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  • Las claves sobre la prórroga de los ERTES por fuerza mayor
    el día 09/07/2020 a las 8:27 am

    El Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, prorroga las medidas destinadas a los ERTEs por fuerza mayor hasta junio, incluso aunque se reinicie la actividad con parte de la plantilla. No obstante, se recoge modificaciones importantes en relación con la exención de cuotas a la Seguridad Social, la restricción al reparto de dividendos o las cláusulas de salvaguarda de empleo, ahora más limitadas. Novedades del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo Uno de los puntos determinantes del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo es la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020. No obstante, se mantienen en la misma situación aquellas empresas y entidades que contaran con un ERTE de fuerza mayor, mientras duren las causas de este y en ningún caso más allá (por ahora) del 30 de junio de 2020. No se limita la posibilidad de establecer prórrogas futuras de aquellos aspectos que resulten necesarios en función del ritmo de recuperación social y económica. Todo parece indicar que, aunque el Gobierno está estudiando la posibilidad de prorrogar el plazo en los sectores más perjudicados por el parón de la actividad, como hostelería, turismo y actividades recreativas, en el resto de sectores, las empresas que consideren que no van a poder reanudar su actividad, se verán en la obligación de presentar un ERTE por causas económicas, productivas, organizativas o técnicas. Otro punto clave del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, es la creación de dos nuevas figuras jurídicas denominadas ERTE fuerza mayor total y ERTE fuerza mayor parcial. En este sentido, se encuentran en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020 y en ERTE Fuerza Mayor Total aquellas empresas que no hayan podido reactivar la actividad. Interpretaciones del art. 1 del Real decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado el 5 de junio de 2020 el Boletín RED 14/2020, que complementa los boletines anteriores números 11, 12, 13/2020, interpretando determinados aspectos relacionados con el Real Decreto-Ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deber ser comunicadas a la TGSS respecto del inicio de la situación de fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido en el art. 4.3 de dicho real decreto-ley. Asimismo, la Dirección General del Trabajo emitió dos circulares en fecha 27 y 28 de mayo de 2020.   En este sentido, las empresas que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial cuando concurran dos condiciones: 1) que las causas descritas en dicho precepto, y por razón de las cuales se aplicaron las distintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020 y 2) que estas empresas reincorporen a las personas trabajadoras afectadas, en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. En consecuencia, a raíz de las dudas esgrimidas por distintos empresarios sobre qué se considera “recuperación actividad” y debido a que “muchas empresas no abren, dado que no tienen perspectiva alguna de clientes, y otras para el volumen que tienen abren solo con el titular autónomo de la actividad.”, la DGT emitió criterio en su circular DGT-SGON-733PGG aseverando que corresponde a la empresa valorar en función de sus circunstancias particulares 1) en qué momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y 2) en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su jornada, es necesaria para el desarrollo de la actividad. Es por ello que la fuerza mayor parcial no actúa de forma automática en aquellas actividades que puedan reiniciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales referentes al proceso de desescalada dado que es necesario que las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, conforme a las cuales la empresa adoptó las medidas de suspensión o reducción de jornada, permitan el inicio de la actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen, entendiéndose en otro caso en fuerza mayor total. Es decir, que la fuerza mayor parcial a los efectos del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, necesita de la concurrencia de tres elementos: a) La existencia de un expediente de regulación de empleo anterior autorizado que incluirá a la totalidad o a parte de la plantilla, y que supondrá medidas de suspensión o reducción de jornada entendidas en los términos previstos en el artículo 47 ET y el Reglamento de procedimientos de despido colectivo y suspensión de contratos o reducción de jornada aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y b) Que las causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, cualesquiera de ellas, conforme a las cuales se adoptaron las medidas de regulación de empleo, permitan la recuperación de la actividad de la empresa, y c) Que se produzca la reincorporación de los trabajadores –en términos del Real Decreto-ley 18/2020: “deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.”- “Las empresas pueden recuperar la totalidad o parte de su actividad recuperando a las personas trabajadoras con carácter completo o parcial, renunciando o modificando en su aplicación las medidas excepcionales con el único requisito de comunicar, con carácter previo, a la autoridad laboral competente la renuncia total a las mismas, y al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas.” Asimismo, también se establece en dichos criterios que, a efectos laborales, la reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE conlleva la calificación de la situación de la empresa como "fuerza mayor parcial", independientemente de que ésta se hubiese producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020. Continuarán en situación de fuerza mayor total las empresas que continúen aplicando las medidas autorizadas de suspensión o reducción de jornada, afecten a toda o a parte de la plantilla, en la medida en que las causas referidas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, impidan el reinicio de su actividad y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020. En la medida en que concurran las dos condiciones descritas en la pregunta 1, se considerará que estas empresas pasarán a situación de fuerza mayor parcial de acuerdo con el art. 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020. Finalmente, si se recupera a algún trabajador de un ERTE por fuerza mayor (bien que pase de suspensión a reducción o bien que se incorpore a tiempo completo desde una reducción) porque se atisba que puede repuntar la actividad, pero se observa posteriormente que no hay carga de trabajo alguna, puede volver a ser afectado totalmente de nuevo en el ERTE de Fuerza Mayor mientras este continúe en vigor, siempre que haya justificación. Y esto será posible hasta el 30.6.2020 salvo que la empresa comunique la renuncia total a la autoridad laboral. En último término, el criterio expuesto de la Dirección General del Trabajo sobre la cuestión planteada no es vinculante, sino meramente informativo, al carecer la Administración de competencia para efectuar interpretaciones legales de aquel carácter, que está atribuida en exclusiva a los órganos jurisdiccionales. El tercer punto clave del Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, es la obligación de comunicación de variación de datos. Si la empresa renuncia al ERTE y reinicia la actividad de todos los trabajadores debe comunicarlo en quince días: en todo caso, las empresas y entidades afectadas por ERTEs deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de éstas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquéllas. En su caso, deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total al ERTE en el plazo de quince días desde la fecha de efectos de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, esta renuncia a los ERTEs o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación al Servicio Público Estatal de Empleo de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. Lógicamente, todas estas medidas están en función de la iniciativa de la empresa por lo que será ésta la que deba comunicar su decisión, en principio, con la periodicidad que ella misma determine. Como se puede comprobar, la norma establece únicamente el plazo de quince días máximo para la comunicación de renuncia total del ERTE pero no para el resto de supuestos. En caso de levantar la suspensión de toda la plantilla sin renunciar al ERTE las consecuencias económicas y sancionatorias recaerían sobre la empresa incumplidora. Ahora bien, se extrae del Boletín RED 14/2020 que solo por renuncia total comunicada de manera expresa ante la autoridad laboral dejan de desplegarse los efectos del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020. La exoneración regulada en el artículo 4.2.a) del RDL 18/2020 precisa que resulte posible la reanudación parcial, pero ello no excluye el que la reanudación pueda ser total. La norma parte de que exista, al menos, una posibilidad de reanudación, aunque sea en parte, pero no limita que, cumplido ese presupuesto, la reanudación pueda abarcar a todos los trabajadores de la empresa. En consecuencia, la reincorporación de todas las personas trabajadores, una vez cumplidos el resto de los requisitos, no determina la finalización de las exenciones establecidas en el artículo 4.2.a). En el caso de que una empresa reactivara inicialmente a sus trabajadores y, con posterioridad, procediera a suspender nuevamente el contrato de algunos de dichos trabajadores, se tendría derecho, respecto a tales trabajadores a los que se les suspendió el contrato posteriormente, a la exoneración prevista en el artículo 4.2.b) del RDL 18/2020. Ello por cuanto tales trabajadores continúan con sus actividades suspendidas, con independencia de que, inicialmente, reanudaron la actividad. Junto a la desafectación de las personas trabajadoras, el reinicio de la actividad requiere, para que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor parcial, la reanudación efectiva de la actividad y no la mera preparación de la misma. Es decir, no puede entenderse que las tareas preparatorias de la actividad principal suponen la recuperación parcial de la actividad a los efectos previstos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020. En aplicación de lo expuesto, todas las referencias a la reactivación de la actividad recogidas en el texto del Real Decreto ley 18/2020, tanto en sus preceptos como en las Disposiciones Adicionales, deben entenderse referidas al mismo momento: el de la reanudación efectiva de la actividad, descartando las meras tareas preparatorias. El cuarto punto clave de la normativa analizada es qué sucede con los ERTEs por otras causas vigentes o tramitados tras la aprobación de esta nueva normativa. Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor de esta nueva norma y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020 con las especialidades recogidas en esta nueva norma. En ese sentido: a) la tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor; b) cuando el ERTE por otras causas se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de éste; c) los ERTEs vigentes a la fecha de entrada de esta nueva norma seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. Esta regulación se aplica exclusivamente a los procedimientos de regulación temporal por causas distintas a la fuerza mayor que se inicien a partir de la vigencia de esta norma y hasta el 30 de junio. Con varias precisiones; primera, son compatibles con ERTEs de fuerza mayor; segunda, si se sucediera un ERTE por fuerza mayor con un ERTE por otras causas, los efectos de este último coincidirán con la finalización de aquél; y, tercero, los ERTEs por otras causas vigentes, seguirán rigiéndose por su propia normativa y con la duración comunicada por la empresa. El quinto punto es la salvaguarda o mantenimiento de empleo en la empresa afectada por un ERTE Fuerza mayor.  Se garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Respecto de la salvaguarda de empleo prevista se concretan, a través de la modificación acordada en esta norma, en sus ámbitos subjetivo y objetivo, medidas vinculadas y consecuencias de su incumplimiento, teniendo en cuenta además las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable y, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. No obstante, si observamos la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, matiza tres cuestiones que tiene interés para el presente artículo: Añade la posibilidad de una flexibilización de este requisito a valorar «en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo». No obstante, no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Es por ello que las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar. Lo que es seguro es que, si bien esta crisis no es estructural, parte del tejido empresarial español, Pymes sobre todo, ya estaban amortizando puestos de trabajo antes de la crisis, por lo que muchas de ellas, tras casi tres meses de parón, se verán forzadas al cierre. La naturaleza de los ERTEs, además, no permite que se puedan convertir en EREs, a no ser que se devuelvan las cuotas exoneradas. Y para continuar como ERTEs por causas ETOP, es complicado determinar los plazos de su aplicación en la negociación dada la situación de incertidumbre. El sexto punto clave del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, consiste en la regulación de las exenciones que se aplican a los expedientes por causa de fuerza mayor.  Exoneraciones en las cuotas con distinto alcance según se trate de una situación de fuerza mayor total o parcial, distinguiendo, del mismo modo, a los efectos del porcentaje de exoneración, entre el reinicio de la actividad y el mantenimiento parcial de las medidas de suspensión o reducción de jornada. El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, y fija una serie de tramos para los casos de ERTE por fuerza mayor parcial tomando como referencia el número de personas trabajadoras en plantilla. “Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada.” De esta forma se aplica la exoneración sobre la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. La exoneración se realizará respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020 por las empresas situación de ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 en función del número de trabajadores en plantilla. ERTE Fuerza Mayor Total:  Sobre las cuotas de mayo y junio se producirá una exoneración del 100% a empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% a las que tengan más. ERTE Fuerza Mayor Parcial:  Por las personas trabajadoras que vuelvan a su actividad, se aplicará a) Empresas con menos de 50 trabajadores: Se producirá una exoneración del 85% en mayo y del 70% en junio b) Empresas con más de 50 trabajadores: Se producirá una exoneración del 60% en mayo y del 45% en junio.  Por las personas trabajadoras que no vuelvan a su actividad, se aplicará a) Empresas con menos de 50 trabajadores: Se producirá una exoneración del 60% en mayo y del 45% en junio y b) Empresas con más de 50 trabajadores: Se producirá una exoneración del 45% en mayo y del 30% en junio A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). En ningún caso las exenciones tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado. Las exenciones mantienen su misma dimensión en aquellos casos en los que el ERTE por fuerza mayor no varía. Sin embargo, las exenciones a las cotizaciones empresariales se reducen si reincorporan a trabajadores a la actividad, tanto en lo que se refiere al pago de cuotas de los trabajadores reincorporados como aquellos que permanezcan en el ERTE parcial. Finalmente, advertir como últimos puntos a destacar del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los ERTEs por fuerza mayor. A su vez, las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a dichos ERTEs por fuerza mayor, y siempre que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos ERTEs, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social. Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social. Asimismo, se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes y, con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. Como casi todo acuerdo social, delega en una comisión de seguimiento los posibles ajustes, interpretaciones o modificaciones del mismo. En conclusión, la opción de canalizar el ajuste del empleo a través de los ERTEs se ha demostrado hasta la fecha eficaz para amortiguar el impacto de la emergencia sanitaria del COVID-19, su efectividad durante el proceso de desescalada requiere de medidas específicas para que estos procedimientos puedan acompasar la reincorporación de trabajadores afectados por los mismos con la recuperación gradual de la actividad. Siendo así, aunque las modificaciones incluidas en el RDL 18/2020 y analizadas en los párrafos precedentes suponen un avance positivo en esta dirección, incluso a pesar de las condiciones contraproducentes que hayan podido establecerse, conviene adoptar medidas adicionales que permitan profundizar en la aplicación flexible de los ERTEs durante el proceso de desescalada.

  • Medidas fiscales de apoyo al sector cultural
    el día 09/07/2020 a las 8:24 am

    El Real Decreto-ley 17/2020 ha aprobado una serie de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Entre las medidas fiscales destacan el incremento de los incentivos fiscales al mecenazgo y a la producción cinematográfica y audiovisual y se crean y amplía la duración de diversos acontecimientos de excepcional interés público. Las medidas de naturaleza tributaria se circunscriben fundamentalmente, por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, a sustanciales incrementos de los porcentajes de cálculo y de los límites relativos a las deducciones por inversiones en producciones españolas cinematográficas o series audiovisuales y sobre gastos de ejecución de producciones extranjeras; y, en el ámbito del IRPF, a un incremento de un 5% en los porcentajes de deducción previstos para determinados donativos, donaciones y aportaciones. 1. Impuesto sobre Sociedades Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en los siguientes términos: a) Deducción por inversiones en producciones españolas cinematográficas o series audiovisuales En relación a los incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual de series de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, el coproductor se podrá deducir: Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción (anteriormente era del 25 por ciento). Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe (anteriormente era del 20 por ciento). También se eleva a 10 millones de euros el importe máximo de la deducción (anteriormente era de 3 millones). Adicionalmente, aunque el límite general conjunto de la deducción, junto al resto de ayudas percibidas, se mantiene en el 50% del coste de producción, se incrementan los supuestos en los que ese límite es superior. Así, si la norma vigente hasta la fecha preveía que el límite referido se incrementara únicamente (i) en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un Estado miembro (hasta el 60%) y (ii) en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción no supere 1 millón de euros (hasta el 70%), la nueva redacción del precepto mantiene el primer caso y sustituye el segundo con un incremento del límite hasta el 80% para las producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo presupuesto de producción no supere 1.500.000 euros. Asimismo, el referido límite se incrementa en un nuevo y nutrido grupo de nuevos casos, estableciéndose en: El 85 por ciento para los cortometrajes. El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo presupuesto de producción no supere 1.500.000 de euros. El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España en dicho idioma cooficial o subtitulado. El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido por el órgano competente. El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras. El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que se establezcan mediante Orden Ministerial o en las correspondientes convocatorias de ayudas. El 75 por ciento en el caso de los documentales. El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto de producción no supere 2.500.000 de euros. El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un Estado miembro. El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con países iberoamericanos. b) Deducción por ejecución de producciones extranjeras En relación a los incentivos fiscales a los rodajes extranjeros (deducción para los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada) los productores se  podrán deducir por los gastos realizados en territorio español deducción( que venía siendo del 20% de los gastos realizados en territorio español): •           Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción. •           Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. La deducción se aplica siempre que tales gastos sean, al menos, de 1 millón de euros. No obstante, se establece como novedad que para los gastos de preproducción y postproducción destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio español, el límite se establece en 200.000 euros. Se eleva de 3 a 10 millones de euros el límite de esta, por cada producción realizada. 2. IRPF a) Incentivos fiscales al mecenazgo Con efectos desde el 1 de enero de 2020 se incrementa en 5 puntos porcentuales los incentivos fiscales al mecenazgo (deducción por donativos). Así los contribuyentes del IRPF se podrán deducir de la cuota íntegra  el 80 por ciento de los 150 primeros euros invertidos en un proyecto, y el 35 por ciento de la cantidad restante. Este último porcentaje de deducción se eleva al 40 por ciento, si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran efectuado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad. De este modo, los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la siguiente escala: Base de la deducción % Deducción hasta 31-12-2019 % Deducción desde 01-01-2020 Hasta 150 euros 75 80 Resto base deducción 30 35 b) Creación y ampliación de la duración de diversos Acontecimientos de Excepcional Interés Público. Se regulan los siguientes beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público: Beneficios fiscales aplicables al «Plan Berlanga», con duración desde 1/04/2020 a 31/03/2023. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela», con duración desde 7/05/2020 al 31/12/2022 Beneficios fiscales aplicables al evento «España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021», con duración desde 7/05/2020 al 31/12/2022 Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real», con duración desde 1/07/2020 hasta 30/06/2023 Beneficios fiscales aplicables al acontecimiento «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu», con duración desde 1/12/2020 hasta 30/11/2023 Para todos ellos se establecen los máximos beneficios fiscales previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. Además, se modifica la duración de determinados acontecimientos de excepcional interés público. Así: Beneficios fiscales aplicables al «Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020». Se amplía su duración hasta el 31 de diciembre de 2021 (anteriormente abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2020). Beneficios fiscales aplicables al «V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano». Se amplía su duración hasta el    31 de diciembre de 2022 (anteriormente abarcaba hasta el 7 de mayo de 2020). Beneficios fiscales aplicables a «Andalucía Valderrama Masters». Se amplía su duración hasta el  hasta el 31 de diciembre de 2021 (anteriormente abarcaba hasta el hasta el 31 de diciembre de 2020). Beneficios fiscales aplicables al Programa «Año Santo Jacobeo 2021». Se amplía su duración hasta el  hasta el 30 de septiembre de 2022 (anteriormente abarcaba hasta el hasta el 30 de septiembre de 2021).

  • Implicaciones de la reincorporación de los trabajadores afectados por ERTE
    el día 10/06/2020 a las 8:31 am

    Afectación y desafectación antes y a partir del RDL 18/2020, de 12 de mayo. A) MANTENIMIENTO DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR Y POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS Como cuestión importante, tanto para los ERTES por fuerza mayor como ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, es que tiene una regulación con características extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RDL 8/2020, que están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses, desde la fecha de reanudación de la actividad, si bien, se ha matizado ese rigor circunscribiéndose a las empresas con ERTES por fuerza mayor total o parcial (DF 1ª.tres del RDL 18/2020). Duración de los ERTES por fuerza mayor: La duración será siempre temporal y se adecuará a la duración de la situación coyuntural que se pretende superar: En este supuesto, la duración será hasta que finalice la situación provocada por el estado de alarma, teniendo derecho los trabajadores incluidos en el ERTE, a las prestaciones por desempleo desde el momento en que cesaron en el trabajo por la fuerza mayor. El Servicio Público de Empleo ha puesto de manifiesto, que va a prorrogar de oficio, todas aquellas prestaciones por desempleo solicitadas por ERTES de fuerza mayor, cuya duración se hubiera fijado indicando el fin del estado de alarma o alguna fecha anterior. Además, mientras dure el ERTE por fuerza mayor, existe la posibilidad de solicitar por parte de la empresa, una exoneración total o parcial, de las cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores incluidos en el ERTE. No es obligatorio para las empresas mantener el ERTE por fuerza mayor hasta la duración máxima prevista, sino que, en la medida que consideren que pueden reiniciar su actividad, las empresas pueden ir reincorporando previamente a los trabajadores.    No obstante lo anterior, por el RDL 18/2020, de 12 de mayo, que deriva del acuerdo social en defensa del empleo, suscrito por los sindicatos más representativos y la COE, a partir de su entrada en vigor (14-5-2020), “continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020”.  En definitiva, las empresas que no puedan reiniciar su actividad, podrán prorrogar los ERTES hasta el 30-6-2020. Si las empresas recuperan parcialmente la actividad, podrán ir reincorporando a las personas afectadas por el ERTE, según sus necesidades.   Se mantiene para los ERTES por fuerza mayor, las medidas extraordinarias en materia de desempleo hasta el 30-6-2020 (art. 3.1 del RDL 18/2020). Duración de los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas: La duración será también siempre temporal, y se adecuará a la superación total o parcial de las causas alegadas. Se ha de subrayar, que la empresa cuando finalice el proceso de consultas con acuerdo o sin acuerdo, debe comunicar a los trabajadores los días concretos de suspensión de los contratos o reducción de jornada individualizados por cada una de los trabajadores afectados y el tiempo acordado o fijado unilateralmente, si no hubiera habido acuerdo con la representación de los trabajadores. En el supuesto de reducción de la jornada, se debe de determinar el porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo el periodo que se extienda su vigencia. En el citado RDL 18/2020, se establece, que los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, podrán iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, lo que supone, que, tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, se podrá iniciar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, y la fecha de efectos de éste se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor. Al igual que los ERTES de fuerza mayor, las medidas extraordinarias por desempleo, se mantienen hasta el 30-6-2020. Para los trabajadores fijos discontinuos dichas medidas serán aplicables hasta el 31-12-2020. B) POSIBILIDAD DE REINCORPORAR/DESAFECTAR TOTAL O PARCIALMENTE, A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL ERTE DE FUERZA MAYOR CON ANTERIORIDAD AL RDL 18/2020, DE 12 DE MAYO Como se ha indicado, cuando se ha instado un ERTE por fuerza mayor, mientras se mantenga el estado de alarma, y tras su nueva duración hasta el 30-6-2020 (por el RDL 18/2020) no hay obligación de reincorporar a los trabajadores incluidos en el ERTE, sin perjuicio que, si la reiniciación de la actividad lo aconseja, las empresas pueden decidir ir incorporando a todos o parte de los trabajadores incluidos en el ERTE.   En consecuencia, se podía ir llamando progresivamente a los trabajadores para que se reincorporen al trabajo para atender a la demanda de actividad que pueda ir surgiendo en la empresa, sin necesidad de tener que incorporar al mismo tiempo a todos los trabajadores. Se ha de poner de manifiesto, que el RDL 8/2020, o normas posteriores, no establece el supuesto de desafectación de los trabajadores, si bien, criterios de interpretación lógica, hace totalmente plausible reincorporar de manera anticipada a un trabajador de un ERTE por fuerza mayor, máxime, cuando en su procedimiento no es necesario pactar acuerdo alguno con los representantes de los trabajadores, siendo la Administración laboral la que constate la causa de fuerza mayor para su estimación. Asimismo, el Servicio Público de Empleo, en algunas de sus guías, preguntas y respuestas y modelos para dar de baja a las prestaciones por fin de ERTE, así parece colegirse expresamente. El criterio de la Dirección General de Trabajo de fecha 1-5-2020, aclara la posibilidad que las empresas que estuviesen aplicando medidas de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, pueden renunciarse a las mismas de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Dicho criterio está positivizado por el nuevo RDL 18/2020, que permite el reinicio parcial de la actividad y reincorporación o desafectación de trabajadores hasta el 30-6-2020.       Por ello, es posible desistir del ERTE solicitado, y, en consecuencia, reincorporar a toda la plantilla, sin necesidad de autorización de la Autoridad Laboral, o en su caso, reincorporar parcialmente los trabajadores desafectándolos del ERTE, en atención a la necesaria adecuación del personal a las nuevas exigencias de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. La recuperación por las empresas de todos o algunos de sus empleados, tiene como finalidad, entre otras, la reactivación parcial de la económica, mediante la dinamización de los diversos tipos de sectores, que están limitadas por el estado de alarma.   Pasos a seguir a fin de desafectar a uno o varios trabajadores, o desistir del ERTE ANTERIORES AL RDL 18/2020: El criterio de la Dirección General de Trabajo de 1-5-2020, para ERTES de fuerza mayor anteriores al 13-5-2020, no ha concretado exigencias documentales o procedimentales para la desafectación parcial o total de los trabajadores, poniendo de relieve, que únicamente bastará con comunicar a la Autoridad Laboral el desistimiento o desafección de los trabajadores, para poder adaptar el ERTE solicitado a las medidas de la desescalada. Se considera que para los ERTES por fuerza mayor que desafecten a trabajadores antes de la vigencia del RDL 18/2020, se considera adecuado:  Comunicar al trabajador que va a ser desafectado con carácter previo, explicando brevemente las causas. Comunicar a la Autoridad Laboral la desafectación con carácter previo, explicando objetivamente las causas por las que se desafecta estando en fuerza mayor a este trabajador.  Adjuntar la comunicación al trabajador. Comunicar con carácter previo al SEPE dicha desafectación. El propio SEPE ha elaborado una guía para orientar a las empresas en los procesos que deberán comunicarle a efectos de tramitar las bajas de las prestaciones de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión o de reducción de jornada. Comunicación a la TGSS, ya que, por fuerza mayor se está dando la exoneración en pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, además hay la obligación de notificar las variaciones que se producen respecto a los trabajadores. A partir de la vigencia del RDL 18/2020 y dadas las medidas extraordinarias en materia de desempleo y cotización, por la prórroga de los ERTES hasta el 30-6-2020, se deberá comunicar la renuncia del ERTE o la desafectación de trabajadores, al SEPE, y a la Autoridad Laboral, en el plazo de 15 días. C) POSIBILIDAD DE REINCORPORAR/DESAFECTAR TOTAL O PARCIALMENTE, A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS Como ya hemos puesto de manifiesto, el criterio de la Dirección General de Trabajo de 1-5-2020, posibilita la desafectación parcial de trabajadores en ERTES de fuerza mayor, pero para ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, la cuestión es distinta, ya que, su tramitación se ha realizada mediante un procedimiento de consultas o negociación, que ha resultado con acuerdo o sin acuerdo. En los ERTES sin acuerdo, es posible la desafectación en atención a las medidas de ajuste interno de las empresas para la recuperación de la actividad laboral. En cambio, en los ERTES con acuerdo con la representación de los trabajadores, no será posible si dicha desafectación no ha estado pactada en el proceso final del periodo de consultas. En el supuesto que el trabajador que la empresa decide desafectar se negara, no existe doctrina judicial homogénea al respecto, pudiéndose negar, si bien, dicha negativa, podría considerarse abandono del puesto de trabajo, si la empresa acreditara que existen causas justificadas y objetivas para reincorporar a dicho trabajador a su puesto de trabajo. Se ha de subrayar, que el RDL 18/2020, nada regula sobre la posibilidad de reincorporación de parte de los trabajadores que están en el ERTE objetivo.  Para el supuesto que el ERTE se haya realizado por acuerdo de los trabajadores, la desafectación o reincorporación de los mismos, como se ha indicado, no puede ir en contra de los pactos suscritos en el acuerdo con la representación de los trabajadores o comisión negociadora. En todo caso, habría que seguir los siguientes pasos si la desafectación es acordada o en cumplimiento de lo pactado en el propio ERTE:  Comunicar al trabajador que va a ser desafectado con carácter previo, explicando brevemente las causas. Comunicar a la Representación Legal de Trabajadores la desafectación del trabajador, explicando los motivos de la desafectación.   Comunicar a la Autoridad Laboral la desafectación con carácter previo, explicando objetivamente las causas por las que se desafecta ese trabajador.  Adjuntar la comunicación al trabajador y a la Representación Legal de Trabajadores. Comunicar con carácter previo al SEPE dicha desafectación. D) ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES POR FUERZA MAYOR A PARTIR DEL RDL 18/2020, DE 12 DE MAYO, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO –BOE 13-5-2020-                                           -Empresas que no puedan reiniciar su actividad: A partir de la entrada en vigor de este RDL, continuarán en situación de fuerza mayor total, aquellas empresas y entidades que contaran con un ERTE basado en el art. 22 del RDL 8/2020, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30-6-2020. -Fuerza mayor parcial: Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial, aquellas empresas y entidades que cuenten con un ERTE autorizado en base al art. 22 del RDL 8/2020, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30-6-2020. Desafectación de trabajadores necesarios: Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. -Comunicación: Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los ERTES o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al SEPE de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al SEPE aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.          E) ESPECIALIDADES PARA LOS ERTES DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN COMUNICADOS A PARTIR DEL DESCONFINAMIENTO A los ERTES basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor del RDL 18/2020 y hasta el 30-6-2020, les resultará de aplicación en art. 23 del RDL 8/2020, con las siguientes especialidades: La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor. Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de éste. Los ERTES vigentes a 12-5-2020, mantienen su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa. F) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POR EL RDL 18/2020, EN MATERIA DE COTIZACIÓN VINCULADAS A LAS MEDIDAS REGULADAS PARA LOS SUPUESTOS POR FUERZA MAYOR a) Exoneración de cuotas empresariales devengadas en mayo y junio de 2020, para los ERTES por fuerza mayor que continúen en dicha situación hasta el 30-6-2020: Las cotizaciones para las empresas y entidades afectadas por un ERTE por fuerza mayor total, es el siguiente: -100% si, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. -75% cuando en la referida fecha tuvieran en alta 50 o más trabajadores, o asimilados a los mismos. Como es de ver, se mantienen la exoneración de cuotas empresariales, tal como tenía previsto el RDL 8/2020, de 17 de marzo. b) Exoneración de cuotas empresariales para empresas con un ERTE por fuerza mayor parcial 1.- Exoneración de cotizaciones para los trabajadores que se reincorporan a su actividad laboral: La norma considera que las empresas se encuentran en situación de fuerza mayor parcial, aquellas que cuenten con un ERTE autorizado en base al art. 22 del RDL 8/2020, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020. Estas empresas o entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Cotizaciones respecto de las personas trabajadoras que reinician su actividad: -Del 85% de las cuotas en mayo y el 70% en junio si tienen menos de 50 trabajadores. -60% en mayo y el 45% en junio si tienen 50 o más trabajadores. c) Exoneración de cuotas para los trabajadores que permanecen en el ERTE con el contrato suspendido Cotizaciones respecto de las personas trabajadoras que permanecen en el ERTE: -Empresas de menos de 50 trabajadores: Mayo: exención del 60% Junio: exención del 45% -Empresas de más de 50 trabajadores: Mayo: exención del 45% Junio: exención del 30% d) Procedimiento y control de la exoneración de cotizaciones Comunicación a la TGSS: Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada. Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). Reconocimiento por el SEPE de la prestación por desempleo: A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el SEPE proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. La TGSS podrá establecer los sistemas de comunicación necesarios con el SEPE para el contraste con sus bases de datos del contenido de las declaraciones responsables y de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo. Cotización íntegra para los trabajadores: Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el art. 20 de la LGSS/2015. Bonificaciones a cargo de los presupuestos: Las exoneraciones serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias profesionales, del SEPE en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por formación profesionales y del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.

  • Efectos fiscales de los ERTE
    el día 09/06/2020 a las 10:00 pm

    Básicamente la trascendencia tributaria de un ERTE se centra en la obligación de declarar en IRPF, pérdida de la deducción por maternidad, regularización IRPF por reglas especiales de imputación en caso de anulación del ERTE, y cambios en la determinación de los porcentajes de retención. La crisis del coronavirus ha perdido el apelativo inicial de sanitaria, para convertirse en una crisis humanitaria de alcance mundial que ha secuestrado nuestras vidas privándonos de nuestra libertad y conculcando nuestros derechos más básicos y esenciales. En esta ocasión la cosa no va de ciclos ni desequilibrios macroeconómicos, el país se ha parado y cerró súbitamente la persiana por orden gubernamental hasta obtener algún atisbo de remisión del virus. Los médicos y epidemiólogos son los que marcan en este momento las directrices y las reglas de juego anteponiendo la salud y la vida de las personas a las funestas consecuencias económicas derivadas del confinamiento. Y entre tanto el Gobierno ha ido aprobando una serie de medidas paliativas en formato “soft law” que de forma ambigua e inconexa han ido desfilando por el BOE en las últimas semanas, entre las que cabe resaltar el ERTE por causa de fuerza mayor, sin duda el producto estrella. Se trata de un mecanismo jurídico por mediación del cual se puede plantear la suspensión del contrato laboral o reducción de jornada cuya regulación normativa central se encuentra en los artículos 45 1.i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Así, el artículo 22 del RDL 8/2020 referente a medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, establece que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores antes referido. Posteriormente, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, incrementó el ámbito de aplicación de los procedimientos ERTE por causa de fuerza mayor para cubrir también caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales modificando el contenido del reseñado artículo 22 del RDL 8/2020. ¿Qué efectos fiscales puede producir un ERTE? Básicamente la trascendencia tributaria de un ERTE se centra en las siguientes cuestiones: Obligación de declarar en IRPF. Pérdida de la deducción por maternidad. Regularización IRPF por reglas especiales de imputación en caso de anulación del ERTE. Cambios en la determinación de los porcentajes de retención. En primer lugar, en lo que respecta a la obligación de declarar para los contribuyentes en el IRPF, prevista en el artículo 96 de la LIRPF, establece unos límites máximos de exoneración. Con carácter general se establece un límite de 22.000 euros anuales para rendimientos del trabajo por debajo del cual, los contribuyentes no tendrán la obligación de declarar por tal concepto. No obstante el artículo 96.3 reduce el límite anterior de los rendimientos del trabajo a 14.000 euros cuando concurre un segundo o más pagadores, y la suma obtenida de los mismos supere en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, todo ello sin perjuicio de la posible aplicación de la disposición transitoria trigésima cuarta de LIRPF. En base a lo anterior, la Consulta Vinculante de la DGT V1378-17 señala  que cuando el empleado incluido en un ERE temporal haya percibido rendimientos del trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la empresa, nos encontramos en presencia de dos pagadores distintos: el propio SEPE y la empresa donde trabaja el empleado y en consecuencia, si la cantidad percibida del segundo pagador por orden de cuantía, supera los 1.500 euros anuales, el límite que opera a los efectos de la obligación de declarar será el de 14.000 euros anuales que es ostensiblemente inferior. Por tanto aquí tenemos una primera implicación tributaria relevante para el empleado perceptor de rendimientos del trabajo que podrá incurrir con mayor probabilidad en la obligación de rendir cuentas con la Hacienda Pública en su calidad de contribuyente del IRPF. Conviene señalar que había cuenta de la naturaleza temporal y coyuntural de los ERTE y de las cuantías sufragadas, en la mayoría de casos los ingresos obtenidos no están sujetos a retención o en todo caso, a un tipo ínfimo, circunstancia que puede redundar en una cuota líquida a ingresar en la medida en que las retenciones practicadas en cómputo anual no queden ajustadas al nivel retributivo ni a las circunstancias familiares del obligado tributario. Otro efecto fiscal relevante inherentemente asociado al ERTE es la pérdida parcial del derecho a la deducción por maternidad. El artículo 81 LIRPF establece que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes , que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial del IRPF 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, cuantía que podrá incrementarse hasta 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma, hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Obsérvese que la deducción por maternidad está totalmente supeditada a la realización de una actividad por cuenta propia o ajena y tiene como límite para cada hijo, las cotizaciones a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción, circunstancia que no se entenderá producida en el caso de un ERTE habida cuenta de la suspensión contractual que el mismo supone. En consecuencia, al no entenderse cumplido el requisito de actividad, el derecho de la deducción decae y se evapora como el agua hirviendo, siendo éste el criterio sostenido de forma reiterada por la DGT en sus Consultas Vinculantes V1955-13 y V1957-13. Otro efecto fiscal vinculado a los ERTE que conviene significar es el derivado de una posible anulación por parte del órgano judicial que suponga la obtención extemporánea de los importes descontados por el pagador y la consecuente devolución de las prestaciones indebidamente satisfechas. El criterio de imputación temporal de las rentas del trabajo se recoge en el artículo 14 de la LIRPF, que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. No obstante existen unas reglas especiales de imputación previstas en el apartado 2 del mismo artículo que establece lo siguiente: “Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.” Por tanto en aplicación de la normativa expuesta, cuando se perciban por resolución judicial rendimientos del trabajo no satisfechos en el momento de su exigibilidad por motivos no imputables al contribuyente, dichos rendimientos deberán regularizarse imputándose en el período impositivo en el que la resolución judicial haya adquirido firmeza con reconocimiento del derecho a su percepción, y todo ello sin perjuicio de la posible aplicación de la reducción del 30% si corresponden a un periodo de generación superior a dos años o puedan calificarse a efectos reglamentarios como rentas obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo y siempre que en ambos casos, se imputen en un único periodo impositivo. Este es criterio adoptado por la Dirección General de Tributos también de forma reiterada en las consultas V1493-18, V1507-18, V0121.19 y la más reciente V2856-19 de 15 de octubre. Finalmente en lo que respecta a los posibles cambios del porcentaje de retención, el artículo 87.3 del RIRPF establece que cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial aplicable, o como consecuencia de modificaciones en la categoría del trabajador o, por cualquier otro motivo que suponga durante el periodo impositivo, variaciones en la cuantía de las retribuciones, procederá regularizar el tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento, provocando con ello cambios en el salario neto percibido por el perceptor.

  • Consecuencias del Covid-19 en la actividad de auditoria
    el día 15/05/2020 a las 9:39 am

    China comunicó, el pasado mes de diciembre de 2019, el brote de coronavirus (covid-19). Desde entonces se han venido multiplicando el número de casos en un elevado número de países de todo el mundo incluido, y no poco, España, cuyo primer caso fue detectado a finales de enero del 2020. Como ya sabemos la Organización Mundial de la Salud calificó este virus, en su momento, de pandemia internacional. Una de las medidas adoptadas por la inmensa mayoría de gobiernos de todo el mundo ha sido el aislamiento de ciudades y países, así como la restricción en el libre movimiento de personas. Todo ello está teniendo un impacto muy significativo en muchísimas empresas que han visto enormemente reducida, e incluso anulada, su actividad, en ocasiones impuesto por las medidas preventivas de los gobiernos, con la aparición, de manera importante y generalizada, de la obligación de utilizar el teletrabajo. Estas medidas de prevención, prohibición y obligaciones adoptadas por los gobiernos y también por las empresas en general, afectan a cualquier tipo actividad y, naturalmente, la auditoría de cuentas no se escapa. En este artículo voy a tratar de comentar las principales afectaciones de todo ello en la auditoría de cuentas. Introducción En el caso de España la situación supuso que el Gobierno aprobara el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con el objeto de adoptar medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Dicho RD contenía la declaración del estado de alarma que afecta a todo el territorio y tenía, en principio, una duración de quince días naturales, si bien se preveía que este plazo se pudiera prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, como de hecho ya ha sucedido en una ocasión y parece que volverá a suceder en breve. Por lo que se refiere al contenido del RD, además de lo incluido expresamente en el articulado, se incorporan también, en sus disposiciones adicionales, aspectos relevantes sobre la suspensión de plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad que no pueden ser obviados por empresas y auditores. Por otra parte, tres días después, se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este nuevo RD supuso el planteamiento de una consulta al ICAC referente al efecto de lo dispuesto en el artículo 40, apartados 3 a 5, del referido Real Decreto, en el proceso de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales por parte de las distintas empresas y entidades, y su posterior modificación por el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. También trataré de comentar la respuesta dada por el ICAC a las dudas planteadas. Principales cuestiones que afectan a la auditoría Una primera cuestión es que, para la inmensa mayoría de las empresas, principalmente las PyMES, su ejercicio económico coincide con el año natural y, por tanto, se trata de entidades para las que el 14 de marzo de 2020 aún no había finalizado el plazo de formulación de sus cuentas anuales y, en general, no habían sido formuladas por su órgano de administración. Para estos casos, de acuerdo con el art. 40.3 del referido RDL 20/2020, la obligación de formular las cuentas anuales en sus distintas modalidades y, en su caso, el informe de gestión quedó suspendida hasta que finalice el estado de alarma, restableciéndose de nuevo por otros tres meses a contar desde dicha fecha. Paralelamente, la junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 2019 deberá reunirse, necesariamente, dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el nuevo plazo excepcional para formular las cuentas anuales. En otras palabras, para el cómputo de las fechas límite de formulación y aprobación de cuentas se sustituye la fecha habitual y general de cierre del ejercicio, esto es 31 de diciembre de 2019, por la fecha en que finalice el estado de alarma. Naturalmente dicha situación también afecta directamente a la auditoría de cuentas de aquellas empresas que se hallan obligadas a ello y, por supuesto, a los auditores de cuentas en su organización. Ante esta muy atípica situación no es de extrañar que las Corporaciones de derecho público representativas de los auditores hayan elaborado toda una serie de circulares, documentos y actuaciones dirigidos a facilitar la labor de sus afiliados. Entre dichas actuaciones se incluyen las consultas planteadas al ICAC. En su respuesta, recuerda el ICAC, que la redacción del artículo 40 del referido RDL 8/2020, ha sido modificada por la disposición final 1ª, apartado trece, del RDL 11/2020, de 31 de marzo. Así, según el ICAC, estas excepcionales circunstancias tendrán repercusión, no sólo en el plazo de aprobación de las cuentas anuales, sino que también puede influir en la fecha de emisión del informe de auditoría. Cabe deducir del literal de lo dispuesto en el artículo 40.3 y según el ICAC, que esta regulación no afectaría a entidades en las que hubiese finalizado el plazo de formulación de las cuentas anuales antes del 14 de marzo de 2020. No obstante, cabe advertir que la norma en cuestión establece la posibilidad de extensión de dicho plazo, pero no prohíbe que durante el período del estado de alarma puedan formularse y verificarse dichas cuentas anuales. En este sentido, el artículo 40.4 del RDL regula un régimen especial de tiempo para la realización de la auditoría para aquellos casos en que antes de la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, o durante la vigencia de dicho estado se hubieren formulado las cuentas anuales. En estos casos el plazo para la verificación contable de las cuentas anuales, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. Por otra parte, y siguiendo con el razonamiento efectuado por el ICAC en su respuesta, es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), en la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y en el Reglamento de Auditoría de Cuentas (RAC), podemos inferir que la normativa no incluye un plazo concreto de realización del trabajo de auditoría y de emisión del informe de auditoría. Por tanto, al venir delimitado dicho plazo por la fecha de formulación de las cuentas anuales y el periodo de aprobación, éste normalmente se encontrará determinado contractualmente, si bien a este respecto deberán tenerse en cuenta los requerimientos legales o estatutarios a los que la entidad se encuentre sujeta, de forma que el informe de auditoría pueda emitirse en fechas que permitan a las entidades auditadas cumplir con dichos requerimientos. En otras palabras, a pesar de que la normativa no establezca un plazo concreto o máximo para la realización de un trabajo de auditoría y la emisión del correspondiente informe, debe entenderse que existe una exigencia de que el informe de auditoría deba presentarse y entregarse bajo unas determinadas condiciones temporales de acuerdo con la fecha fijada contractualmente y que debe permitir que se cumpla con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la entidad auditada a este respecto. En este sentido, la prórroga de dos meses del plazo para la realización de la auditoría de cuentas obligatoria para los casos a que se refiere el artículo 40.4 del RDL (cuentas anuales formuladas antes o durante el periodo de estado de alarma) habrá de entenderse que resultará aplicable en dichos casos. Es decir, puede darse la circunstancia de que las fechas fijadas contractualmente no puedan cumplirse como consecuencia del estado de alarma. También debe tenerse en cuenta que los requerimientos legales en cuanto al cumplimiento de las obligaciones societarias de aprobación de cuentas por la junta general y su depósito en el Registro Mercantil han sido alterados por el mismo Real Decreto, lo cual pudiera indirectamente afectar a la fecha de entrega del informe de auditoría Por último, el ICAC recuerda acertadamente que el artículo 7 del RAC ya prevé, en su apartado 1, las actuaciones a seguir por el auditor cuando se den circunstancias que impidan emitir el informe de auditoría en la fecha fijada por causas no imputables al auditor, como sucede en las circunstancias actuales con motivo de la crisis sanitaria. Algunas consideraciones de las actuaciones de los auditores Resulta obvio que, en las actuales circunstancias, los auditores de cuentas deberán de practicar una amplia revisión sobre las evaluaciones y estimaciones realizadas por parte de las entidades auditadas sobre el impacto que el Covid-19 esté teniendo y tendrá en su actividad. Entre otras cuestiones resulta de especial relevancia el tema de la continuidad del negocio (principio de empresa en funcionamiento), pero también planes de liquidez, mantenimiento de suministro, afectación a la plantilla de personal y, en general, todo el contenido de la información financiera y su adecuado reflejo en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. También existirán importantes dificultades añadidas para los auditores en el caso de auditorías de grupos, principalmente cuando se trate de grupos de carácter internacional, entre otras cuestiones, por las diferentes medidas y políticas que hayan implantado o implanten los diferentes gobiernos y que pueden afectar al nivel de comunicación necesaria auditor-empresa. Por otra parte, se deberá replantear por parte de los auditores la planificación global inicialmente realizada y diseñar procedimientos complementarios a los anteriormente planificados y que recojan los resultados de las conversaciones mantenidas con los responsables de gobierno de las entidades relacionadas con el impacto de la pandemia. En cualquier caso, resultará imprescindible documentar y conservar en los papeles de trabajo de auditoría las discusiones que se mantengan con los responsables de gobierno de las entidades auditadas que estén relacionadas con el impacto del Covid-19 así como los resultados de las verificaciones realizadas. Especial importancia de los hechos posteriores Debido a que los efectos de la pandemia se han producido con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, será necesario en este caso efectuar un exhaustivo análisis de los hechos posteriores y la evaluación, en función de las circunstancias concretas de cada una de las entidades auditadas, de la posibilidad de inclusión de una nota específica en la memoria y, en su caso, en el informe de gestión, en la que se incluya toda la información detallada que esté relacionada con los hechos posteriores y sus potenciales efectos sobre la actividad de la entidad e incluso sobre las posibles incertidumbres que puedan afectar al principio de empresa en funcionamiento relacionadas con los efectos del Covid-19. Si el principio de empresa en funcionamiento se ve afectado, la referida nota de la memoria deberá describir los factores que generan duda respecto a la aplicación de dicho principio y su potencial impacto sobre la situación de la empresa. En cuanto a los posibles factores mitigantes de la duda, se deberán incluir tanto los generados o establecidos por la propia entidad auditada como por las medidas o políticas públicas de apoyo que se dicten. En concreto, los auditores deberán obtener evidencias suficientes y adecuadas sobre si el impacto del Covid-19 ha sido adecuadamente reflejado en las cuentas anuales de la entidad, para lo cual, deberán considerar de forma especial los requerimientos de la normativa prevista en las NIA-ES siguientes: NIA-ES 560 sobre hechos posteriores; NIA-ES 570 revisada, sobre empresa en funcionamiento, y NIA-ES 540 sobre auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable.   Así como, en general, todas las NIA-ES de la serie 700 relacionadas con el informe de auditoría para recoger adecuadamente los resultados de todo lo anterior en la emisión de su informe, con referencia a los efectos del Covid-19. Otras cuestiones de interés Una cuestión no menos importante es la provocada por el decreto del estado de alarma que ha supuesto la imposibilidad, en general, del acceso a las dependencias de las entidades auditadas, así como de la recepción de documentación o evidencias de auditoría, incluyéndose en este caso, las confirmaciones de terceros que sólo podrán realizarse por medios electrónicos. Esta situación puede llevar a que cierta documentación necesaria para la finalización de la auditoría y la emisión del informe como, por ejemplo, las cartas de manifestaciones de la dirección, las cuentas anuales definitivas firmadas por los administradores, etc., no pueda ser obtenida más que a través de medios electrónicos o formato digital por lo que será necesario analizar la validez de los formatos digitales obtenidos. Es lógico que resulta mucho menos fiable una evidencia de auditoría obtenida mediante documentos digitalizados procedentes de documentos originales, recibidos por medios electrónicos sin las correspondientes garantías digitales. Esta situación puede provocar algunas limitaciones importantes para el trabajo de los auditores.