevenida y ajena a su voluntad. Esperemos que al igual que está sucediendo en Austria, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suiza (por citar sólo países de nuestro entorno), también en el nuestro se acabe por imponer una ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, aunque siento no ser muy optimista. Y es que el coronavirus no sólo se ha erigido en un problema de salud pública, y de desestabilización económica debido al obligado parón de todas las actividades no calificadas como, sino que sus efectos alcanzarán al menos a dos ejercicios: Para el cierre del ejercicio 2019 Dado que el impacto del coronavirus ha tenido lugar a partir de mediados de marzo y, por tanto, constituye un hecho posterior al cierre, cabe preguntarse si ello obliga a realizar ajustes en las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2019. En este sentido, la NRV 23 de nuestro Plan general de Contabilidad establece que: − Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían en la fecha de cierre de las cuentas anuales deberán tenerse en cuenta en la formulación de las cuentas anuales como ajuste o como información en la memoria, − Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son de importancia significativa se deberá incluir información del hecho posterior con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. A nadie se le escapa que la magnitud de los efectos derivados de la crisis de coronavirus para la economía en general y para las empresas en particular, tendrán un impacto directo no en las cuentas anuales de 2019, pero sí en las de 2020. Sin embargo, al ser un hecho conocido en el momento de formular las primeras, será necesario hacer alusión a ello en la Nota de hechos posteriores en la memoria de las cuentas anuales de 2019. Y eso aún en el caso de que sólo sea estimaciones debido a la dificultad de cuantificar los efectos de dicho impacto y a la incertidumbre existente en el momento de su elaboración. Quizás el aspecto más significativo que debería contemplarse en dicha nota de hechos posteriores sería la valoración de cómo pudiera afectar la crisis del coronavirus al principio de empresa en funcionamiento, es decir, evaluar en qué forma el impacto negativo de esa crisis podría afectar a la capacidad de la empresa para continuar con la actividad económica. Ello es así porque una empresa pierde dicha condición si la dirección tiene la intención de liquidarla o dejar de operar el negocio, o no tiene ninguna otra alternativa realista de proceder. La dirección debería considerar el impacto de las medidas tomadas por el gobierno y la banca en su evaluación de la aplicación de dicho principio. Además, es relevante recordar que los hechos posteriores a la fecha de cierre que indiquen que una entidad ha dejado de operar bajo el principio de empresa en funcionamiento constituirán siempre hechos ajustables. Finalmente, deberíamos considerar una situación: la posibilidad de que los efectos negativos del coronavirus pudieran obligar a reajustar determinadas partidas de balance cerrado a 31-12-2019, como podrían ser la clasificación de los préstamos a largo plazo ligados al cumplimiento de determinadas condiciones, considerando la situación actual y su evolución en los próximos meses. Tal situación ha sido tratada en la consulta nº 6 del BOICAC 81, y en su apartado 4 menciona expresamente la necesaria reclasificación de los préstamos de las sociedades afectadas en el pasivo corriente. Para el cierre del ejercicio 2020 El hecho de que a partir de la entrada en vigor del estado de alarma a mediados de marzo haya limitado la actividad de la mayoría de las empresas, cuando no directamente obligado a detenerla, tendrá un impacto innegable en los estados financieros del presente ejercicio. Así, las empresas cuyo cierre coincida con el año natural, en el cierre del ejercicio 2020 su contabilidad deberá contemplar, en mayor o menor medida los siguientes aspectos: − Disminución de los ingresos. − Pérdidas de proveedores estratégicos, pero también de clientes clave. − Incremento de costes derivados de la ociosidad de la capacidad productiva. − En muchos casos reestructuraciones de personal derivados de la aplicación de ERTOs. − Modificaciones contractuales debido a la necesaria negociación para mantener determinados contratos, con especial incidencia en los contratos de arrendamientos. − Deterioro del valor de los activos, incluso de los intangibles. − Cambios en los ritmos de utilización de determinados activos fijos, que puede obligar al recálculo de vidas útiles. − Impactos en el valor de las existencias de las empresas. − Impactos en el valor razonable de los activos y pasivos. − En el caso de los instrumentos financieros, deberá valorarse el impacto en los términos y condiciones de cualquier deuda bancaria. − Modificaciones en la eficacia de las coberturas. − Imposibilidad de recuperación de créditos fiscales por insuficiencia de cuota. Principales cuestiones derivadas de la declaración del estado de alarma para las empresas Se hace imposible ahora enumerar todas las medidas que en los últimos días se han promulgado y que tienen un impacto directo en la marcha de las empresas en el ámbito mercantil/contable. A continuación, apuntamos las más destacadas: − Flexibilización de las sesiones de los consejos de administración. 
 − Ampliación del plazo de formulación de cuentas, que será de tres meses a partir de la fecha de finalización del estado de alarma. − Ampliación de dos meses a partir de la fecha de finalización del estado de alarma de los plazos para la auditoría obligatoria de cuentas, para aquellas entidades que ya habían formulado con anterioridad a la fecha de declaración del estado de alarma. − Aprobación de cuentas por la Junta General de accionistas dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo de formulación. − Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del estado de alarma. − Facilidades relativas al plazo del deber de solicitud de concurso para entidades en estado de insolvencia. − Moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual. − Línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación concedida por entidades de crédito. 
 Y en particular, para las entidades cotizadas: − Ampliación del plazo de publicación del informe financiero anual junto con las cuentas anuales y el informe de auditoría a seis meses a partir del cierre del ejercicio social. − Ampliación en cuatro meses del plazo de publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral. − Flexibilización de los plazos y medios para la celebración de Juntas generales de accionistas. 
 Asimismo, un consejo de cara al cierre de 2019 y la formulación de las cuentas anuales: para el caso de que los hechos posteriores no requieran un ajuste en las mismas, entendemos imprescindible incluir información respecto a su naturaleza y una estimación de su efecto, o cuanto menos, realizar una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación, si ése fuera el caso. Otras cuestiones de interés en el ámbito mercantil A continuación, se destacan otras cuestiones a tener en consideración, incluidas las más importantes contenidas en al reciente repuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de fecha 2 de abril, a la consulta de auditoría sobre el efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales, y su modificación por la disposición final 1ª, apartado trece, del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. − Aunque no ha sido contemplado expresamente en las nuevas normas de desarrollo del estado de alarma, el Colegio de Registradores, considerando la suspensión general de los plazos ordinarios y particularmente la del plazo para formulación de cuentas, interpreta que también el plazo de legalización de los libros en el Registro Mercantil queda suspendido hasta el final del mes siguiente al plazo límite para la formulación de cuentas. En base a lo anterior, el plazo resultante sería el de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma o sus prórrogas − Aunque los Estatutos no lo tengan previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de cualquier entidad privada (asociaciones, sociedades civiles, mercantiles etc.), se pueden celebrar por videoconferencia que asegure la autenticidad y conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en conexión remota. Igualmente, se pueden adoptar mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el Presidente y dos miembros del órgano. − Sobre la formulación de las cuentas anuales. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social por el que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica está obligada a formular las cuentas anuales y si es legalmente exigible, el informe de gestión y para formular el resto de documentos que sean legalmente exigibles por la legislación de sociedades, queda suspenso hasta que finalice el estado de alarma, y empezará a contar de nuevo por otros tres meses a contar desde la mencionada fecha. − Si a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o de administración de una persona jurídica ya hubiera formulado las cuentas, y la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado este plazo por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. − Sobre la aprobación de las cuentas anuales. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde la finalización del plazo para formular las cuentas anuales. − Para aquellos casos de la existencia de auditoria (voluntaria u obligatoria), el plazo de verificación contable de esas cuentas, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. La emisión de ese informe deberá realizarse en un plazo mínimo de un mes desde que se le entreguen las cuentas anuales debidamente formuladas para presentar el informe de auditoría. Aunque no existe un plazo máximo para la emisión, por tanto, a pesar de que en la normativa reguladora de esta materia no se establezca un plazo concreto o máximo para la realización de un trabajo de auditoría y la emisión del correspondiente informe, puede entenderse que existe una exigencia de que el informe de auditoría deba presentarse y entregarse bajo unas determinadas condiciones temporales: debe entregarse en la fecha fijada contractualmente y debe permitir que se cumpla con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la entidad auditada a este respecto. − Aunque concurra causa legal o estatutaria de separación, los socios no podrán ejercer este derecho hasta que finalice el estado de alarma y/o las prórrogas que procedan. − No se producirá la disolución de pleno derecho fijada en los estatutos sociales, hasta que hayan transcurrido dos meses desde que finalice el estado de alarma. − Antes y durante la declaración del estado de alarma y durante su vigencia, si se produce causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria de la junta de socios por el órgano de gobierno a fin de que se adopte el acuerdo de disolución se suspende hasta que finalice el estado de alarma. − Si la causa legal o estatutaria de disolución se produce durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responden de las deudas sociales contraídas en este periodo

  • Próxima reforma del PGC: principales cambios que se producirán en la norma sobre instrumentos financieros
    el día 12/03/2020 a las 9:10 am

    Recientemente se han venido produciendo importantes cambios de la normativa contable a nivel internacional. Concretamente los que afectan al tratamiento contable de los instrumentos financieros, y al reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes. La Unión Europea (UE) ha adoptado dichas normas mediante el Reglamento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22/9/2016 (modificado por el Reglamento (UE) 2017/1987, de 31/10/2017), y el Reglamento (UE) 2016/2067, de 22/11/2016. Ambos reglamentos con entrada en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, pero sólo a los exclusivos efectos de formular las cuentas anuales consolidadas de los grupos cotizados y no para el resto de entidades, cuya entrada en vigor será la que, finalmente, disponga la norma definitiva. En este artículo trataremos de comentar las principales afectaciones para nuestra normativa contable de la primera de dichas normas, es decir, la que hace referencia a los instrumentos financieros. Introducción  Al respecto el ICAC publicó el año pasado un Proyecto de Real Decreto (RD) por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En dicho proyecto se modifican, entre otras cuestiones, los aspectos que afectan a los instrumentos financieros en la línea de la reforma contable internacional ya adoptada por la Unión Europea. El proyecto de RD contiene cuatro artículos, cinco disposiciones transitorias y una disposición final. Es concretamente en el artículo 1 en el que se introducen las modificaciones del PGC con el objetivo de proceder a los cambios necesarios para adaptar, entre otras cuestiones, la NRV 9ª. “Instrumentos financieros” a la NIIF-UE 9, de acuerdo con los cambios realizados en dicha Norma y que, como se ha indicado, ha sido adoptada por la UE. Las modificaciones supondrán una mayor claridad y simplicidad en el tratamiento contable de los instrumentos financieros - especialmente los activos - para la inmensa mayoría de las empresas. En este sentido cabe recordar que la actual clasificación, valoración y registro contenidos en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 9ª del PGC que se va a modificar, suelen provocar no pocas dudas para su correcta aplicación tal como se indica en la introducción del propio Proyecto de RD: “el actual sistema de reconocimiento y clasificación de los instrumentos financieros, en particular, de los activos, ha sido objeto de críticas por resultar excesivamente complejo y no responder de forma inequívoca a la realidad de la gestión financiera.” Y ello es debido, principalmente, a que, en su momento, la referida NRV fue redactada para su aplicación a todo tipo de entidades, incluyéndose entre ellas las financieras y las de seguros que, por sus peculiares características, precisaban de un mayor detalle en la clasificación de los instrumentos financieros. Con la reforma se reserva esta clasificación más compleja para la normativa específica de este tipo de entidades, simplificándose enormemente la clasificación “general” aplicable al resto a través del PGC.  Principales aspectos de la futura reforma En principio hemos de tener en cuenta que ha sido necesaria también la revisión de la definición del valor razonable incluida en el apartado 2 del Marco Conceptual de la Contabilidad de la Primera parte del PGC, en línea con la NIIF-UE 13. “Valoración del valor razonable”. Dicha nueva definición establece que el valor razonable “Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración”. Con ello se deja parte del contenido de la definición anterior como un ulterior apartado de las condiciones específicas, para el caso de los activos, en el sentido de que en la estimación del valor razonable se asumirá, como hipótesis, que la transacción para vender el activo se lleva a cabo entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción en condiciones de independencia mutua. Esta última frase formaba parte de la definición anterior. Ahora prima en la definición el hecho de que sean participantes en el mercado. También se establece una jerarquía de tres niveles en la clasificación prioritaria de las estimaciones del VR: • Precios cotizados para elementos idénticos;• Para elementos similares, y • Sin datos de mercado observables. Concretando lo que ya ha sido apuntado, es destacable la nueva clasificación, a efectos de su posterior valoración, de los activos financieros con la eliminación, entre otras, de la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”. Así, la nueva clasificación quedará reducida a las siguientes tres categorías: 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 2. Activos financieros a coste amortizado. 3. Activos financieros a coste. Como se puede observar en dicha clasificación, también desaparecerán las actuales carteras de “Préstamos y partidas a cobrar” e “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” con lo cual, la mayoría de los activos clasificados en estos dos grupos se reclasificarán ahora a la cartera de “Coste amortizado”. Por tanto, a pesar de reducirse las categorías, no variará el criterio de registro y valoración aplicable a estos activos financieros que seguirán valorados, como hasta ahora, al coste amortizado que ya nos es perfectamente conocido. Otra cuestión importante es que las actuales carteras de “Activos financieros mantenidos para negociar” y “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” se agruparán en la nueva cartera de “Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” por lo que no parece que vayan a variar tampoco sus actuales valoración y registro contable. En este sentido, es de destacar que, a diferencia de lo que sucede con la NIIF-UE 9, en el PGC la variación de valor de todos los instrumentos financieros a valor razonable se presentará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Incluso, con carácter general, la de los activos financieros híbridos que también se valorarán a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ello supondrá que no se incluya en el PGC la actual cartera de “Valor razonable con cambios en el patrimonio neto” para los instrumentos de deuda, siendo así coherentes con el objetivo de simplificación propuesto a nivel internacional, reservándose dicha categoría, como se ha indicado anteriormente, sólo para determinados sectores de la actividad, fundamentalmente entidades financieras y aseguradoras. Otra consecuencia es que sólo se podrán valorar a coste amortizado, los activos financieros que no serán objeto de venta y cuyas cláusulas contractuales sean representativas de un préstamo puro, sin que tengan variabilidades significativas. Aquí debemos reconocer que los actuales conceptos de “Activos financieros disponibles para la venta” y “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” eran un tanto extraños o, cuento menos, imprecisos. Otras cuestiones de interés Llegados a este punto, hemos de recordar una cuestión importante a nivel conceptual y es que la nueva NIIF 9 contempla, igual que la anterior, la clasificación de los instrumentos financieros con el objetivo de su posterior valoración en función de dicha clasificación, pero, por lo que se refiere a los activos financieros, introduce un enfoque distinto del de su predecesora para realizar esta clasificación. Así para determinar su clasificación se deberá tener en cuenta:• Por una parte, el modelo de negocio de la entidad, y• Por otra, las características de los flujos de efectivo contractuales correspondientes a los activos. Así, se valorarán al coste amortizado cuando el objetivo del modelo de negocio sea mantenerlos con el objetivo de cobrar flujos de efectivo contractuales (cobros del principal más intereses). En cambio, si el modelo de negocio se basa tanto la obtención de flujos de efectivo contractuales como en su venta se valorarán por su valor razonable con cambios en patrimonio neto (otro resultado global, según la referida norma internacional) pero, en este caso, solo para entidades financieras y compañías de seguros como ya se ha apuntado. Los intereses, el posible deterioro y, en su caso, las diferencias de cambio se registrarán en pérdidas y ganancias igual que en el modelo de coste amortizado. Finalmente hemos de considerar que al reclasificar los activos financieros que actualmente se encuentren clasificados como disponibles para la venta a la categoría activos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio neto relacionados con los referidos activos financieros disponibles para la venta se reclasificarán, al inicio del ejercicio de aplicación de la reforma, a una cuenta de reservas y el traspaso se realizará en la fecha de primera aplicación sobre la base de las circunstancias existentes en dicha fecha. Así es como lo establece la Disposición transitoria primera del Proyecto de RD “Criterios de primera aplicación de las modificaciones del Plan General de Contabilidad en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros en el primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2020”. Así, parece que la intención para su entrada en vigor es, precisamente, la de 1º de enero de 2020 lo que supondrá una cierta retroactividad.