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  • Principales novedades de la Ley de Registro Civil
    el día 08/09/2021 a las 9:48 am

    Debido a la complejidad del cambio, se está precisando de un periodo de implementación desde el punto de vista tecnológico, estructural y organizativo, a los efectos de dotación de medios digitales y materiales, provisión de plazas y formación de personal. Por fin, ha entrado en vigor íntegramente la nueva Ley de Registro Civil, aunque con una compleja fase transitoria hasta el pleno funcionamiento de las nuevas Oficinas Registrales. Entre otras, hay modificaciones en el código personal, firma electrónica, funciones de las oficinas, expediente matrimonial, cambio de nombre y/o apellidos, Libro de Familia, declaraciones sobre nacionalidad o vecindad civil. Igualmente, los Notarios pueden tramitar ya el expediente matrimonial, y entran también en vigor modificaciones de varios artículos del Código Civil. La Ley 6/2021, de 28 de abril, modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, Ésta, sustituye a su vez a la Ley de 8 de junio de 1957, que implica la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil único para toda España, informatizado, accesible electrónicamente, cuya llevanza corresponderá a funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado y con una estructura organizativa formada por una Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares, que conlleva la reestructuración de la organización actual del Registro Civil en todo el territorio nacional. Así, en el presente año, se cumplen 150 años de la creación del Registro Civil con implantación en toda España, lo que ocurrió el 1 de enero de 1871 en ejecución de la originaria Ley de 1870. Este periodo dura ya diez años, durante los cuales se ha producido el desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático al mismo por los ciudadanos y funcionarios, mediante su identificación electrónica. En toda España se utilizarán los mismos sistemas y aplicaciones informáticas (Disposición Adicional 6ª). Para culminar la reforma en implantación progresiva, se van a dar tres escenarios sucesivos, regulados por las disposiciones transitorias cuarta, octava y décima, más, la adicional segunda. El escenario previo a la transformación, La implantación del sistema informático, surgiendo las Oficinas Generales de Registro Civil Finalmente, la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo en cada oficina o grupo de oficinas completando la transformación. Tras esta breve introducción, vamos a tratar las principales reformas que se introducen en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, así como las modificaciones de determinados artículos del Código Civil ha entrado en vigor el 30 de abril de 2021. Principales reformas Código personal En un principio se sugirió asignar directamente el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los nacidos, como número personal que ya permanecería invariable, pero este sistema dejaba fuera a los extranjeros que fueran objeto de alguna inscripción en el Registro Civil. Por ello, ahora se prevé la asignación de código personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior en su confección, al cual se asociará de forma inmediata el número del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento identificativo oficial en otro caso, siendo único e invariable durante toda la vida del sujeto. (art. 6.) No obstante, según la D.TR. 4ª, no será de aplicación lo previsto en esta Ley respecto del código personal hasta que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública (DGSJFP) dicte una resolución que apruebe la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Firma electrónica Se desarrolla su regulación distinguiendo: – la firma electrónica que se emplea para la práctica de asientos, que será la propia del Encargado que firme el asiento, – y la que se empleará para la expedición de certificaciones, que se podrá automatizar partiendo de la previa identificación digital del solicitante, y que por ello se deberá verificar con un sello cualificado de sistema. El personal del Registro Civil que se determine reglamentariamente podrá disponer de certificado electrónico cualificado con firma electrónica avanzada. Así mismo, los ciudadanos podrán identificarse electrónicamente ante el Registro Civil a través de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 9 LPA, así como en la normativa vigente en materia de identificación y firma electrónica. Art. 7. También el letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial que haya dictado una resolución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro Civil por afectar al estado civil de las personas, deberá remitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil testimonio o copia electrónica de la resolución judicial. Art. 34. Para los Notarios, el art. 35 ya preveía la remisión por medios electrónicos. Obtención de información Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las Oficinas del Registro Civil o por medios electrónicos el acceso a la información contenida en el mismo a través de los medios de publicidad previstos en esta Ley. Antes se hacía referencia a “Oficinas Generales o Consulares del Registro Civil”, unificándose ahora la expresión a “Oficinas del Registro Civil”, lo que incluye a las Oficina Central, las Oficinas Generales y las Oficinas Consulares. Art. 10.2. También en las Oficinas Colaboradoras. D. AD. 5ª b). Si la publicidad formal se refiere a libros no digitalizados continuará rigiéndose por lo previsto en la LRC de 1957. Se adecuarán los formatos y modelos de certificaciones al fin de posibilitar el uso de las lenguas oficiales. D. Tr. 5ª. Solicitud de inscripción Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la documentación requerida ante cualquier Oficina del Registro Civil o remitirla electrónicamente. Igualmente, podrán presentar en las Oficinas Colaboradoras la solicitud y la documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil. En la redacción anterior se permitía la entrega en los Ayuntamientos, en vez de en las Oficinas Colaboradoras (art. 20). No obstante, los Ayuntamientos de municipios sin Oficina General podrán solicitar al Ministerio de Justicia que les habilite las conexiones necesarias, para que los ciudadanos puedan presentar solicitudes y documentación. D. Ad. 5ª Funciones del Registro Civil Central Se incorpora una excepción a la función de “practicar la inscripción de los documentos auténticos extranjeros judiciales y extrajudiciales y certificaciones de asientos extendidos en Registros extranjeros“. Concretamente, se exceptúan aquellos cuya competencia pueda corresponder a las Oficinas Consulares del Registro Civil. Oficinas generales del Registro Civil y su Personal Se amplían, pues habrá una en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial. El Encargado estará bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por necesidades del servicio se podrá designar más de un Encargado en una Oficina, sin que ello tenga que tener carácter de excepcional. En este caso, se prevé que se incluya en la relación de puestos de trabajo, la consideración de uno de los puestos de encargado como Encargado coordinador sin relevación de funciones. No cambian las funciones de las Oficinas Generales, art. 22. Según la D. Ad. 1ª, éstas se ubicarán en las mismas localidades que correspondan a las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales Principales existentes a la entrada en vigor de esta Ley, en las sedes de la capital de un partido judicial. El Ministerio de Justicia, de oficio, o a iniciativa de la Comunidad Autónoma afectada, podrá modificar el número de Oficinas Generales del Registro Civil. Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Como regla general son funciones incompatibles con las de una Oficina judicial, pero, cabe fijar reglamentariamente excepciones. Su vinculación funcional al Ministerio de Justicia, a través de la DGSJFP, que recoge la simultánea reforma de la LOPJ, conlleva que el incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones, resoluciones y circulares de la DGSJFP, se considerarán falta disciplinaria conforme a lo tipificado reglamentariamente. D.AD. 2ª.4. Oficinas colaboradoras y Ayuntamientos Se consideran así, a las Secretarías de Juzgados de Paz, o sus unidades procesales de apoyo, las oficinas de justicia en el municipio u otras similares que se implanten. Las mismas, no dispondrán de Encargado propio, pero el Encargado de la Oficina General del ámbito territorial de la que dependan puede delegar funciones en el funcionario de superior categoría de la Oficina o del Ayuntamiento. D.Ad.5ª Simplificadamente, tendrán las siguientes funciones: Recibir por vía presencial solicitudes, declaraciones, formularios y documentos. Informar a los ciudadanos. Expedir certificaciones en papel y electrónicas. Expedir certificados de fe de vida. Otras auxiliares o que disponga la DGSJFP. Los Ayuntamientos de municipios sin Oficina General podrán solicitar al Ministerio de Justicia que les habilite las conexiones necesarias, para que los ciudadanos puedan presentar solicitudes y documentación. Cambio de nombres y apellidos La regularización ortográfica de los apellidos puede ahora realizarse a cualquiera de las lenguas oficiales correspondientes al origen o domicilio del interesado y la adecuación gráfica a dichas lenguas de la fonética de apellidos extranjeros. Con anterioridad, solo abarcaba al castellano. Art. 53.4. Cabe el cambio de nombre y apellidos mediante expediente en casos de violencia machista, como medida de protección de la víctima. o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia. Puede llegarse incluso a un cambio total de identidad por razones de urgencia o seguridad. Art. 54 y 55. Expediente matrimonial La regulación del expediente matrimonial, recogida en el artículo 58, tan sólo sufre una pequeña, pero importante, modificación en su apartado 3º que dice: «3. El procedimiento finalizará con una resolución en la que se autorice o deniegue la celebración del matrimonio. La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento en el que se funda la denegación.» Las diferencias con la redacción anterior son las siguientes: – Se sustituye la palabra “expediente” por “procedimiento”. – Desaparece la referencia a, que quien ha de resolver, sea el secretario del Ayuntamiento. Los notarios ya son competentes para este procedimiento, que, de resolverse favorablemente, se formalizará en acta matrimonial, previa a la escritura de matrimonio. Si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil (arts. 51 y ss. del Código Civil, en su nueva redacción). Separación, nulidad y divorcio Se producen estos cambios en la regulación de su inscripción, según el art. 61: – El notario que hubiera autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio, deberá enviar testimonio o copia electrónica a la Oficina General del Registro Civil, el cual deberá hacerse el mismo día o el siguiente hábil, tanto en el caso del notario como del LAJ. – Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el Registro Civil. Nacionalidad y vecindad civil Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 68: «3. Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, conservación o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, podrán realizarse ante el Encargado del Registro Civil, Notario, o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil.» Libros de Familia A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no se expedirán más Libros de Familia. Los expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 (los hechos y circunstancias que en ellos constan conforme al RRC están certificados) y 75 LRC de 8 de junio de 1957 (la entrega implica certificación de matrimonio). La novedad de 2021 consiste en que en ellos ya no se seguirán efectuando los asientos previstos en los artículos 36 a 40 RRC de 1958 (régimen económico, hijos, fallecimiento, divorcio o separación…) por desaparición de ese párrafo. D. Tr. 3ª. De esta manera, quedara una situación intermedia actual en la que ya no se expiden nuevos libros de familia ni se anota nada en los ya existentes, mientras no se encuentre vigente el código personal, con el que se anudarán las inscripciones que se practiquen relativos a la misma persona. Por ello, hasta que las aplicaciones informáticas entren en servicio, la D.TR. 4ª regula, esta, esperemos, “transitoria situación”, que durará hasta que la DGSJFP dicte una resolución que apruebe la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Mientras tanto, los Encargados de las Oficinas del Registro Civil practicarán los asientos en los libros y secciones previstos en la Ley de 1957, y no resultará de aplicación lo previsto en esta Ley respecto del código personal. Mantendrán sus tareas y funciones de Registro civil según lo previsto en el artículo 2.2 LOPJ (funciones de Juzgados y Tribunales) y artículos 10 a 22 LRC de 1957 (estructura hasta ahora del Registro Civil), las mismas personas y continuará aplicándose el artículo 27 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil), con carácter provisional por la Disposición Derogatoria, que se modifica al efecto. Para la tramitación de procedimientos, expedición de publicidad y práctica de asientos serán competentes las Oficinas del Registro Civil que lo vinieran siendo conforme a las reglas previstas en los artículos 15 a 19 LRC de 1957. Entrada de las aplicaciones informáticas en servicio Conforme a la D.TR.8ª, una vez hayan entrado las aplicaciones informáticas en servicio, quedarán suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, hayan venido ejerciendo funciones de Registro Civil Exclusivo y de Registro Civil Central y, en su lugar, se crearán las Oficinas Generales de Registro Civil y la Oficina Central de Registro Civil. En las demás poblaciones sedes de la capital de un partido judicial, los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción que han venido realizando las funciones de Registro Civil continuarán realizándolas, igualmente en calidad de Oficinas Generales de Registro Civil. Los letrados de la Administración de Justicia que estén prestando servicios en el Registro Civil Central o en los Registros Civiles Exclusivos, y los que tengan asignadas funciones de Registro Civil en los Juzgados, pasarán a desempeñar las funciones de Encargados del Registro Civil, compatibilizándolas con las propias del cargo de LAJ de la oficina judicial a la que hubiere estado adscrito el Registro Civil. El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia continuará desarrollando sus funciones respectivas de Registro Civil, compatibilizándolas, en su caso, con las que ejerza dentro de la Administración de Justicia en la oficina judicial a la que estuviera adscrito el Registro Civil. Según la D.TR.10ª, los Jueces y Magistrados que se encuentren prestando servicios con destino definitivo como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central, podrán optar por mantenerse ejerciendo dichas funciones en situación de servicios especiales en la Carrera Judicial. En caso contrario, quedarán en situación de adscritos provisionalmente a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, hasta por dos años. Cambios terminológicos y de remisión – Letrado de la Administración de Justicia, por el anterior Secretario Judicial – Procedimiento, por expediente – Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la anterior DGRN. – Ley 39/2015, de 1 de octubre, PAC y RJAAPP,  por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre – En cuanto a Resoluciones judiciales en los expedientes en tramitación, las menciones, en la Ley de 1957 y su Reglamento  a Autos y Providencias, se entenderán referidas a resoluciones del Encargado del Registro Civil. D. Tr. 11ª. – Encargado del Registro Civil, por Jueces o Magistrados encargados del Registro Civil. D.F. 2ª – En cuanto al expediente y celebración del matrimonio, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular, por juez, alcalde o funcionario. D. F.2ª.2 Artículos del Código Civil reformados y derogados La Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria modificó la D.F. 21ª (entrada en vigor) de la de Jurisdicción Voluntaria. Los artículos del Código Civil que han sido reformados y que han entrado en vigor,  el 30 de abril de 2021.– Artículo 49: ante quién puede contraer matrimonio un español.– Artículo 51: autoridades competentes para el expediente previo y para la celebración del matrimonio– Artículo 52: competencia para matrimonios en peligro de muerte.– Artículo 53: efectos del matrimonio ante autoridad incompetente– Artículo 55: matrimonio por apoderado– Artículo 56: capacidad e impedimentos en el expediente matrimonial– Artículo 57: autoridad que celebrará el matrimonio– Artículo 58: contenido de la celebración– Artículo 62: documento público que recoge el matrimonio– Artículo 65: matrimonio sin expediente o acta previa– Artículo 73: casos de matrimonio nulo. También queda definitivamente derogado el TÍTULO XII del Libro I «Del Registro del estado civil», artículos 325 al 332. Aunque se deroga la Ley de 1957, se mantiene en cuanto a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias 3ª, 4ª y 5ª de la nueva Ley (valor del libro de familia, asientos mientras no se aprueben las aplicaciones y publicidad de datos no digitalizados). En definitiva, y según manifiesta el Ministerio de Justicia esta Ley supondrá "un paso más en la modernización del servicio público de Justicia", ya que convierte el Registro Civil en un Registro individual donde se inscribirán todos los hechos y actos que afecten a una persona a lo largo de su vida, siendo una apuesta clara y decidida para la modernización de un servicio público, esencial para la ciudadanía”.

  • Desarrollo reglamentario de la gestión del IVA derivado del comercio electrónico
    el día 14/07/2021 a las 9:26 am

    Deben distinguirse en las novedades que incluye este RD 424/2021, aquellas que se refieren a la tributación de las ventas a distancia de bienes, las relativas a la opción por tributar en destino, y las referidas a los regímenes especiales de ventanilla única. Además, se incluyen otras novedades que afectan a la devolución del IVA a empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, a las declaraciones de IVA a la importación, al Reglamento de Facturación, y al RGAT, estas tres últimas relacionadas también con los tres primeros grupos de novedades Deben distinguirse en las novedades que incluye este RD 424/2021, aquellas que se refieren a la tributación de las ventas a distancia de bienes, las relativas a la opción por tributar en destino, y las referidas a los regímenes especiales de ventanilla única. Además, se incluyen otras novedades que afectan a la devolución del IVA a empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, a las declaraciones de IVA a la importación, al Reglamento de Facturación, y al RGAT, estas tres últimas relacionadas también con los tres primeros grupos de novedades. La entrada en vigor de las modificaciones se hará de manera simultánea a la entrada en vigor de las modificaciones en la Ley del IVA, el 1 de julio de 2021. Entre otros aspectos: Se desarrollan (i) las condiciones y efectos del ejercicio de la opción por la aplicación de los regímenes especiales, (ii) su renuncia voluntaria y exclusión y (iii) sus efectos. Se regulan las obligaciones formales y de información a las que quedan obligados los sujetos pasivos afectados. En el régimen de importación, además, se regulan las condiciones y requisitos que se deberán cumplir cuando se actúe mediante intermediario. Se introducen las normas de desarrollo necesarias para la modalidad especial de declaración, liquidación y el pago del importe del IVA correspondiente a las importaciones realizadas durante un mes natural, en los supuestos de ventas a distancias de bienes importados en los que no se opte por la utilización del régimen de importación. Se ajustan los procedimientos de devolución del impuesto soportado en el territorio de aplicación del impuesto por (i) empresarios o profesionales no establecidos, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y por (ii) empresarios o profesionales no establecidos en ninguno de dichos territorios, tanto en lo referente a la regulación de los nuevos regímenes especiales de ventanilla única, como en lo relativo a la regulación de los periodos e importes mínimos a los que se puede referir la solicitud de devolución. Finalmente, se ajusta la normativa de facturación en relación con la nueva regulación de comercio electrónico en el IVA. 1. Modificación del reglamento del IVA A. Definición de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros: transporte por el proveedor (artículo 1 RIVA) Se establece por remisión a la normativa comunitaria, determinados casos en los que el proveedor ha intervenido de manera indirecta en el transporte de los bienes, considerando que los bienes han sido transportados por él mismo o por su cuenta a los efectos de tributar la entrega como venta intracomunitaria a distancia o venta a distancia de bienes importados. En concreto, el artículo 5 bis del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 señala: cuando el proveedor subcontrate la expedición o el transporte de los bienes a un tercero que los entregará físicamente al cliente; cuando un tercero se encargue de la expedición o el transporte de los bienes, pero el proveedor asuma toda o parte de la responsabilidad por la entrega física de los bienes al cliente; cuando el proveedor facture y cobre las tasas de transporte al cliente y las remita ulteriormente a un tercero que se encargará de organizar la expedición o el transporte de los bienes; cuando el proveedor contribuya por cualquier medio a los servicios de entrega de un tercero al cliente, ponga en contacto al cliente y a un tercero o facilite de cualquier otra forma a un tercero la información necesaria para la entrega de los bienes al consumidor. No se considerará que los bienes han sido expedidos o transportados por el proveedor o por su cuenta cuando el cliente transporte él mismo los bienes o cuando el cliente organice la entrega de los bienes con un tercero y el proveedor no intervenga de manera directa o indirecta para organizar o contribuir a organizar la expedición o el transporte de dichos bienes. B. Interfaces digitales: condiciones para facilitar una entrega de bienes o prestación de servicios y obligaciones de registro (artículos 1.bis y 62 bis) Se establece por remisión a la normativa comunitaria, las circunstancias que deben cumplirse para considerar que un empresario o profesional facilita una entrega de bienes o una prestación de servicios utilizando una interfaz digital. En concreto, de acuerdo con los artículos 5 ter y 54 ter del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 se entenderá por "facilitar" la utilización de una interfaz electrónica a fin de que un cliente y un proveedor que ofrezca servicios o ponga bienes a la venta a través de la interfaz electrónica puedan entablar un contacto que dé lugar a una entrega de bienes o una prestación de servicios a través de esa interfaz electrónica. No obstante, un empresario no facilitará una entrega de bienes o prestación de servicios si se cumplen todas las condiciones siguientes: cuando no establezca, de manera directa o indirecta, los términos y condiciones en que se efectúa la entrega o prestación; cuando no intervenga, de manera directa o indirecta, en la autorización del cobro al cliente de los pagos efectuados; cuando no intervenga, de manera directa o indirecta, en el pedido o la entrega de bienes o en la prestación de servicios. Cuando la interfaz digital facilite la entrega de bienes o prestación del servicio tendrá la obligación de llevar un registro de dichas operaciones lo suficientemente detallado para permitir a la Administración tributaria del Estado miembro de consumo comprobar si el impuesto se ha declarado correctamente y su contenido deberá incluir: El nombre, la dirección postal y electrónica o el sitio web del proveedor y si están disponibles el NIF-IVA o el número nacional de identificación fiscal del proveedor, su número de cuenta bancaria o el número de la cuenta virtual; Una descripción de los bienes, su valor, el lugar de llegada del transporte, junto con el momento de la entrega; El número de pedido o el número único de transacción si se encuentran disponibles. Este registro deberá estar por vía electrónica, previa solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados y se mantendrá por un período de 10 años. C. Lugar de realización de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios: opción por la no sujeción (artículo 22 RIVA). Para reducir las cargas administrativas y tributarias para las microempresas establecidas en un único Estado miembro que realizan de forma ocasional entregas de bienes o prestan servicios a consumidores finales establecidos en otros Estados miembros, que suponía tributar por estas operaciones en el Estado miembro de consumo, se ha establecido un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite que, mientras no se rebase dicho importe, las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y los prestados por vía electrónica estarán sujetas al IVA del Estado miembro de establecimiento del proveedor. En todo caso, dichos empresarios o profesionales podrán optar por la tributación en el Estado miembro de consumo, aunque no hayan superado dicho umbral. Para ello, se establece como condición justificar ante la Administración tributaria que tanto las entregas realizadas como los servicios efectuados han sido declarados en otro Estado miembro, salvo que tributen a través de la ventanilla única. Esta justificación podrá efectuarse, en particular, mediante la presentación de los justificantes de declaración-liquidación o de ingreso del IVA devengado o adeudado. Las opciones deberán ser reiteradas por el empresario o profesional una vez transcurridos dos años naturales, quedando, en caso contrario, automáticamente revocadas D. Devengo: aceptación del pago del cliente (artículo 23 bis). Se establece por remisión a la normativa comunitaria, el momento en que se entiende aceptado el pago del cliente para determinar el devengo de las ventas a distancia de los bienes importados, así como el correspondiente a las entregas efectuadas del proveedor a la interfaz digital y de ésta al consumidor final cuando se la considera sujeto pasivo. En concreto, según los artículos 41 bis y 61 ter del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, se entenderá que el momento en que se acepta el pago es el momento en que la confirmación del pago, el mensaje de autorización del pago o un compromiso de pago del cliente, lo que ocurra primero, son recibidos por el proveedor, o por su cuenta, con independencia del momento en que se realice el pago efectivo de dinero. E. Regímenes especiales de ventanilla única: opción, renuncia, exclusión, obligaciones formales y de información (Capítulo IX del Título VIII RIVA). E.1. Opción (artículo 61 terdecies RIVA): La opción por alguno de los regímenes especiales de ventanilla única se realizará a través de la presentación, en el Estado miembro de identificación, de la correspondiente declaración de inicio y surtirá efecto: Régimen exterior de la Unión y régimen de la Unión: A partir del primer día del trimestre natural siguiente a la presentación. Ejemplo: si opta el 21 de junio tendrá efectos el 1 de julio. Régimen de importación: desde el día en que se haya asignado al empresario o intermediario el número individual de identificación para este régimen. No obstante, en el régimen exterior de la Unión o el régimen de la Unión, se permite iniciar las operaciones aplicando estos regímenes sin la previa presentación de la declaración de inicio, siempre y cuando ésta se presente a más tardar el décimo día del mes siguiente. E.2 Renuncia (artículo 61 terdecies RIVA): La renuncia voluntaria a cualquiera de los regímenes especiales de ventanilla única se realizará a través de la presentación, en el Estado miembro de identificación, de la correspondiente declaración de cese y surtirá efecto: • Régimen exterior de la Unión y régimen de la Unión: al menos 15 días antes de finalizar el trimestre anterior a aquel en que deje de utilizarse. Ejemplo: para dejar de aplicarlo en el cuarto trimestre, el plazo máximo para renunciar será hasta el 15 de septiembre. Efectos: 1 de octubre. • Régimen de importación: al menos 15 días antes de finalizar el mes anterior a aquel en que deje de utilizarse. Ejemplo: para dejar de aplicarlo en el mes de agosto, el plazo máximo para renunciar será hasta el 15 de julio. Efectos: 1 de agosto Caso particular: reestructuración empresarial Cuando el empresario establecido en la Comunidad traslade la sede de su actividad económica de un Estado miembro a otro o deje de estar establecido en el Estado miembro de identificación, pero continúe establecido en la Comunidad, podrá presentar la declaración de cese en el Estado miembro de identificación en el que deje de estar establecido y presentar una nueva declaración de inicio en un nuevo Estado miembro en la fecha en que se produzca el cambio de sede o de establecimiento permanente. El cambio de Estado miembro de identificación surtirá efecto desde la fecha en que se produzca el cambio de sede o de establecimiento permanente, siempre y cuando el empresario presente dichas declaraciones a más tardar el décimo día del mes siguiente. E.3. Exclusión (artículo 61 quaterdecies RIVA): La exclusión de un empresario de cualquiera de los regímenes especiales se adoptará exclusivamente por el Estado miembro de identificación, cuya decisión deberá comunicarse a dicho empresario por vía electrónica y surtirá efecto: - Régimen exterior de la Unión y régimen de la Unión: a partir del primer día del trimestre siguiente a la fecha de la comunicación. - Régimen de importación: a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la comunicación, salvo que la exclusión derive del incumplimiento reiterado de las normas de este régimen, en que surtirá efectos a partir del día siguiente a la fecha de la comunicación. Son causas de exclusión: - La presentación de la declaración de cese por haber dejado de realizar operaciones en régimen OSS-IOSS (plazo: hasta el 10 del mes siguiente). - La no realización de las operaciones a que se refieren los regímenes especiales en ningún Estado miembro de consumo durante un período de dos años. - El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes especiales. - El incumplimiento reiterado de las obligaciones de los regímenes (entre otros, la falta de presentación de la declaración o su pago durante tres períodos de declaración, incumplimiento de la puesta a disposición de los registros por vía electrónica previo requerimiento, importación de bienes con valor intrínseco superior a 150 euros) - El intermediario deja de representar al proveedor extracomunitario en el régimen de importación (IOSS). Por otra parte, el acuerdo de exclusión del intermediario en el régimen de importación (IOSS) supone la exclusión en el régimen de los empresarios por cuya cuenta actuaba. Los empresarios que hayan sido excluidos del régimen exterior de la Unión o del régimen de la Unión deberán satisfacer directamente ante las autoridades del Estado miembro de consumo todas las obligaciones en relación con el IVA por las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que se generen después de la fecha en que se haya hecho efectiva la exclusión. E.4. Obligaciones formales y de información. E.4.1 Obligaciones de registro (artículo 61 sexiesdecies RIVA): Los empresarios acogidos al régimen exterior de la Unión (OSS) tendrán la obligación de llevar un registro de dichas operaciones lo suficientemente detallado para permitir a la Administración tributaria del Estado miembro de consumo comprobar si el impuesto se ha declarado correctamente y su contenido deberá incluir: • Estado miembro de consumo • Tipo de prestación de servicios realizada o la descripción y la cantidad de los bienes entregados • Fecha de realización de la operación • Base imponible, tipo e importe adeudado del impuesto (indicación de moneda) • Cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible • Fecha e importe de los pagos recibidos • Anticipos • Información contenida en la factura en caso de emisión • Información utilizada para determinar el lugar de establecimiento del cliente en prestaciones de servicios y el lugar donde comienza y termina el transporte • Cualquier prueba de posibles devoluciones de bienes, incluida base y tipo. El contenido del registro en el caso de los empresarios o intermediarios acogidos al régimen de importación (IOSS) es el siguiente: • Estado miembro de consumo • Descripción y la cantidad de los bienes entregados • Fecha de entrega de los bienes • Base imponible, tipo e importe adeudado del impuesto (indicación de moneda) • Cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible • Fecha e importe de los pagos recibidos • Información contenida en la factura en caso de emisión • Información utilizada para determinar el lugar donde comienza y termina el transporte • Cualquier prueba de posibles devoluciones de bienes, incluida base y tipo • Número de pedido o número único de transacción • Número único de expedición cuando el empresario intervenga directamente en la entrega Este registro deberá estar disponible por vía electrónica de forma inmediata tanto para el Estado miembro de identificación como para los de consumo. E.4.2 Obligaciones de información (artículo 61 quinquiesdecies RIVA) El empresario deberá presentar una declaración de modificación al Estado miembro de identificación ante cualquier cambio en la información proporcionada al mismo, que se presentará a más tardar el décimo día del mes siguiente. E.4.3. Libros registro de IVA (artículo 62.2 RIVA) Los empresarios deberán registrar las operaciones correspondientes a los regímenes especiales de ventanilla única en sus Libros registro de IVA, al no encontrarse entre los regímenes exceptuados de su llevanza. Esto será también aplicable para los empresarios que lleven los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación (SII). F. Condiciones y requisitos para actuar como intermediario (artículo 61 septiesdecies RIVA): Se establecen las siguientes condiciones para que un operador pueda actuar en España como intermediario en el régimen de importación (IOSS): • Disponer de número de identificación fiscal. • Estar establecido en el territorio de aplicación del impuesto. • No haber sido condenado o sancionado, dentro de los cuatro años anteriores por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o de una infracción tributaria grave, en relación con su actividad económica, en virtud de sentencia o resolución administrativa firme. • Solvencia financiera (no estar incurso en un procedimiento concursal, pago de sus deudas aduaneras y tributarias durante los cuatro años anteriores, capacidad financiera suficiente para cumplir sus obligaciones comerciales). Se presumirá el cumplimiento de estos requisitos cuando el operador tenga la condición de Operador Económico Autorizado de acuerdo con la normativa aduanera. G. Modalidad especial de declaración, liquidación y pago del IVA ante la Aduana cuando no se opte por IOSS (artículo 74.1 RIVA): Se establecen los siguientes requisitos para que la persona que presente los bienes en la Aduana por cuenta del importador pueda optar por la modalidad especial de declaración y pago: - Haber acreditado la condición de presentador de mercancía por cuenta del importador ante la Aduana. - Presentación de una declaración mensual referida a todas las mercancías importadas por cuenta de los importadores. - Llevar un registro de las operaciones que contendrá por cada mes natural información sobre cada envío. En estos casos el tipo es el 21% independientemente del producto. El registro deberá estar por vía electrónica, previa solicitud, a disposición de la Administración tributaria y se mantendrá por un período de 4 años a partir del final del año en que se haya realizado la operación. 2 Devolución del IVA a no establecidos (artículos 31 y 31 bis RIVA): Con efectos 1 de julio, se modifica el Reglamento del Impuesto para ajustar los procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, así como el procedimiento de devolución a determinados empresarios o 11 profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, tanto en lo referente a la regulación de los nuevos regímenes especiales de ventanilla única, como a un ajuste más preciso a la normativa comunitaria aplicable de regulación de los periodos e importes mínimos a los que puede referirse la solicitud de devolución. Así, se admiten las solicitudes de devolución que comprendan cuotas soportadas en un período no superior al año natural ni inferior a tres meses con un importe mínimo de 400 euros, frente a la regulación anterior que únicamente admitía el período anual o trimestral. No obstante, la solicitud podrá comprender las cuotas soportadas en un período inferior a tres meses cuando dicho período constituya lo que resta del año natural. En este caso, el importe mínimo son 50 euros. 3. Modificación del reglamento de facturación El artículo segundo modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, para ajustar la obligación de expedir factura conforme al artículo 2 a la nueva regulación de comercio electrónico en el IVA. De esta forma, dicha obligación dependerá de la regulación del Estado miembro de identificación, debiendo emitirse factura por las operaciones a las que se apliquen los regímenes de ventanilla única cuando España sea el Estado miembro de identificación Los cambios son: • Se modifica el artículo 2 (además de un ajuste técnico para citar correctamente la Ley 39/2015) precisamente para ajustar a la nueva regulación del comercio electrónico en el IVA los supuestos en los que la obligación de expedir factura debe ajustarse a las normas contenidas en el propio reglamento. De esta forma se deberá expedir factura y copia de esta en todo caso en las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres a) y cinco de la LIVA (ventas a distancia) cuando, por aplicación de las reglas contenidas en este precepto legal se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto español. Si a estas entregas les resulta aplicable el régimen especial de la Unión, y el Estado miembro de identificación no sea España, será el Estado de identificación quien determine si existe obligación de expedir factura. • La obligación de expedir factura se ajustará a las normas establecidas en el Reglamento de Facturación, además de los supuestos que hasta ahora se recogían en el apartado 3 del artículo 2, a las operaciones a las que resulten aplicables los regímenes especiales anteriormente señalados, cuando sea España el Estado miembro de identificación. • No podrá expedirse factura simplificada respecto de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) de la LIVA (ventas a distancia) salvo cuando les resulte aplicable el régimen especial de la Unión. 4. Modificación del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria (RGAT) El artículo tercero modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en materia de censos tributarios para incorporar de forma expresa la opción y revocación a la tributación en el Estado miembro de destino para aquellas microempresas que establecidas en un único Estado miembro no hayan rebasado el umbral común a escala comunitaria de 10.000 euros anuales de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y los prestados por vía electrónica a consumidores finales en Estados miembros donde no estén establecidas.

  • El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional
    el día 06/07/2021 a las 10:00 pm

    En este artículo se analizarán las características propias del Crédito Documentario que lo convierten en un instrumento ampliamente utilizado en la compraventa internacional, sus modalidades, así como las ventajas e inconvenientes para las partes intervinientes. Características del crédito documentario El crédito documentario constituye la forma de pago más habitual en el ámbito del comercio internacional. Surge como consecuencia de la internacionalización de las transacciones comerciales y supone un mecanismo de garantía en las relaciones entre importador y exportador, todo ello al objeto de superar la desconfianza y los riesgos comerciales entre las partes. Se puede definir el crédito documentario como un acuerdo en cuya virtud la entidad emisora del crédito, siguiendo las instrucciones del ordenante (importador), se compromete frente al beneficiario del crédito (exportador), al pago del mismo a través del banco designado. El cumplimento puede ser el pago de una determinada cuantía contra la presentación de unos documentos dentro del plazo de validez establecido y todo ello conforme a los términos y condiciones establecidos. Su regulación internacional se rige por las Reglas Usos Uniformes relativas a los Créditos Documentarios (RUURCD), cuyas reglas se publican a través de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La versión más actualizada de dichas reglas se contiene en la publicación nº 600 de la CCI relativa al uso de los créditos documentarios. Al crédito documentario también se le denomina en terminología anglosajona “Letter of Credit” o “L/C”, cuya traducción más usual es Carta de Crédito. De este modo, la figura del crédito documentario ofrece un mecanismo internacionalmente aceptado para alcanzar compromisos comerciales, dado que la operativa del crédito documentario está respaldada por las entidades de crédito que intervienen. La clave de la eficacia del crédito documentario radica en la existencia de un compromiso firme de pago (o alternativamente la aceptación de efectos comerciales para su negociación), por parte de una entidad de crédito emisora siempre que se cumpla el condicionado del crédito, por lo que dicha garantía suple los riesgos propios de una operativa comercial de carácter transnacional. En cuanto a las partes que habitualmente suelen participar en la operativa de un crédito documentario, son las siguientes:  Ordenante: Es una persona física o jurídica (usualmente un importador) con operativa comercial que solicita de una entidad bancaria la apertura de un crédito documentario, precisando las condiciones del mismo. Para ello asume un compromiso de pago, siempre que el beneficiario cumpla con los términos y condiciones establecidos  Beneficiario: Es la contraparte (exportador), a cuyo favor se emite el crédito documentario y se le otorga por parte de la entidad emisora un compromiso de pago, aceptación o negociación de efectos comerciales, conforme a los términos contenidos en el crédito documentario  Banco emisor: Es una entidad de crédito que emite el crédito documentario a instancia del ordenante y recogiendo sus indicaciones en el clausulado del crédito. Dado que otorga una garantía al beneficiario del crédito, debe efectuar un análisis del riesgo de la operación y de la solvencia del ordenante.  Otros intermediarios: Adicionalmente a la intervención del banco emisor, pueden participar otras entidades bancarias que pueden asumir otras funciones. Así, pueden existir otros intermediarios: Banco avisador: notifica el crédito al beneficiario a petición del banco emisor, en cuyo caso interviene una entidad establecida en el país del beneficiario Banco confirmador: Añade un compromiso en firme de pago adicional del banco emisor, siempre que los documentos establecidos cumplan con el condicionado del crédito documentario Banco pagador: Se trata de una entidad bancaria en la que el banco emisor delega para efectuar el pago, aceptación o negociación de los documentos emitidos según los términos del crédito documentario Operativa del crédito documentario. cláusulas habituales Tal como se ha indicado anteriormente, el crédito documentario constituye una operativa que otorga certeza al tráfico internacional supliendo los riesgos que puedan existir entre las partes mediante la intervención principal de una entidad bancaria que otorga dicha confianza y verifica asimismo el cumplimiento de los documentos y términos establecidos en el crédito documentario. Gráficamente, se puede representar las diferentes actuaciones o fases en la operativa de un crédito documentario: Como puede observarse, el elemento principal en la operativa radica en la actuación del banco emisor, ya que a través de su actuación (y de otras entidades complementarias, tal como el banco avisador y confirmador en su caso) articulan un mecanismo de confianza entre las partes. Otro elemento esencial lo constituye la estandarización de las Reglas y Usos Uniformes relativas a los Créditos Documentarios. El marco legal se contiene en la denominada publicación 600 del año 2007 . Se trata de una regulación privada en el ámbito internacional que no está contenida en una norma legal específica, pero que tiene amplia aceptación y constituye el estándar de funcionamiento de los créditos documentarios a nivel internacional. Dicha operativa se complementa con el uso de los denominados “Incoterms”. Se trata de usos y reglas que define asimismo la CCI. Establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales relativos a los contratos internacionales de compraventa. Mediante dichos términos se concretan los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en tales contratos internacionales, todo ello en relación con la entrega de las mercancías. La última revisión de los Incoterms es del año 2020. Los datos que usualmente debe remitir el ordenante al banco emisor para la apertura de un crédito documentario y que habrá pactado previamente con el proveedor, son los siguientes: - Importe del crédito y moneda de pago - Tipología del crédito documentario: confirmado, transferible o endosable, con anticipos en su caso - Forma de pago: A la vista o con pago diferido - Descripción de las mercancías - Fecha de presentación máxima de los documentos - Fecha límite de embarque de las mercancías - Conjunto de documentos requeridos: Facturas, “packing list”, documento de transporte, certificado de origen, certificado seguro de transporte, certificado de calidad/cantidad, instrumentos de giro y otros documentos especiales (certificado inspección mercancía, certificado peso, etc.) - Transbordos: debe especificarse si está permitido el cambio de transporte de la mercancía - Admisión de embarques parciales - Tolerancia del importe de la factura - Lugar de origen y destino de las mercancías, así como el puerto de carga y descarga La correcta especificación de las condiciones anteriores resulta esencial para evitar eventuales discrepancias futuras que dificulten el funcionamiento del crédito documentario. Por ello, resulta preciso que previamente exista una correcta concreción de tales cláusulas entre las partes para, a continuación, comunicarlas al banco emisor y concretarlo en el contenido del crédito documentario. Ventajas e inconvenientes del crédito documentario El crédito documentario constituye un medio de pago específico ampliamente difundido en el ámbito del comercio internacional de mercancías. A continuación, se exponen de forma sumaria las principales ventajas e inconvenientes de su uso para las partes intervinientes: A) Exportador: Las principales ventajas para el exportador son: - Garantiza el cobro de la venta de la mercancía, previa presentación de los documentos requeridos - Permite la financiación de la venta ante la existencia de un crédito documentario - Incrementa el acceso a nuevos mercados internacionales disminuyendo el riesgo comercial En cuanto a los principales inconvenientes, se puede señalar en primer lugar la mayor complejidad de la transacción al exigírsele que entregue una serie de documentos para evitar discrepancias. Sin embargo, ello permite una seguridad en el pago al intervenir un tercero que aporta dicha garantía. Adicionalmente, el crédito documentario suele ser algo más oneroso en cuanto a comisiones bancarias en relación con otros medios de pago, al intervenir usualmente entidades bancarias que acompañan al exportador en la transacción. B) Importador: En cuanto a las ventajas para el importador, las más relevantes son: - Aseguramiento del envío de la mercancía con carácter previo a efectuar el pago de la misma - Imagen de solvencia ante el proveedor. La apertura de un crédito documentario por parte de una entidad bancaria supone un respaldo por parte de una entidad bancaria que eleva la imagen de solvencia frente a terceros - Derivado de lo anterior, dicha solvencia y garantía otorgada por un tercero, le puede permitir una mejor negociación de las condiciones comerciales frente a sus proveedores En cuanto a los inconvenientes que un crédito documentario, se suelen señalar los siguientes: - La necesidad de aprobación de la operación previamente por parte de una entidad bancaria supone prolongar el plazo de ejecución de la transacción comercial. No obstante, ello puede atenuarse si se ha negociado previamente una línea o límite de operaciones de crédito documentario que supone una operativa automática una vez se cuenta con un límite máximo - Dado que la entidad emisora no revisa explícitamente las mercancías, resulta preciso determinar previamente los documentos que se solicitarán y los terceros intervinientes (empresas de transporte, certificadores, aduanas) que verifiquen las especificaciones requeridas sobre las mercancías adquiridas El crédito documentario constituye un instrumento o medio de pago ampliamente utilizado en el comercio internacional, dado que permite reducir la incertidumbre y riesgo de las operaciones. Resulta preciso determinar entre las partes con carácter previo a su utilización los términos y condiciones que se exigirán al objeto de que cumpla su función esencial consistente en la disminución del riesgo en el comercio internacional.

  • El ERTE y el pago de vacaciones ¿Qué debemos hacer?
    el día 10/06/2021 a las 7:07 am

    Se acerca las vacaciones estivales del 2021, marcadas al igual que el pasado año por una situación excepcional derivada de la pandemia. Cómo afecta en el caso del trabajador que ha sido afectado por un ERTE durante el 2021 y/o 2020 y que puede impactar tanto sobre la cuantía de la paga extra, como sobre el número de días de vacaciones que los trabajadores puedan tener pendientes. A fecha de hoy, aún existen empresas y trabajadores afectados por los ERTES, ya sean de Fuerza mayor, impedimento, limitación o ETOP y prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2021. Ante esta situación, se acerca las vacaciones estivales del presente 2021, marcada al igual que el pasado año por una situación excepcional derivada de la pandemia. En ambos casos, si el trabajador ha sido afectado por un ERTE durante el 2021 y/o 2020 puede impactar tanto sobre la cuantía de la paga extra, como sobre el número de días de vacaciones que los trabajadores puedan tener pendientes. El derecho de las vacaciones Las vacaciones son un periodo de descanso durante el cual la persona trabajadora continúa recibiendo su salario, aunque no preste servicio efectivo. Se trata de un derecho indisponible, reconocido tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de los trabajadores, cuyo disfrute no puede sustituirse por compensación económica salvo en caso de extinción de la relación laboral. Este derecho aparece asimismo consagrado en derecho europeo, a través de la Directiva 2003/88 y reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante “TJUE”) como un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto del cual no pueden establecerse excepciones. El artículo 38 del Estatuto del Trabajador establece que el período anual de vacaciones no podrá ser inferior a 30 días naturales, lo que supone 2,5 días naturales de vacaciones al mes, salvo lo que establezca el convenio colectivo de aplicación. El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante “OIT”) núm. 132 dice en su art.3.3 que «Las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborales por un año de servicios» y en el artículo 4.1 expresa la regla de la proporcionalidad de modo claro  «Toda persona cuyo período de servicios en cualquier año sea inferior al requerido para tener derecho al total de vacaciones prescrito en el artículo anterior tendrá derecho respecto de ese año a vacaciones pagadas proporcionales a la duración de sus servicios en dicho año». Los convenios colectivos también suelen hablar de las vacaciones «anuales». Esta calificación o módulo señala la proporcionalidad entre el período de descanso y el período de prestación de servicios, y es importante tener en cuenta este parámetro para saber cómo se aplican en caso de suspensión o reducción de jornada de un trabajador afectado por ERTE.  A mayor abundamiento, como es bien sabido, la empresa puede proponer a la persona trabajadora disfrutar de sus vacaciones, pero no puede imponerlas de manera unilateral. Las vacaciones se deben pactar de común acuerdo, de conformidad con lo establecido el convenio colectivo de aplicación sobre la planificación anual de las vacaciones. Hay que recordar que el derecho al disfrute del periodo vacacional se comunicará al trabajador con al menos dos meses de antelación antes de su disfrute. A falta de acuerdo, la Jurisdicción Social competente, mediante procedimiento sumario y preferente, fijará la fecha correspondiente del disfrute del periodo vacacional de acuerdo con lo establecido en el art. 125 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. La decisión será irrecurrible. Afectación de los trabajadores en un ERTE Al hilo de lo anterior, la afectación de un trabajador a un ERTE puede ser por reducción o suspensión de jornada. Trabajadores afectados por un ERTE de suspensión La norma general es que durante el tiempo que dura el ERTE de suspensión de contrato, el trabajador no genera derecho a vacaciones. Las vacaciones anuales se verán reducidas en función de los días de suspensión. Una vez que la situación vuelva a la normalidad, el trabajador podrá disfrutar de las vacaciones que le corresponden sin contar las devengadas durante el período de duración del ERTE. La justificación jurídica es la regla de proporcionalidad anteriormente descrita en el que el número de días de vacaciones deriva de un único parámetro temporal genérico, que es el año. A mayor abundamiento, la jurisprudencia ha establecido que durante un ERTE de suspensión no se devengan vacaciones, salvo pacto en contrario.  Como señalan los propios Tribunales, que defiende tal proporcionalidad, ya incluso la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, en su artículo 35 preveía que «Cuando el trabajador dejara de prestar sus servicios antes de haber disfrutado el permiso anual retribuido, percibirá la parte proporcional que le corresponda». Por ejemplo, si las vacaciones anuales son 30 días naturales y el empleado ha estado afectado por el ERTE de suspensión durante cuatro meses, ese año sólo tendrá derecho a disfrutar de 20 días (30 días / 12 meses x 8 meses). Esto significa también que, cuando la empresa deba abonar las pagas extraordinarias de verano y de Navidad, podrá reducir de su cuantía la parte proporcional correspondiente al tiempo que haya durado un ERTE. El art.31 ET expresa que el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año. Si un trabajador cobra una de las pagas extras en el mes de junio o julio, ésta se va a ver reducida, ya que durante el tiempo que haya durado el ERTE no habrá generado la misma cantidad. A diferencia, seguramente, de otras anualidades anteriores. Durante el período de suspensión del contrato no se genera la parte proporcional de las pagas extras, al estar el contrato suspendido, pero porque, además, para el cálculo de la prestación de desempleo, el prorrateo de las mismas se integra dentro de la base reguladora de la prestación, computando para la prestación. Como en la base reguladora se incluyen las pagas extraordinarias, es posible que el trabajador no aprecie inicialmente una disminución importante en sus ingresos, aunque, de forma inevitable, las pagas extraordinarias serán inferiores a las normales, pues una parte de ellas estará ya cobrada en la prestación que percibió. Todo lo dicho, sin perjuicio, claro está, de que el empresario mejore el mínimo señalado respecto a ambos conceptos. Suele ser una de las cuestiones objeto de negociación con la representación de los trabajadores y sindicatos si se trata de alcanzar acuerdos que compensen o, al menos, minoren los efectos del ERTE. Advertir que en el supuesto de que la empresa apruebe, por ejemplo, un ERTE de limitación o impedimento de suspensión de contrato mientras la persona trabajadora se encuentra disfrutando de días de vacaciones, estas se interrumpirán y, por tanto, sólo se agotarán los días de vacaciones disfrutados antes del ERTE. La persona trabajadora podrá disfrutar los días de vacaciones pendientes cuando finalice el ERTE y la empresa vuelva a su actividad. Trabajadores afectados por un ERTE de reducción de jornada En caso de un ERTE de reducción de jornada sí se generarán vacaciones durante ese periodo. No obstante, el sueldo a abonar durante las vacaciones se verá reducido en proporción a la reducción de jornada que se haya aplicado. En este caso conviene mencionar la STSJUE de fecha 8 de noviembre de 2012 (C-229/11, C-230/11). Todas las condiciones que regulan un ERTE pueden ser mejoradas en la negociación con los representantes de los trabajadores y la empresa. Por ejemplo, si el empleado ha estado afectado por un ERTE de reducción al 50% durante 4 meses, la retribución que debería percibir al disfrutar las vacaciones ascendería al 83,33% de su retribución normal.  Por otro lado, las pagas extraordinarias están afectadas en la medida en que se extienda la reducción de jornada a lo largo del año natural. En estos supuestos, el salario se reduce en la misma proporción que la jornada, por lo que las pagas extraordinarias también son objeto de reducción en la misma proporción. Vacaciones y confinamiento A modo de cierre del presente artículo, cumple advertir que se han conocido varias sentencias de juzgados de lo social, Melilla y Santander, que conceden a los trabajadores el derecho a disfrutar de sus vacaciones en un momento posterior, si su disfrute coincide con una situación de confinamiento similar al vivido el pasado año 2020 durante el estado de alarma que comenzó el 14 de marzo. Los tribunales interpretan, por analogía, que es una situación similar a aquella en la que coincide un proceso de Incapacidad Temporal con las vacaciones. Es conveniente traer a colación la STJUE de 10 de septiembre de 2009, C-277/08, donde se argumenta que durante el periodo vacacional se trata de permitir que las personas trabajadoras descansen y dispongan de un tiempo de ocio y esparcimiento, estando dentro de la esfera de la protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras por la que debe velar el empleador. Como mencionábamos y como ha venido pronunciándose la doctrina jurisprudencial, el derecho de vacaciones es un derecho irrenunciable, y como establece la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, “La mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”. Por ello, todo trabajador tiene derecho a ese periodo de descanso que constituye las vacaciones, independientemente de que por fuerza mayor no puedan disfrutarse, como es el supuesto de la incapacidad temporal regulado en el 18. 3 del Estatuto de los Trabajadores, donde en un principio, hasta que no hubo pronunciamiento europeo, se consideró que esa causa de fuerza mayor debía de soportarse por el trabajador, algo que no ocurre actualmente con la regulación de ese precepto, artículo 18. 3 ET. La fuerza mayor a la que alude este artículo hace referencia a circunstancias que causen una incapacidad temporal del trabajador que le impida disfrutar con plenitud este tiempo de descanso y desconexión que suponen las vacaciones. Y, por su parte, el artículo 1.575 del Código Civil entiende por caso fortuito extraordinario: el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan podido racionalmente prever. En este sentido, algunos tribunales españoles resuelven reconocer a los trabajadores su derecho a anular, por ejemplo, cuatro días de vacaciones que habían solicitado y habían sido aprobadas, porque coincidieron con el confinamiento general del estado de alarma, y a sustituirlas por otro periodo vacacional.&nbs

  • Modelos de declaración sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal (modelos 234, 235 y 236) y comunicaciones entre particulares (DAC6)
    el día 01/06/2021 a las 10:00 pm

    En un contexto de economía globalizada las empresas y entidades con ramificaciones e intereses en distintas jurisdicciones territoriales disponen de mecanismos para tratar de minimizar la tributación a escala global. Estos mecanismos pueden ser completamente legales y respetuosos con la legalidad vigente, pero en ocasiones también pueden ser más o menos agresivos fiscalmente, y tratar de reducir la carga fiscal, aprovechando su presencia en diversos países y la falta de regulación e información conjunta. Por su parte, las distintas jurisdicciones territoriales, conocedoras de estos mecanismos, en su afán por no sufrir merma en su recaudación, han tratado de dotarse de información y otras herramientas para contrarrestar aquellas estrategias. El proyecto BEPS (por sus siglas en inglés -Erosión de la base imponible y traslado de beneficios-) seguido desde 2013 por la OCDE, encuentra ahora respaldo a escala comunitaria con el establecimiento y el cruce de información automatizada entre los diversos Estados de la Unión Europea. Normativa La Directiva UE 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, fue aprobada el 5 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea, y vino a modificar la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Su transposición al derecho interno ha sido realizada por la ley 10/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la ley 58/2003, General Tributaria de 17 de diciembre. Y su desarrollo reglamentario, mediante el Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. La Orden HAC/342/2021, de 12 de abril ha aprobado los nuevos modelos de declaración, y son: Modelo 234 de “Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”. Modelo 235 de “Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables”. Modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”. Y la Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, aprueba los modelos de comunicación entre los intervinientes y los partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración. Conceptos Después de toda esta verborrea legislativa, y por si aún continuamos leyendo, conviene mencionar algunos conceptos que son imprescindibles para tener bien claro el contenido de las nuevas obligaciones. Señas de identidad, mecanismos transfronterizos, impuestos a los que son aplicables, obligado tributario interesado, intermediario, etc. Mecanismos transfronterizos de planificación fiscal: todo acuerdo, negocio jurídico o esquema u operación transfronteriza en el que concurran determinados requisitos. Un mecanismo podrá incluir, en su caso, una serie de mecanismos y podrá estar constituido por más de una fase o parte. No tendrán la consideración de mecanismo los pagos derivados de la formalización de mecanismos que deban ser objeto de declaración que no tengan una sustantividad propia que obligue a un tratamiento individualizado, sin perjuicio de su declaración como parte del contenido de este último mecanismo. Requisitos: los mecanismos a declarar deben ser transfronterizos y que concurra alguna seña distintiva; será de carácter transfronterizo cuando el mecanismo afecte a más de un Estado miembro, o a un Estado miembro y una tercera jurisdicción fiscal. Los participantes de los mecanismos deben actuar en distintas jurisdicciones fiscales. Mecanismo comercializable: un mecanismo transfronterizo diseñado, comercializado, ejecutable, o puesto a su disposición para su ejecución sin necesidad de adaptación sustancial. Mecanismo a medida: cualquier mecanismo transfronterizo que no sea un mecanismo comercializable. Intermediario: toda persona o entidad que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o que gestione su ejecución. Obligado tributario interesado: (se corresponde con el término contribuyente interesado) cualquier persona o entidad a cuya disposición se haya puesto, para su ejecución, un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o que se dispone a ejecutar o ha ejecutado la primera fase de tales mecanismos. Seña distintiva: una característica o particularidad de un mecanismo transfronterizo que supone una indicación de un riesgo potencial de elusión fiscal. Ámbito material de las nuevas obligaciones: se extiende a todos los impuestos salvo los excepcionados por la propia Directiva 2011/116/UE, básicamente el IVA, impuestos especiales y aranceles. Análisis de los distintos modelos de información 1.- Modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal" Objeto de la obligación: existencia de mecanismo transfronterizo de planificación fiscal. Sujeto obligado: los intermediarios o, subsidiariamente, los obligados tributarios interesados. No deberán presentar la declaración los intermediarios amparados por el secreto profesional, salvo que el obligado interesado les autorice. De existir varios intermediarios, el eximido deberá comunicar dicha circunstancia a los otros intermediarios que intervengan en el mecanismo y al obligado interesado. Cuando la declaración haya sido presentada por uno de los intermediarios, el resto deberá guardar prueba fehaciente de haber sido presentada. Si no existe intermediario, la obligación recae en el obligado tributario interesado, a cuya disposición se haya puesto el mecanismo transfronterizo de planificación fiscal, o que se dispone a ejecutar, o ha ejecutado la primera fase de tales mecanismos. De existir varios obligados interesados, el que realice la presentación deberá comunicarlo al resto y éstos, guardar prueba fehaciente de la comunicación. Contenido de la obligación: a) identificación de los intermediarios y de los obligados interesados; b) información sobre señas distintivas que concurren en el mecanismo objeto de información; c) resumen del contenido del mecanismo con datos de trascendencia tributaria; d) fecha de la primera fase de ejecución, y fecha del nacimiento de la obligación; e) información sobre disposiciones nacionales y extranjeras base del mecanismo; f) valor del efecto fiscal derivado del mecanismo, en términos de deuda tributaria, mencionando el ahorro fiscal; g) Estados afectados por el mecanismo; h) mención de otros afectados. Nacimiento de la obligación: a) día siguiente al que el mecanismo se ponga a disposición para su ejecución; b) día siguiente a aquél en que el mecanismo sea ejecutable; c) momento de ejecución de la primera fase: d) otros casos de intermediarios: día siguiente a aquél en que facilitaron, ayuda, asistencia o asesoramiento; e) otros casos de obligado: cuando reciba la comunicación en plazo. Plazo presentación: treinta días naturales siguientes al nacimiento de la obligación. Régimen transitorio: 1-Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del RGAT, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020, deberán ser objeto de declaración en el plazo de treinta días naturales siguientes a partir del 14 de abril de 2021 (fecha de entrada en vigor de la orden ministerial que aprobó los modelos de declaración). 2-Los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya obligación de declaración haya nacido entre el 1 de julio de 2020 y el 13 de abril de 2021 (día anterior a la entrada en vigor de la orden ministerial que aprobó los modelos de declaración) deberán declararse en el plazo de treinta días naturales siguientes a partir del 14 de abril de 2021. 2.- Modelo 235 de “Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables”. Objeto de la obligación: declaración trimestral de actualización de los datos del mecanismo transfronterizo comercializable, siempre que se haya declarado previamente como mecanismo transfronterizo, modelo 234. Sujeto obligado: el intermediario, siempre que haya sido previamente declarado en modelo 234. Contenido de la obligación: a) identificación del mecanismo actualizado, previamente declarado; b) identificación de los intermediarios y de los obligados interesados; c) fecha de realización o que se va a realizar la primera fase, así como fecha de puesta a disposición del mecanismo comercializable; d) Estados implicados: e) mención de otros afectados. Plazo presentación: mes natural siguiente a finalización del trimestre natural en que se haya puesto a disposición el mecanismo actualizado. Régimen transitorio: La declaración de información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables puestos a disposición, con posterioridad al mecanismo originariamente declarado, entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales siguientes a partir del 14 de abril de 2021. Modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”. Objeto de la obligación: declaración anual sobre la utilización del mecanismo transfronterizo que haya debido de ser declarado previamente. Sujeto obligado: obligado tributario interesado. Contenido de la obligación: a) identificación de los intermediarios y de los obligados interesados; b) identificación del mecanismo actualizado, previamente declarado; c) fecha de utilización del mecanismo; d) cualquier dato modificado en la utilización del mecanismo e) valor del efecto fiscal Plazo presentación: último trimestre del año natural siguiente a aquél en que se haya producido la utilización del mecanismo previamente declarado.