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  • Las claves del Plan de Control Tributario del año 2021
    el día 07/04/2021 a las 9:05 am

    El pasado 1 de febrero fue publicado en el BOE el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021, que forma parte de uno más amplio, el Plan Estratégico 2020-2023, donde se recoge la orientación de la actuación de la Agencia Tributaria en los próximos años y constituye, dada su visión global y su carácter plurianual, el instrumento central de planificación. A continuación se exponen los principales ámbitos de actuación de dicho plan. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA La AEAT siempre ha tenido presente la introducción de mejoras en el cumplimiento tributario a través de la asistencia y la prevención, y por ello el Plan Anual de Control introduce una novedad de relevancia en el ámbito del IRPF que, ya se está publicitando en los medios de comunicación desde hace unos días, como es la creación de una herramienta para predecir errores en la declaración y advertir de los mismos al contribuyente. Esta nueva herramienta hará una selección de contribuyentes que pueden cometer equivocaciones en determinadas casillas del apartado de rendimientos del trabajo, para avisarles de ese eventual error si deciden modificar el borrador que les ofrece la Agencia y evitar así una posible regularización posterior. En la campaña de Renta se incluirán, paralelamente, mejoras en el programa de cartera de valores y en las amortizaciones de inmuebles, al tiempo que se facilitará a pequeños empresarios y profesionales el traslado automático de los libros registro de IRPF a la declaración. También en el ámbito de la asistencia, las directrices del Plan de Control prevén la puesta en funcionamiento efectivo de las Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI). De igual forma, se extenderá el alcance del borrador de IVA a más colectivos, se reforzarán los asistentes de IVA en funcionamiento y se crearán nuevas herramientas de asistencia censal, al tiempo que, en el ámbito de Recaudación, se impulsará un sistema telemático de asistencia en el pago al contribuyente. A continuación, se recogen algunas de las más llamativas herramientas, algunas ya disponibles, con las que la Agencia pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El localizador de entregas de bienes y de prestaciones de servicios que se encuentra ya en funcionamiento y, se continuará su actualización para adecuarse a los cambios de la normativa comunitaria que entrarán en vigor en 2021. Por fin una luz de ayuda es una cuestión muy compleja ya no sólo a los contribuyentes, sino a los profesionales del asesoramiento. El calificador inmobiliario, que indica la tributación de las operaciones de compraventa y arrendamiento de inmuebles por IVA o ITP, quién es la persona que debe ingresar el impuesto y si la factura lleva IVA. La ayuda a la confección de los modelos 303 para arrendadores y 303 básico para autónomos. La calculadora de plazos de modificación de bases imponibles y otras rectificaciones. La calculadora de prorratas, que permite calcular la prorrata general y especial, la regularización anual del porcentaje definitivo, así como la regularización anual y resultante de la transmisión de bienes de inversión. La calculadora de plazos del SII.  PREVENCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS. EL FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE En este apartado, la Agencia quiere diseñar los sistemas de control del censo de forma que el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, derivadas de una correcta cumplimentación de los modelos 036 y 037, se realice de un modo adecuado, apostando por la depuración de los censos, de forma que solo aquellas sociedades que realmente intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal. Asimismo, las actuaciones de depuración del censo permitirán que las acciones de control sobre el cumplimiento de la presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria se dirijan sobre aquellos contribuyentes activos que no hayan cumplido sus obligaciones tributarias, posibilitando una detección más precisa de los incumplimientos y una utilización más eficiente de los recursos que la Agencia Tributaria destina para hacer frente a estas actuaciones. También se intensificará la prevención en materia de Aduanas e Impuestos Especiales y las actuaciones de control en el recinto aduanero se centrarán especialmente a evitar actividades irregulares organizadas para la reducción o eliminación de la tributación. Igualmente se consideran de gran relevancia las actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias y a otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Así, se prevé continuar, en línea con años anteriores, con la política de fomento de los Acuerdos Previos de Valoración en materia de precios de transferencia y reparto de costes o beneficios, tanto de carácter unilateral como, particularmente, los de carácter bilateral y multilateral, en sintonía con lo que sucede en países de nuestro entorno. LA INVESTIGACIÓN Y LAS ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DEL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO Se prevé una intensificación de las visitas de los agentes tributarios a los contribuyentes para 2021, y podrán ser de especial relevancia cuando se destinen a verificar la correcta utilización de inmuebles de titularidad de sociedades, el control de arrendamientos de locales, la correcta situación censal de las actividades desarrolladas en los centros de actividad económica y otras de naturaleza análoga. Todo ello sin perjuicio de continuar con las tradicionales visitas de inspección cuando las circunstancias sanitarias lo posibiliten, tanto para los funcionarios, como para los titulares de las actividades y locales objetos de visita. Asimismo, para 2021: La Agencia Tributaria va a continuar la tarea de comprobación respecto de contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades. Se va a continuar implementando la interacción con los obligados tributarios y sus representantes o asesores con la Inspección sin necesidad del desplazamiento físico a la sede del órgano inspector actuante, incluso aprovechando las nuevas tecnologías para la firma de las actas de inspección. Se va a Intensificar de la lucha contra la economía sumergida, potenciando las operaciones coordinadas de lucha contra la actividad no declarada y evaluando con un mayor nivel de prioridad, en general, los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que pertenezcan a aquellos sectores o actividades que hayan sido menos afectados por el entorno económico desfavorable que se deriva del COVID-19 y los efectos de la pandemia o incluso sobre aquellos otros que han visto crecer su negocio precisamente como consecuencia de esta excepcional situación. Se va a prestar especial vigilancia al empleo de equipos y programas informáticos que permiten y facilitan la alteración de los registros contables de todo tipo, y se planteará un trabajo conjunto con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo o comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que permitan la supresión de ventas. Se buscará la colaboración con las organizaciones representativas de autónomos y pymes, para el envío de ‘ratios calculadas de actividad económica’ contrastadas con las ratios que la Agencia considera representativas del sector y segmento económico correspondiente. En cuanto al control de las actividades económicas relacionadas con el comercio ‘online’, se pretende asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que, aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus ventas a consumidores finales localizados en nuestro país. También se seguirán impulsando las labores de captación, sistematización y análisis de la información que se vaya obteniendo sobre criptomonedas, a efectos de facilitar las actuaciones de control de la correcta tributación de las operaciones realizadas y el conocimiento de los fondos utilizados en la adquisición de estas monedas virtuales. En relación a la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, se llevarán a cabo actuaciones de Vigilancia Aduanera. Así, para la consecución del objetivo general de la Agencia Tributaria en relación con la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, durante el año 2021 la Agencia Tributaria desarrollará específicamente una serie de actuaciones encaminadas a la neutralización de las actividades del crimen organizado, actuando de manera integral contra las estructuras logísticas, financieras y patrimoniales de las organizaciones criminales. CONTROL DEL FRAUDE EN FASE RECAUDATORIA Junto con prioridades ya habituales en el ámbito del control en fase recaudatoria, como la vigilancia patrimonial de los deudores condenados por delito, o la asunción de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, en el presente año las labores de investigación que dan lugar a derivaciones de responsabilidad a terceros se verán reforzadas con un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales punto de venta; es decir, de aquellos supuestos en que los TPV se colocan bajo la titularidad de una persona distinta del deudor, ocultándole para evitar las actuaciones de embargo. Por otra parte, continuarán este año los trabajos de implementación del denominado ‘NRC online’, un nuevo sistema de registro y seguimiento de los ingresos gestionados a través de entidades colaboradoras que desembocará en un conocimiento de esta información de forma inmediata, facilitando las labores de seguimiento y control de las deudas. COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS La Agencia Tributaria, potenciará los intercambios de información con trascendencia fiscal entre las administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Así, continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de datos consolidada de información censal obtenida por las administraciones tributarias autonómicas y estatal. Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por las comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos estatales sobre el juego gestionados por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio. Al margen de continuar con el recíproco flujo de suministro de información, la voluntad de la Agencia es fomentar cuestiones concretas como las siguientes: la transmisión por parte de las Comunidades Autónomas de información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las administraciones tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control la remisión de información por parte de las Comunidades Autónomas sobre la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria la transmisión de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra Administración el control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, partiendo especialmente de la información suministrada por dichas comunidades la información remitida por las Comunidades Autónomas en materia de discapacidad y familia numerosa para el control de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos, incluidos los situados en el extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración las operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las operaciones societarias más relevantes no sujetas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades el cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a través de la comprobación de la principal fuente de renta el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas los domicilios declarados y sus modificaciones la comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por adquisición de vehículos por minusválidos y familias numerosas

  • ¿Cómo se tramitan los denominados concursos 'exprés'?
    el día 09/03/2021 a las 11:00 pm

    El concurso exprés podríamos llegar a decir que ni se tramita, ya que, si está bien planteado, en el mismo momento en el que se abre, se cierra. Pero para ello hay que realizar una buena solicitud de concurso voluntario cuando la necesidad del deudor es que se tramite como tal y es necesario facilitarle la tarea al juzgado de lo mercantil, exponiendo de forma evidente que será imposible atender los créditos contra la masa, así como que no habrá responsabilidad de terceros, ni acciones de reintegración. 1. ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL CONCURSO EXPRÉS 1.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO. LEY 22/2003 El concurso exprés es una figura jurídica que no fue contemplada inicialmente en la Ley Concursal primigenia de 2003, sino que se consiguió con el día a día de la práctica judicial, al igual que muchas otras figuras del proceso concursal. Si analizamos el informe de la Ponencia de 23 de marzo de 2003, sobre el Proyecto de Ley Concursal podemos observar que el artículo 176.1.4º, era el único del que podía desprenderse el concurso exprés. En ese sentido, si analizamos el debate parlamentario, podemos observar cómo no se hicieron enmiendas al artículo 176.1.4º, que era el que terminó regulando sin saberlo, el concurso exprés. ¿Por qué es muy importante ir al debate parlamentario y a la primera ley concursal?  Porque es imposible entender dónde estamos si no sabemos de dónde venimos, y eso es fundamental tanto en el plano teórico como en el práctico. Como hemos venido recordando en estos boletines de conocimiento, la Ley Concursal de 2003, fue tramitada en la Séptima legislatura donde el Partido Popular de José María Aznar obtuvo una amplia mayoría absoluta de 183 diputados. ¿En qué momento histórico y económico estábamos en la Séptima Legislatura? Estábamos en un momento de salida total de la crisis de finales de siglo, y por tanto en un momento de euforia económica, entrada del Euro en nuestras vidas y liberalización del suelo que nos llevó a la burbuja inmobiliaria que terminaría estallando en 2008. Pero para aquello aún quedaban muchos años. En el momento de concepción de la ley concursal, primavera del 2003, la euforia era desbordante y nadie se podría llegar a imaginar lo que iba a venir y, por ende, la ley concursal se hizo con la euforia del momento, pensando que la crisis ya estaba superada y que los procedimientos concursales serían procedimientos con activos suficientes para conseguir acuerdos de refinanciación, convenios, negociaciones de deuda, etc. Nadie se podría pensar que el 90% de los concursos terminarían en liquidación. De hecho, todos los analistas han concluido siempre que la Ley 22/2003 es desafortunadamente optimista, y le da al convenio un protagonismo inmerecido. El convenio, es una figura bonita, optimista y muy deseable, pero no ha sido prácticamente utilizada. En cambio, la liquidación, ha sido utilizada en 9 de cada 10 concursos, sino más. En conclusión: ¿Quién iba a pensar en 2003 en el concurso exprés? ¿Quién iba siquiera a imaginarse que un concurso se presentaría sin ningún activo? Nadie, ni los técnicos que participaron ni los parlamentarios que hicieron enmiendas. Sin embargo, no podemos negarle al parlamentario español cierta calidad al introducir el artículo 176.1.4º “1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes casos: 4.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores”. Por tanto con el apartado 1.4º, algunos jueces empezaron a tramitar concursos exprés, pues si se verificaba la inexistencia de bienes “en cualquier estado del procedimiento”, el juez podía directamente dictar un auto de apertura y conclusión del concurso, por insuficiencia de masa activa. Todo ello derivó en la reforma introducida por la Ley 13/2009, que introdujo el apartado 5: Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. ¿Cuál era el sentido del apartado 5 introducido por la Ley 13/2009? La persecución del fraude, ya que existían algunos deudores concursados que presentaban solicitudes de concurso voluntario declarando la inexistencia de bienes y derechos, pero a veces ello era mentira y un fraude. Existían deudores concursados que se habían alzado en sus bienes, o habían realizado salidas fraudulentas de estos, incluso a sociedades de personas especialmente relacionadas con el administrador de la concursada o los socios de esta. Por consiguiente, se introdujo el apartado 5 ya que, si había algún interesado en oponerse al concurso exprés, este se podía oponer a dicha conclusión y esta se solventaba mediante el trámite del incidente concursal. 1.2 LEY 38/2011. INTRODUCCIÓN DEL ART. 176 BIS Con la llegada de la crisis de 2008 y la avalancha de concursos existente en España, el legislador introdujo el artículo 176bis en la Ley Concursal 22/2003, a través de la Ley 38/2011. El concurso exprés quedó definitivamente regulado en el artículo 176bis.4, que prescribía lo siguiente: “4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros”. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. Con ello superábamos la regulación casuística y tácita, y nos adentrábamos en la posibilidad que el deudor concursado pudiera directamente solicitar la declaración y conclusión del concurso, si argumentaba y demostraba de forma fehaciente la inexistencia de bienes y derechos para asegurar los créditos contra la masa. Tras esta reforma se sucedieron los cambios en la ley concursal de 2015 pero que tenían más impacto en las personas físicas y en el procedimiento de segunda oportunidad, por lo que no impactaron directamente en la regulación del concurso exprés. 1.3 SOLUCIONES PRÁCTICAS EN EL CONCURSO EXPRÉS No sería posible explicar el fenómeno del procedimiento concursal sin explicar sus casos prácticos, ya que la casuística del día a día de los juzgados de lo mercantil es la que termina conformando la verdadera esencia del derecho concursal, al igual que los acuerdos a los que llegan los jueces de lo mercantil, especialmente en Cataluña. Por ello, se hace necesario desgranar las dos vías casuísticas para conseguir el archivo exprés. Tal y como dice la norma, conviene tener en cuenta que la insuficiencia de activos debe de ser “evidente”, es decir debe desprenderse en la propia solicitud que no hay bienes ni derechos. Por tanto, para que un deudor consiga un concurso exprés, debe solicitarlo de forma expresa, aludiendo a la inexistencia de activo, de acciones de reintegración, de cuentas a cobrar, de inmovilizado, de existencias, etc. Es decir, el deudor debe probar y demostrar que no hay nada, tanto de forma fáctica como en el inventario como a nivel contable. Esta sería la primera manera de conseguirlo. La segunda manera de conseguirlo que es mucho más discrecional y subjetiva implica la valoración y ponderación: eso sería en los casos de insuficiencia y no de inexistencia. Esto realmente dificulta la seguridad jurídica, ya que, si existen bienes, pero estos no son suficientes para atender los créditos contra la masa, puede pasar que el juzgado decida optar por el concurso exprés o bien que el juzgado abra el concurso y nombre administrador concursal. Pero todo ello deberá ser argumentado de forma correcta en la solicitud del concurso, en la memoria y en la presentación inicial de la solicitud, que es la verdadera hoja de presentación ante el juzgado y la cita más importante a nivel concursal. 2. REFORMA CONCURSAL. RDLEG 1/2020. TEXTO REFUNDIDO 2.1 ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA La reforma concursal ha mejorado el redactado, que tras tantas reformas era ciertamente abrupto, y ha armonizado el texto para poder tener lo que en este mismo artículo se reclama: seguridad jurídica. Es a través del artículo 465.5º en relación con el artículo 470 del Texto Refundido, Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo, en el que se articula la conclusión por insuficiencia de masa activa simultánea a la declaración de concurso. Ambos artículos perfeccionan el redactado anterior, que queda de la siguiente manera: “Artículo 465 Causas La conclusión del concurso con el archivo de las actuaciones procederá en los siguientes casos: 5.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Subsección 4 De la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea a la declaración del concurso Artículo 470 Presupuestos El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable”. El legislador no pudo ser más claro en el titulado de la Subsección y de los propios artículos, hecho que se agradece. Sin embargo, la técnica legislativa sigue siendo ligeramente confusa, a través de la introducción de un adjetivo y un adverbio que dificultan la claridad. Resulta confuso que en el artículo 470 se diga que se debe apreciar de manera “evidente”, que la masa activa “presumiblemente será insuficiente”, lo que nos lleva a un oxímoron lingüístico: ¿Cómo puede ser un hecho evidente y a la vez presumible? La presunción es siempre un juicio subjetivo y los hechos evidentes son objetivos, son aprehensibles a los sentidos: vista, tacto, oído, etc. Por tanto, el legislador no ha superado la inseguridad jurídica. 2.2 COMO SE TRAMITA EL CONCURSO EXPRÉS Y tras toda esta explicación, conviene atender a la pregunta enunciada al principio de todo. El concurso exprés podríamos llegar a decir que ni se tramita, ya que, si está bien planteado, en el mismo momento en el que se abre, se cierra. Pero para ello es necesario realizar una buena solicitud de concurso voluntario cuando la necesidad del deudor es que se tramite como tal. En ese sentido, es necesario facilitarle la tarea al juzgado de lo mercantil, exponiendo de forma evidente que será imposible atender los créditos contra la masa, así como que no habrá responsabilidad de terceros, ni acciones de reintegración. Por tanto, es necesario justificar de forma fehaciente, que no hay nada o que los bienes que pueden existir tienen precio vil o irrisorio. Hay que tener en cuenta que no será posible conseguir una declaración de apertura y conclusión existiendo inmovilizado, tal como vehículos o inmuebles, y tampoco existencias o activo corriente. Sí que es posible conseguir dicho concurso exprés si hay cuentas por cobrar, ya que muchas veces estas son créditos fallidos no susceptibles de reclamación judicial.  Facilitar al Juzgado la toma de la decisión de conclusión del concurso corresponde al profesional especializado en derecho concursal. La experiencia, el estudio, el análisis individual de la situación de insolvencia empresarial para plasmarlo en la correspondiente solicitud de concurso acompañada de la documentación exigida por la Ley Concursal es lo que, debe tener claro el empresario que quiere poner fin al problema de la forma más rápida y económica posible. 2.3 BENEFICIOS PARA EL ADMINISTRADOR DEL CONCURSO EXPRÉS La gran virtud del concurso exprés es que ni siquiera se abrirá la sección sexta de calificación, lo que implica que el administrador concursal no existirá y nadie realizará análisis de la contabilidad empresaria ni de las decisiones tomadas en los últimos dos o cuatro años (si atendemos a la acción de reintegración, dos, si es la acción pauliana son cuatro) por parte de la empresa. Sin querer de ninguna manera abonar la cultura del fraude en España, es cierto que hay empresarios que toman decisiones que son fraudulentas de forma imprudente, lo que les sitúa en el radar de una posible calificación culpable. Uno de los grandes beneficios del concurso exprés es que no existirá supervisión y por tanto no habrá ni siquiera juicio de valor a la actividad empresarial. 3. CONCLUSIÓN El concurso exprés es una figura muy útil para el deudor concursado que no quiere tener supervisión de su actividad empresarial. También lo es para los administradores concursales. Este último punto no lo habíamos abordado en el cuerpo del presente artículo, pero es necesario destacarlo en esta conclusión. No hay nada más desincentivador y favorecedor del fraude que un concurso que se abre sin masa ni perspectivas de conseguirla. El administrador concursal que se ve forzado a aceptar el concurso, bajo pena de ser inhabilitado en el partido judicial correspondiente, pero que al recibirlo observa que no hay masa y por tanto que tendrá que trabajar sin remuneración alguna se frustra, invierte tiempo y dinero en un procedimiento del que no sacará nada, y eso le puede llevar a cotas de frustración suficientes para abandonar la profesión de administrador concursal o bien para empezar a trabajar de forma fraudulenta, intentando conseguir remuneración extra de otros concursos, para compensar las pérdidas y el trabajo no remunerado del concurso sin masa. Eso es un fenómeno que tanto los jueces como el legislador deben tener en cuenta y contra el que se debe luchar, no siempre con perspectiva retribucionista sino quizás con tácticas de refuerzo positivo. Eso es exactamente lo que ha pretendido el legislador con la famosa cuenta de garantía arancelaria, que garantizará en el futuro que todos los administradores concursales cobren algo por desempeñar su trabajo. Volviendo el concurso exprés, y respondiendo a la pregunta del enunciado, es necesario reiterar que para que un concurso se archive nada más abrirlo, el deudor en su solicitud de concurso debe justificar la no existencia de bienes, teniendo él la carga probatoria de esta inexistencia o insuficiencia, que se pueda comprobar de forma evidente por el juez de lo mercantil. De lo contrario, si el deudor no realiza una suficiente tarea de convencimiento a través de pruebas de la inexistencia o insuficiencia de masa activa, el juez de lo mercantil se verá obligado a abrir el propio concurso sin concluirlo, nombrando administración concursal.

  • ¿Qué medidas incluye la próxima Ley contra el fraude fiscal?
    el día 03/03/2021 a las 9:07 am

    El nuevo Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal modificará artículos concretos de prácticamente la totalidad de leyes tributarias: IRPF, Sociedades, IVA, ITP y AJD, Sucesiones y Donaciones, No residentes, Patrimonio, Haciendas locales, además de la Ley General Tributaria y otras disposiciones como la Ley del Catastro o Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las medidas proyectadas son muchas y algunas de calado, como la prohibición de las amnistías fiscales, el foco en los grandes patrimonios y las multinacionales que prestan servicios digitales, amplía la lista de morosos de la Agencia Tributaria, recoge la prohibición la utilización del software de doble uso y un mayor control de las criptomonedas, y la reducción de los límites de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para la inmensa mayoría de las operaciones. A continuación, veremos de manera resumida alguna de las principales medidas que contempla esta norma, sin perjuicio de su trámite parlamentario y posible aprobación de enmiendas que puedan afectar a su articulado definitivo. 1. Impuesto sobre Sociedades 1.1 Exit tax Como sabemos, cuando una entidad traslada su residencia fuera del territorio español (exit tax) debe integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el fiscal de los elementos patrimoniales. En el caso de traslados de residencia de una entidad hacía otro Estado miembro de la UE o del EEE, anteriormente se ofrecía el aplazamiento del pago por la diferencia entre el valor fiscal y el de mercado de los elementos patrimoniales. Con este Proyecto, el contribuyente únicamente podrá fraccionar el pago del impuesto a lo largo de 5 años. Esta medida producirá efectos para periodos iniciados en 2020 que no se hayan finalizado cuando entre en vigor el Proyecto de ley. 1.2 Transparencia fiscal internacional Respecto a la transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa residente en territorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad participada mayoritariamente, que resida en el extranjero, cuando la imposición sobre esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en territorio español, produciéndose dicha imputación, aunque las rentas no hayan sido efectivamente distribuidas. Las novedades que se introducen son (con efectos para períodos iniciados en 2020 que no hayan concluido a la entrada en vigor de la norma): • La imputación de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente se extiende a las obtenidas por sus establecimientos permanentes (EP) en el extranjero, sin que se aplique en este caso la exención por doble imposición. La renta se imputará en el período impositivo en el que el EP la obtenga. • Se regulan dos nuevos supuestos de imputación de rentas: las que provengan de actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras, salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas; y las que procedan de operaciones sobre bienes y servicios realizadas con personas o entidades vinculadas en las que la entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo. • No se incluirá la renta positiva cuando al menos 2/3 (antes más del 50 por 100) de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas. • En el caso de EP, el contribuyente deberá aportar, conjuntamente con la declaración por este Impuesto, el importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible, la justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser objeto de imputación, así como los registros contables de las operaciones que realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos. 1.3 SOCIMIS y SICAV En el caso de las SOCIMIS se prevé una tributación del 15% sobre la parte de los beneficios no distribuidos que procedan de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades. Se incrementarán las medidas de control a las SICAV, con requisitos de inversión mínima para poder seguir tributando al tipo especial del 1%, proponiéndose un régimen transitorio de seis meses exento de impuestos para aquellas sociedades que decidan disolverse. 2. IRPF 2.1 Imputación temporal rendimientos del capital mobiliario procedentes de contratos de seguro de vida Se actualiza la regla especial de imputación temporal, en relación a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, para adaptarla a la normativa de seguros actualmente en vigor. 2.2. Transmisiones a título lucrativo Se modifica con la finalidad de que un contribuyente que adquiere un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subrogue en el valor y la fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, introduciéndose el siguiente párrafo: “(…) en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera antes del fallecimiento del causante los bienes adquiridos se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo anterior.” De esta forma se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original. 2.3 Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional Las modificaciones introducidas se han comentado en el apartado del Impuesto sobre Sociedades referente a la transparencia fiscal internacional. 2.4 Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva Con efectos 1 de enero de 2022, se procede a homogeneizar el tratamiento fiscal de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF), con independencia del mercado, nacional o extranjero, en el que coticen. El régimen de diferimiento no será de aplicación a las participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva cotizadas. 2.5 Obligaciones de información sobre monedas virtuales “Criptomonedas”  Con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales: • Se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio si también prestan el servicio de tenencia. • Se establece, para las personas mencionadas en el punto anterior, la obligación de suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales. 3. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 3.1 Determinación de la base imponible: “exit tax” Se introduce un nuevo apartado especificando que se integrará en la base imponible del Impuesto la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los elementos que estén afectos a un establecimiento permanente situado en el territorio español que traslada su actividad al extranjero (hasta ahora solo se integraban las plusvalías con motivo del traslado de elementos de un EP que cesa y las de elementos afectos a un EP que se traslada). Las novedades ya se han comentado en el apartado del Impuesto sobre Sociedades sobre el “exit tax”, sustituyéndose también el aplazamiento por el fraccionamiento cuando el traslado es a la UE o al EEE. Se especifica que se entenderá concluido el período impositivo en el momento en el que la entidad se traslade al extranjero. 4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 4.1 Base imponible • Para calcular la base imponible, se sustituye el concepto de valor real por el de “valor de los bienes y derechos”, considerándose que este último, salvo reglas especiales, se considerará que es el “valor de mercado”. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible. • Se entiende por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas. • En el caso de bienes inmuebles su valor será “el valor de referencia” previsto en la normativa del Catastro Inmobiliario en la fecha de devengo, haciéndose la previsión de que, si el valor declarado es superior al de referencia, prevalece el declarado. Cuando no se disponga del valor de referencia, la base imponible será la mayor de dos: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado. • El valor de referencia solo se puede impugnar cuando se recurra la liquidación o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. En estos casos, para que la Administración tributaria pueda resolver, necesitará un informe previo preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro a la vista de la documentación aportada. También emitirá este informe cuando lo solicite la Administración como consecuencia de una Reclamación Económico-Administrativa. • Se regula la acumulación de donaciones incluyendo los contratos y pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del causante. • En aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2014, se extiende a los extranjeros no residentes ni en la UE ni en el EEE, las reglas para tributar por la normativa de la Comunidad Autónoma que les corresponda. 5. Impuesto sobre el Patrimonio 5.1 Base imponible en los bienes inmuebles Los inmuebles se computarán, como ahora, por el mayor valor de tres: el valor catastral, “el determinado” o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición. Habrá que saber qué diferencia existe entre el valor comprobado y el determinado por la Administración. De esta manera, parece que se elimina el problema de subida inmediata del valor de los inmuebles antiguos (en general se valoran por el valor catastral) si se hubiera aprobado la redacción del Anteproyecto que incluía como cuarto valor al de mercado. 5.2 Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias Como hasta ahora los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto. La novedad es que, en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador. Hasta ahora el criterio administrativo era que no se incluían en la base imponible los seguros sin posibilidad de rescate. Se establece una nueva regla de valoración cuando se perciben rentas temporales o vitalicias procedentes de un seguro de vida, debiendo computarse por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto. 6. ITP y AJD 6.1 Hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas Se aclara que, con independencia de la condición del adquirente, no estarán sujetas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas las operaciones enumeradas en la norma cuando los transmitentes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica. Con la nueva redacción se intenta explicitar que, en las compras a particulares, por empresarios o profesionales, de bienes muebles se produce el hecho imponible en esta modalidad. 6.2 Base imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas Para calcular la base imponible se sustituye el concepto de valor real por el “valor del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda”, considerándose que este último, salvo reglas especiales, se considerará que es el “valor de mercado”. No obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o ambos son superiores al valor de mercado, la mayor de las magnitudes se tomará como base imponible. • Se da la misma definición de valor de mercado que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. • En el caso de bienes inmuebles su valor será “el valor de referencia” previsto en la normativa del Catastro Inmobiliario en la fecha de devengo, haciéndose la previsión de que, si el valor declarado es superior al de referencia, prevalece el declarado. Cuando no se disponga del valor de referencia, la base imponible será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado. • El valor de referencia solo se puede impugnar cuando se recurra la liquidación o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. En estos casos, para que la Administración tributaria pueda resolver, necesitará un informe previo preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro a la vista de la documentación aportada. También emitirá este informe cuando lo solicite la Administración como consecuencia de una Reclamación Económico-Administrativa. • Respecto a la base imponible de Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, se establece que cuando se determine en función del valor de bienes inmuebles, el de los mismos no podrá ser inferior al determinado para calcular la base de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. • Se modifica el artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores para sustituir el concepto de valor real por el de “valor” y se estable que los valores netos contables de los inmuebles, que se sustituían por los valores reales de los mismos, se han de sustituir por los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, según lo dispuesto en la norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (usando el valor de referencia cuando procede). 7. IVA 7.1 Responsable del Impuesto Se actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del impuesto, definido actualmente para los Agentes de Aduanas. A partir de ahora será de aplicación a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. Se sustituye el término “recinto aduanero”, para clarificar que esta responsabilidad alcanza a los procedimientos de declaración y de verificación de datos de declaraciones aduaneras. Se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria que alcanza a los titulares de los depósitos distintos de los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos, a los bienes objeto de Impuestos Especiales excluidos hasta la fecha, para evitar que los beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del IVA al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública. En caso de productos objeto de los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Derivadas, la responsabilidad no se exige al titular del depósito si la salida o el abandono de los bienes se ha realizado por persona autorizada para ello que conste en el registro de extractores, registro que se crea a estos efectos. 7.2 Régimen Especial del Grupo de Entidades Se especifica que la entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades, matizando que se incluyen las obligaciones derivadas del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de compensación o de la devolución resultante de la declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades, siendo responsable de la veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignados por las entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada. 8. Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE) 8.1 Exenciones Se aclara que las personas físicas no residentes, al igual que las residentes en territorio español, están exentas del Impuesto. Se especifica que para el cómputo del importe neto de la cifra de negocios (INCN) cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades el INCN, dicha magnitud se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, con independencia de la obligación de consolidación contable. 9. Ley General Tributaria Los cambios más importantes que posiblemente afectarán a la LGT serán los siguientes: • Se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal (amnistías y figuras similares) que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente. • En relación con los intereses de demora a efectos del cálculo de estos, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causas no imputables a la Administración. • Por otro lado, si la devolución se ordena por un procedimiento de inspección, no se computan para los intereses de demora, los días en que no se pudo efectuar actuaciones o estuvo suspendido el plazo para atender a los requerimientos del obligado tributario, o cuando se amplía el plazo del procedimiento en caso de que el obligado manifieste que no tiene la información solicitada. • Si se acuerda la devolución de ingresos indebidos en un procedimiento de inspección, no computarán los días en que la Inspección no pudo efectuar actuaciones y estuvo suspendido el plazo para atender a los requerimientos por petición del obligado tributario. • Se especifica que a partir de 2021 el término deuda tributaria incluye todos los conceptos que integran dicha deuda (el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del período ejecutivo y los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas a favor del Tesoro o entes públicos). • Además, se especifica que el devengo de intereses de demora, en el caso de obtención de una devolución improcedente, será plenamente compatible, con los recargos de extemporaneidad conforme a las reglas generales que regulan dichos recargos. • Se crea un nuevo supuesto para la adopción de medidas cautelares por parte de la Administración, que se producirá cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con garantías diferentes de las necesarias para obtener la suspensión automática, con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado. • Respecto al Listado de deudores a la Hacienda Pública, estos serán incluidos cuando la deuda supere el importe de 600.000 euros (recordar que en 2020 era de 1.000.000) y también a los responsables solidarios. • Se modifican las causas de terminación del procedimiento de gestión iniciado mediante declaración respecto de aquellos tributos que se liquidan por las importaciones de bienes, para adaptarlo a lo previsto en la legislación aduanera para los derechos de importación. • Se introduce un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con las forales en el ejercicio de dichas actuaciones. • Se introducen varios cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las sanciones tributarias para favorecer la simplificación en su aplicación, el ingreso voluntario y la disminución de litigios. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento. Asimismo, se eleva la reducción de las sanciones en caso de pronto pago al 40 por ciento. La reducción por conformidad se mantiene en el 30 por ciento. • Se añade una nueva infracción tributaria a la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que permitan llevar contabilidades distintas, permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas.  La infracción se sancionará con multa pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción. En cambio, las infracciones por no certificar los sistemas fabricados, se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado. • Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. Por lo tanto, existe un cambio al pasar de los 3 meses actualmente fijados, a los futuros 6 meses. • Para adaptar a la línea internacional y seguir un mismo vocabulario, se modifica y cambia el término paraíso fiscal al de jurisdicción no cooperativa. • Para luchar contra el fraude fiscal, se disminuirá también el máximo de efectivo que se puede realizar en pagos en que una parte sea un empresario dentro de su actividad empresarial, pasando de 2.500 euros a un máximo de 1.000 euros, manteniéndose la primera cantidad en las operaciones entre particulares. En el caso de que se trate de una persona física con domicilio fiscal fuera de España, el máximo disminuye de 15.000 euros a 10.000 euros. Esta medida sería efectiva a los 3 meses de la entrada en vigor de la nueva ley.&nbs

  • Nuevas obligaciones para las empresas: planes de igualdad y registro salarial
    el día 10/02/2021 a las 8:51 am

    Se trata de un desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aras a dotar de efectividad al principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo. El BOE del 14 de octubre de 2020 publicó el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Se trata de un desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aras a dotar de efectividad al principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo. A) Real Decreto 902/2020, de13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres El citado Real Decreto, cuya entrada en vigor está prevista a los seis meses de su publicación, incluye una serie de medidas encaminadas a la efectiva aplicación del principio de transparencia retributiva en las empresas. Dichos instrumentos o medidas son los siguientes: Todas las empresas deberán tener un registro retributivo de todos los trabajadores, conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET). Las empresas deben dejar constancia de los valores medios de los salarios, complementos (pluses, guardias, nocturnidades, etc.) y las percepciones extrasalariales (dietas, kilometraje, etc.). Este registro, desglosado por sexo, se debe incluir por categoría, grupo, puesto de trabajo cualquier otro sistema de clasificación profesional. La Representación Social deberá ser consultada con al menos 10 días de antelación a la elaboración del registro salarial. Asimismo, la Representación Legal de Trabajadores tendrá acceso a dicho registro con conocimiento íntegro. A falta de representación social, los trabajadores podrán tener acceso a dicho registro, pero no en su totalidad sino con información limitada a diferencias porcentuales promediadas entre hombres y mujeres, distinguidas también en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación profesional. Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir una auditoria retributiva, efectuada previamente al plan de igualdad, que recogerá un diagnóstico de la situación retributiva, con evaluación de los puestos de Trabajo, y establecerá vías y planes de actuación para subsanar posibles desigualdades retributivas. Asimismo, tales empresas en su registro retributivo deberán reflejar las medias de los trabajos de igual valor en la empresa, y la justificación correspondiente en caso de que la media de las retribuciones de un sexo sea superior, al menos, en un 25% al otro. B) Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. El Real Decreto 901/2020, cuya entrada en vigor está prevista a los tres meses de su publicación, es decir, el 14 de enero de 2021, desarrolla la obligación legal de efectuar Planes de Igualdad para empresas de más de 50 trabajadores. Cómputo de trabajadores: El citado Real Decreto clarifica, en primer lugar, cómo debe realizarse el cómputo del número de trabajadores en plantilla a los solos efectos de determinar la obligación de elaborar el plan de igualdad. Dicho cálculo debe llevarse a cabo, al menos, en los meses de junio y diciembre de cada año. La obligación de elaborar un plan de igualdad subsistirá aún en el caso de que el número de trabajadores de la empresa se sitúe por debajo del umbral de cincuenta trabajadores, una vez se haya constituido la comisión negociadora. El cómputo se deberá realizar según lo siguiente: - Se tendrá en cuenta la totalidad de la plantilla a nivel de empresa, con independencia de los centros de trabajo que la integren. - Se computarán todos los contratos de trabajo, incluidos los fijos discontinuos, los de duración determinada y los de puesta a disposición. - Los contratos a tiempo parcial se contarán como un trabajador, con independencia del número de horas contratadas. - Respecto a los de duración determinada que hayan sido finalizados en los 6 meses previos a hacer el cómputo, contarán a razón de 1 trabajador cada 100 días trabajados o fracción. Negociación del Plan: Se fija un plazo máximo de tres meses para iniciar la negociación (constituir la comisión negociadora) y un plazo máximo de un año para negociar, elaborar, aprobar e inscribir el plan de igualdad. En cuanto al proceso de negociación del plan de igualdad, en la comisión negociadora participarán el comité de empresa, los delegados de personal o en su caso las secciones sindicales cuando así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría del comité de empresa o delegados de personal. En empresas con varios centros de trabajo, negociará, en su caso, el comité intercentros. En el supuesto que no haya Representación Legal de Trabajadores, se creará una comisión negociadora constituida por la representación de la empresa y de los trabajadores, integrada esta última por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio de aplicación. Dicha comisión tendrá un máximo de seis miembros por cada parte. Se entenderá válidamente constituida por aquellas organizaciones que respondan a la convocatoria en el plazo de diez días. En el caso que coexistan centros de trabajo con Representación Legal y centros sin ella, la parte social estará integrada por los representantes de aquellos centros que sí cuenten con ella y por una comisión sindical. En este caso, la comisión negociadora se compondrá de un máximo de trece miembros por cada una de las partes.  Deberá promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada una de ambas partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral. Contenido del Plan: Respecto al contenido del Plan de Igualdad, estará formado por un diagnóstico previo, el propio plan y las medidas de seguimiento, evaluación y control, con los parámetros mínimos que contiene la norma. El diagnóstico previo se efectuará en aras a obtener la información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables que deben adoptarse, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios para evaluar su cumplimiento. Se extenderá a todos los puestos y centros de trabajo. El propio Real Decreto incluye, como anexo, los criterios específicos para elaborar el diagnóstico previo. Realizado el diagnóstico, se establecerán las medidas que contendrá el propio plan de igualdad, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad se estructurarán de la siguiente forma y tendrán el siguiente contenido mínimo: a) Determinación de las partes que los conciertan. b) Ámbito personal, territorial y temporal. c) Informe del diagnóstico de situación de la empresa. d) Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad en los términos establecidos en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. e) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. f) Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. g) Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos. h) Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad. i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. j) Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad. k) Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación. Duración, seguimiento y registro del Plan: La duración de los Planes de Igualdad será la establecida por las partes, sin que pueda superar los cuatro años. Asimismo, se podrá revisar el plan en los términos que se hayan pactado, siendo obligatoria su revisión en los siguientes supuesto: - Cuando, como consecuencia de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ponga de manifiesto su insuficiencia o la falta de adecuación del plan a los requisitos legales o reglamentarios. - En lo supuestos de fusión, absorción, transmisión y modificación del estatus jurídico de la empresa. - Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, los métodos de trabajo, su organización o el sistema retributivo. - Cuando haya sentencia judicial que declare la existencia de discriminación por razón de sexo o la inadecuación del plan a los requisitos legales o reglamentarios. Será obligatoria la previsión de una comisión u órgano de vigilancia y seguimiento del plan. Dicho órgano realizará una evaluación de forma periódica conforme al calendario previsto en el propio plan. Como mínimo, deberá realizarse una evaluación o seguimiento intermedio y otro final. Los Planes de Igualdad deberán ser registrados en el Registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos y planes de igualdad (plataforma REGCON), así como en los registros específicos que puedan prever las Comunidades Autónomas. Los Planes de Igualdad ya existentes deberán adaptarse a la normativa en el plazo de revisión que tengan pactado y, como máximo, en los 12 meses a la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, esto es, antes del 14 de enero de 2022.

  • Principales consecuencias fiscales del Brexit en España
    el día 03/02/2021 a las 9:01 am

    El hecho de considerar a Reino Unido como un país no comunitario tiene importantes repercusiones fiscales. No obstante, el acuerdo alcanzado ha evitado un Brexit duro: recoge la exención de aranceles y cuotas para las mercancías que cumplan las reglas de origen recogidas en el propio Acuerdo, manteniendo las formalidades aduaneras. A continuación, se resume el acuerdo alcanzado en materia de Comercio e igualmente se detallan las implicaciones fiscales del Brexit, desde el punto de vista de la normativa española, en relación con las principales figuras impositivas del sistema tributario español: IVA. IS, IRPF e IRNR. Acuerdo de libre comercio El Acuerdo entre la Unión Europa y Reino Unido abarca no solo el libre comercio de bienes y servicios, sino también una amplia gama de ámbitos de interés para la UE, como la inversión, la competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y por carretera, la energía y la sostenibilidad, la pesca, la protección de datos y la coordinación de la seguridad social. En relación con los movimientos de mercancías, ese acuerdo implica que no exigirán aranceles ni se establecerán cuotas para las mercancías originarias de ambas partes, si bien los movimientos de mercancías a partir del 1 de enero de 2021 sí estarán sujetos a formalidades aduaneras: - Se dará trato nacional en materia de imposición a las mercancías de la otra parte. - Se concederá libertad de tránsito. - Se prohibirán los derechos de aduana de todas las mercancías originarias de la otra parte. - Una parte no podrá adoptar ni mantener ningún derecho, impuesto u otro tipo de carga que se aplique a la exportación de una mercancía a la otra Parte o en relación con dicha exportación; o cualquier impuesto interno u otra carga sobre una mercancía exportada a la otra Parte que sea superior al impuesto o carga que se aplicaría a mercancías similares destinadas al consumo interior. - Prohibición de Restricciones y monopolios a la importación y a la exportación. Con motivo de este Acuerdo, la AEAT ha publicado la Nota Informativa NI GA 39/2020, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en la que se recogen las instrucciones para la formalización de las declaraciones aduaneras en los movimientos de mercancías entre ambos territorios. Estas instrucciones detallan el procedimiento para solicitar la preferencia arancelaria en las importaciones de productos procedentes del Reino Unido y los códigos a utilizar para incluir las declaraciones de origen de los productos que deben acompañar estas declaraciones. Las instrucciones de esta nota informativa completan las emitidas con anterioridad en relación con los movimientos de mercancías entre la Unión Europea y el Reino Unido iniciados antes de 1 de enero de 2021 y finalizados después de dicha fecha (NI GA 38/2020) y para las mercancías de retorno enviadas al Reino Unido antes del 1 de enero de 2012 (NI 34/2020). Consecuencias del Brexit en el IVA a partir del 1 de enero de 2021 Entregas de bienes: Los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias. • En el caso de la entrada de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, se tendrá que liquidar el IVA en el momento de la importación por la Aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido. Para ello deberá presentar el IVA mensualmente. En el caso de que el periodo de declaración fuera trimestral, podrá cambiarse a mensual mediante la inscripción en el Registro de devolución mensual (REDEME). En este caso, la empresa quedará obligada al Suministro Inmediato de Información (SII). • Las mercancías que sean transportadas desde el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) al Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA. • En el caso de que el empresario español efectúe entregas de bienes a particulares ingleses no será de aplicación el régimen de ventas a distancia. • Los intercambios de mercancías con Irlanda del Norte tendrán el mismo tratamiento que los efectuados con un Estado miembro de acuerdo con el protocolo Irlanda-Irlanda del Norte. Este tratamiento no se extiende a los servicios. Prestaciones de servicios: Se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 LIVA, teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea y en particular, la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70. Dos LIVA, de tal forma que estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación del IVA español. NIF-IVA y modelo 349: Dado que las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349. Las empresas españolas que realicen operaciones con Reino Unido tampoco tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA. En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), deberán disponer de un número EORI. A Irlanda del norte sí se le ha asignado un nuevo código para el modelo 349. Representación: Los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares, deben nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art. 164.Uno. 7º LIVA). Finalmente la Dirección General de Tributos ha dictado una Resolución de 4 de enero de 2021 (BOE de 5 de enero), en la que dispone que existe “reciprocidad” de trato con el Reino Unido en la devolución del IVA soportado en dicho Estado tercero por los empresarios o profesionales españoles, por lo que declara que se cumple este requisito para que los empresarios o profesionales establecidos en ese Estado tercero puedan obtener la devolución del IVA soportado en España, en las condiciones establecidas en los artículos 119 bis de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) y 31 bis del  Reglamento del Impuesto (RIVA), a saber: - Nombrarán un representante a efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones con la Hacienda Pública, que responde solidariamente. - Debe existir reciprocidad de trato respecto de los empresarios o profesionales españoles, si bien este requisito no se exige en relación con cuotas soportadas por las importaciones de bienes y las adquisiciones de bienes y servicios previstas en el artículo 119 bis. 3º de la LIVA. - Presentarán el modelo 361 (solicitudes de devolución del IVA soportado en el territorio de aplicación del impuesto por empresarios o profesionales establecidos en terceros países con los que exista reciprocidad). El Brexit ha provocado que a efectos de IVA las adquisiciones y ventas de bienes dejen de ser considerados operaciones intracomunitarias. Y ello afecta a las formalidades aduaneras, a la cumplimentación y presentación de modelos tributarios. Igualmente cambian las reglas de localización para las prestaciones de servicios y las obligaciones de representación ante la Agencia Tributaria. Consecuencias del Brexit en el Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de 2021 Debemos resaltar que, a pesar de que el Reino Unido deje de ser considerado estado miembro de la UE, existe un Convenio bilateral entre el Reino Unido y España para evitar la doble imposición, el cual continuará siendo aplicable. Por este motivo, determinadas rentas que dejan de estar exentas en aplicación de la normativa interna, sin embargo, si se considerarán rentas exentas aplicando el Convenio. 1. A partir de 1 de enero de 2021 las contribuciones a fondos de pensiones de empleo de Reino Unido, no se considerarán gastos deducibles en virtud de lo dispuesto en el art. 14.2 de la LIS. 2. El cambio de residencia de una entidad con transferencia de elementos patrimoniales de España al Reino Unido generará una deuda tributaria en el Impuesto sobre Sociedades de las entidades españolas trasladadas (ya que se debe integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de dicha entidad). La normativa permite el aplazamiento de la deuda siempre que el traslado sea a otro país miembro de la UE. Tras el Brexit, ya no podrá ser objeto de aplazamiento en ningún caso. 3. La excepción a la calificación de paraíso fiscal por el hecho de pertenecer a la UE, a los efectos del artículo 21 de la Ley de Impuesto de Sociedades, no aplicará al Reino Unido, si bien podrá disfrutarse de la excepción derivada del Convenio de Doble Imposición entre este país y España. Esto afectará a la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios y a la reducción de las rentas procedentes de activos intangibles. 4. Los gastos asumidos por las diferentes entidades españolas contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades como consecuencia de actividades de investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (IT) en el Reino Unido no computarán para el cálculo de la base de deducción por la realización de las mismas (art. 35 y ss. LIS). 5. La deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales también se ve afectada ya que: a. las coproducciones en que participasen productoras británicas no se beneficiarían del límite incrementado (en vez del 60% se les aplicaría solo el 50%). b. el personal creativo: autores, actores, personal técnico, etc. (regulado en el artículo 5 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine) con residencia fiscal en el Reino Unido no originará derecho a la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 36 (20 por ciento de los gastos realizados en territorio español con ciertos límites). 6. Las AIEs constituidas por entidades españolas y británicas ya no podrían considerarse Agrupación europea de interés económico y no les será de aplicación el régimen fiscal especial de imputación de rentas a los socios establecido en el artículo 44 de la LIS. 7. En cuanto a las Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en el Reino Unido e inscritas en la CNMV, deberá realizarse un análisis caso a caso para determinar la tributación de las rentas procedentes de dichas IICs, cuando las participaciones se transmitan o se distribuyan los dividendos por parte de sus socios o partícipes. 8. La aplicación del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o Sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro, regulado en los artículos 76 a 89 de la LIS, será inoperante a partir de 1 de enero de 2021 en relación con los cambios de domicilio al Reino Unido por este tipo de sociedades. 9. Igualmente queda afecto al Régimen fiscal especial de transparencia fiscal internacional. Este régimen fiscal especial regulado en el artículo 100 de la LIS establece la imputación de las rentas obtenidas por los contribuyentes socios o partícipes de sociedades no residentes bajo una serie de circunstancias, como que estas estén participadas en más de un 50 por ciento por los socios y que tengan una carga tributaria directa inferior al 75 por ciento de la que correspondería en España. Este régimen de imputación no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas o se trate de una institución de inversión colectiva distintas de las previstas en el artículo 54 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea. Esta cláusula de escape de la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional cuando la entidad controlada es residente en otro Estado miembro no será de aplicación al Reino Unido a partir de 1 de enero de 2021. La salida de la UE por parte del Reino Unido hace que ya no sea posible aplicar ciertas deducciones fiscales ni regímenes especiales regulados en la LIS a empresas españolas que operen con personas físicas o jurídicas británicas (como, por ejemplo, las deducciones de I+D, IT, cambios de residencia a RU, o exenciones sobre dividendos y rentas procedentes de activos intangibles). Consecuencias del Brexit en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir del 1 de enero de 2021 Este impuesto está regulado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto. Sin perjuicio de la aplicación que resulte procedente a cada situación del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Londres el 14 de marzo de 2013 (BOE de 15 de mayo de 2014), en adelante CDI. 1. El artículo 14.3 de la Ley 35/2006 indica que si el contribuyente cambia de residencia a otro estado todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible del último período impositivo que deba declararse por IRPF. En el supuesto de desplazamiento a un país de la Unión Europea el contribuyente puede optar por presentar, a medida en que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria del ejercicio en que cambio su residencia sin sanción, intereses de demora ni recargo alguno. Si el Reino Unido deja de formar parte de la UE el traslado a dicho país no permitirá efectuar dicha opción. 2. El artículo 95 bis de la LIRPF por el que tributan determinadas ganancias patrimoniales por cambio de residencia, aunque no se haya producido la enajenación o reembolso de los valores o participaciones si se cumplen los requisitos establecidos. Se establecen especialidades- básicamente consistentes en diferir la tributación- para cuando el contribuyente se desplaza a un Estado miembro de la UE o de EEE con efectivo intercambio de información. Dichas especialidades no resultarían de aplicación en los desplazamientos al Reino Unido si éste deja de formar parte de la UE y del EEE. 3. La no aplicación de la Directiva 2004/39/CE a los valores de sociedades cotizadas residentes en el Reino Unido tendrá las siguientes consecuencias: - Se aplicará el tratamiento que se prevé para los valores no cotizados en el reparto de la prima de emisión y la reducción de capital con devolución de aportaciones. El plazo exigido para poder integrar una pérdida patrimonial derivada de una transmisión de dichos valores seguida de una reinversión pasaría de dos meses a un año. - La transmisión a título oneroso de dichos valores se regirá por las reglas previstas para la transmisión de valores no cotizados. 4. A partir de 2021 podrá aplicar el régimen de transparencia fiscal internacional (artículo 91 de la LIRPF) a sociedades residentes en el Reino Unido, de forma que, en caso de cumplirse los requisitos al efecto, las rentas que una entidad domiciliada en territorio británico obtenga podrán someterse al régimen de imputación y tributación en sede del socio español. 5. En cuanto a las Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en el Reino Unido e inscritas en la CNMV, deberá realizarse un análisis caso a caso para determinar la tributación de las rentas procedentes de las mismas. 6. El gravamen especial del 20 por ciento a los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades establecidas en otros Estados miembros de la UE o del EEE, y que persigan objetivos idénticos a los a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE y Cruz Roja, no se aplicaría a los organizados por entidades equivalentes residentes en el Reino Unido, pasando a tributar dichos premios en el IRPF como ganancias de patrimonio según las reglas generales del Impuesto (es decir, sin exención y aplicando la escala general de gravamen), salvo que el Reino Unido permanezca dentro del EEE. 7. El apartado 3 del artículo 37 de la LIRPF reconoce la aplicación del régimen especial de diferimiento fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades a los socios personas físicas, esto es, el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. La salida del Reino Unido de la UE podría motivar la no aplicación de este régimen dado que su aplicación depende de que las entidades intervinientes, sus socios o los elementos involucrados sean residentes o estén situados en un Estado miembro de la UE, o en algunos supuestos en el EEE (artículo 76 y siguientes de la LIS), y salvo que, en determinados casos, el Reino Unido permanezca dentro del EEE 8.- La Disposición adicional cuadragésima octava de la LIRPF regula ciertas deducciones aplicables a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Dicho precepto no se aplicaría respecto del Reino Unido si deja de tener la consideración de Estado miembro de la UE o del EEE. Los cambios el IRPF afectarán a las personas físicas que quieran cambiar su residencia a Reino Unido, no pudiendo beneficiarse ya del diferimiento en el pago de sus impuestos por rentas imputadas o ganancias patrimoniales. Consecuencias del Brexit en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a partir del 1 de enero de 2021 Este impuesto está regulado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR). Grava la renta obtenida en territorio español por contribuyentes no residentes, tanto personas físicas como entidades (artículo 1 TRLIRNR). Las formas de sujeción al impuesto son dos (artículo 15 TRLIRNR): a) rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, y b) rentas obtenidas mediante establecimiento permanente. Este impuesto contempla disposiciones específicas aplicables a residentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, disposiciones que dejarán de ser aplicables a los contribuyentes residentes en el Reino Unido una vez finalizado el período transitorio. No obstante, hay que resaltar que existe un Convenio bilateral entre Reino Unido y España para evitar la doble imposición, Convenio que continuará siendo aplicable. Por este motivo, determinadas rentas que dejarán de estar exentas en aplicación de la normativa interna, sin embargo, serían rentas exentas invocando el derecho a la aplicación de Convenio (Por ejemplo, intereses). 1. En cuanto a las rentas obtenidas por residentes del Reino Unido, no podrán aplicarse las siguientes exenciones: - Exención sobre los intereses y ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea. - Sobre los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en España a sus sociedades matrices residentes en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información. - Sobre los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en la Ley de Planes y Fondos de pensiones, que sean residentes en otro Estado miembro de la UE o del EEE con efectivo intercambio de información. - Sobre los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos por las instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. - Sobre los cánones entre sociedades asociadas, satisfechos a una sociedad residente en un Estado miembro de la Unión Europea o a un establecimiento permanente de dicha sociedad situado en otro Estado miembro. - Exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes de la UE, Islandia y Noruega: pueden excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la que haya sido su vivienda habitual en España, siempre que el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. 2. Base imposible: Los residentes en el Reino Unido ya no podrán deducirse a los efectos de la tributación atribuible a las rentas de fuente española ciertos gastos directamente relacionados con dichas rentas, previstos en el art. 24.6 TRIRNR. 3. Tipo de gravamen: En relación con las rentas gravadas al tipo general de gravamen, dejará de ser aplicable el tipo del 19%, propio de los residentes UE, y pasará a ser aplicable el 24%. Entre estas rentas cabe apuntar, entre otras: rendimientos de inmuebles, rendimientos del trabajo y rentas imputadas de bienes inmuebles. 4. Ya no será aplicable a los residentes en Reino Unido el régimen del artículo 46 TRLIRNR que permite optar por tributar por IRPF, pero sin perder por ello la condición de contribuyentes por el IRNR. 5. Hay una imposición complementaria que resulta exigible a los establecimientos permanentes de entidades no residentes cuando transfieran rentas al extranjero. La imposición complementaria no será aplicable cuando se trate de rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unidad Europea, salvo que se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal, o en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el que no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento recíproco. Con el Reino Unido existe un Convenio para evitar la doble imposición, que no está afectado por el Brexit, y que no contempla este tipo de imposición complementaria, por lo que la imposición complementaria, seguiría sin ser aplicable vía convenio. En el IRNR vemos como los residentes en R.U que tengan bienes en España abonarán más impuestos en nuestro país, ya que perderán exenciones fiscales, además de ver aumentada su base imponible (porque no se permite la deducción de ciertos gastos a miembros de países que no forman parte de la UE) y su tipo de gravamen (que pasará del 19% al 24%).