Noticias de prensa

  • La empresa asumirá los costes si el teletrabajo supera el 20% del horario
    el día 07/08/2020 a las 8:27 am

    Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por "trabajo a distancia regular". El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece "un mínimo del 20% de la jornada", el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador "teletrabaja" y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días. Se trata de una línea roja marcada por la patronal que justifica su posición en que ya en la actualidad muchas empresas permiten a sus trabajadores que los viernes cumplan su jornada desde casa. En estos casos, supondría que las empresas estarían obligadas a compensar los gastos y dotar de equipos informáticos a sus trabajadores o incurrir en otros costes como analizar las condiciones de seguridad del sitio donde trabajan. Un segundo punto de fricción entre los agentes sociales es el periodo transitorio que se aplicará a aquellos acuerdos o convenios colectivos que ya regulan el trabajo a distancia. El borrador establece un periodo de tres años que, según las fuentes consultadas por eE, ha pedido la CEOE. En esta ocasión son los sindicatos los que no están de acuerdo con la redacción del borrador del anteproyecto presentado el viernes por el Ministerio de Trabajo por entender que es un plazo excesivo. Entienden que un año o año y medio es suficiente para que se adapten. El abono de los costes y otras medidas están en el trasfondo de la pelea. Durante el periodo transitorio, todas las empresas amparadas por acuerdos anteriores podrían zafarse de cumplir con las exigencias de la futura normativa. Aunque estos dos puntos serían los de mayor enjundia, no son las únicas discrepancias. La aplicación de la prevención de riesgos laborales también implica puntos de desacuerdo; en concreto, la evaluación del puesto del trabajo en casa. El borrador establece que solo se evaluará "la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose esta obligación al resto de las zonas de la vivienda". CCOO quiere que el análisis incluya el conjunto de la vivienda, aunque en CEOE y UGT consideran adecuado que se limite al habitáculo donde se realiza el trabajo. En cualquier caso, la norma puntualiza que en caso de que el análisis de las condiciones de seguridad (que incluye factores psicosociales, ergonómicos y organizativos) exija la visita de algún experto, el trabajador le podrá negar la entrada a su vivienda. En este caso, no se podría cumplir con la exigencia de evaluar los riesgos laborales que exige el borrador del anteproyecto.

  • España, el país de la OCDE donde más caen las rentas de las familias hasta marzo
    el día 07/08/2020 a las 8:26 am

    Los hogares españoles son los que más sufrieron en el primer trimestre del año el impacto económico de la pandemia. Su renta disponible per cápita retrocedió un 3,22% entre enero y marzo, la mayor caída de todas las registradas en la base de datos de países de la OCDE. Es más: la media de las familias de la OCDE incluso aumentó sus rentas un 0,1%. Estos datos pueden en parte explicarse por la mayor dureza de las medidas de confinamiento tomadas y porque el virus se expandió antes por España e Italia. Las rentas de los hogares italianos perdieron un 1,8%. Aunque se trata de una pérdida menor que la de España, también supuso una caída importante. El estado de alarma se declaró en el territorio español el 14 de marzo. Es decir, bastó con una quincena de hibernación de la actividad para que los bolsillos de los ciudadanos españoles acusasen el mazazo. Y a pesar de que la pandemia se propagase en Italia unos días antes, las restricciones se circunscribieron en esas fechas al norte del país transalpino. También ha podido influir en el hecho de que España se comportase peor la capacidad de las empresas para hacer teletrabajo y la composición de la estructura productiva. Básicamente, allá donde hay más necesidad de contacto para trabajar es donde la economía puede resentirse más. Y la economía española depende más que la italiana del turismo, la hostelería y las actividades de ocio. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya elaboró un informe en el que apuntó que España es el país con una mayor proporción de puestos de trabajo que conllevan riesgo de contagio por coronavirus. El organismo estimaba que el 56% de sus empleos requieren contacto físico o proximidad al público frente a una media de la OCDE ligeramente inferior al 50%. Dicho esto, en otros países también menguaron las rentas de los hogares, pero bastante menos: en Alemania, un 1,2%; en Reino Unido, un 0,7%; en Francia, un 0,3% y en Canadá, un 0,2%. “Todas las siete grandes economías vieron caídas en el primer trimestre salvo Estados Unidos”, señala la nota de la OCDE. No obstante, el think tank de las economías avanzadas subraya que otros países registraron crecimiento de los ingresos de las familias en el mismo periodo: Australia (0,5%), Bélgica (0,7%), Finlandia (1,2%), Grecia (0,8%), Irlanda (0,7%), Holanda (1,6%), Eslovenia (1,5%) y Suecia (1,3%). Estos datos de renta por hogar ponderan los miembros de la unidad familiar, restan los impuestos y suman las ayudas sociales. Por otra parte, el organismo también destaca que las caídas de rentas de las familias fueron bastante menores que las anotadas en PIB per cápita. Y eso lo achaca sobre todo a los planes que adoptaron los Gobiernos para proteger las rentas de los trabajadores. En Francia, por ejemplo, el PIB por habitante cayó un 6%, muy por encima del 0,3% que perdieron las familias. En la media de la OCDE, mientras que el PIB per cápita descendió un 2%, las rentas por cabeza de las familias crecieron un 0,1%. En España el PIB por habitante se hundió un 5,6% entre enero y marzo. En cambio, la renta per cápita de los hogares solo se desplomó un 3,22%. Según se desprende de estos datos, parece que los españoles consiguieron paliar el golpe para las economías familiares con un resultado no muy distinto al de la media de la OCDE. Entre otras medidas, el Gobierno aprobó en esos días facilitar y financiar los ERTE, que en muchos casos han cubierto al menos un 70% del sueldo. Eso sí: Francia destaca como el país que mejor logró contener el impacto para los hogares. Italia también figura mejor que España en estos números al perder un 5% en PIB y solo un 1,8% en ingresos.

  • Los trabajadores autónomos dejan de sostener 135.000 empleos y reclaman que se prolonguen los apoyos financieros del ICO
    el día 07/08/2020 a las 8:25 am

    La reactivación de los trabajadores autónomos se ha dejado atrás casi 135.000 empleos, un 10% del empleo que sostienen este colectivo, bien a través de la contratación de personal, bien por los propios autónomos. Durante el último año el número de trabajadores asalariados contratados por un autónomo ha pasado de 928.022 en junio de 2019 a 834.010 registrados el mes pasado, lo que representa una caída del 10,1%, el doble de la media en el total del sistema, y una pérdida neta de 94.012 empleos. A esos 94.000 empleos habría que añadir 40.982 autónomos que se ha dado de baja en los registros al no continuar su actividad, según un análisis realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, a partir de datos del Ministerio de Trabajo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, interpreta estos datos como la prueba de que a los trabajadores autónomos les cuesta cada vez más sostener el empleo que generan. Amor ha indicado que a partir del fin de agosto se puede anticipar una caída importante del empleo y del número de empresas, por lo que reclama un refuerzo de los apoyos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permita ampliar los periodos de carencia para la devolución de préstamos más allá de abril del año que viene. La alternativa, asegura, podría trasladar problemas de morosidad a los balances de los bancos y entidades financieras. En términos de generación de empleo, los autónomos con menos asalariados son los que más han logrado sostener esos puestos de trabajo que estaban hace un año y que la irrupción de la pandemia y la hibernación económica decretada para combatirla han amenazado. En el lado contrario, han sido los autónomos con cinco o más asalariados los que más empleo han dejado caer. Entre los primeros, el número de trabajadores ha descendido un 6,2% en el último año al pasar de 227.730 personas en junio de 2019 a 213.710 en junio de 2020, lo que supone un descenso de 14.020 personas. Entre los segundos, los que cuentan con plantillas de más de cinco trabajadores, el descenso ha alcanzado el 16%, y cuenta con 41.499 asalariados menos que hace un año. Al igual que el resto de la economía española, el negocio de los trabajadores autónomos se ha visto duramente golpeado en los últimos meses, especialmente el de aquéllos vinculados a sectores muy vulnerables a las medidas sanitarias de choque, como es el caso del turismo o la hostelería. El impacto sobre el colectivo ha sido, con todo, inferior al sufrido por los asalariados del Régimen General, que acumula la pérdida de más de 700.000 afiliados en el último año. En el mismo periodo, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha pasado de sumar 3.287.449 afiliados a los 3.246.557 actuales, un 1,2% menos.

  • Hacienda condiciona lo pactado con Podemos a la marcha de la economía
    el día 07/08/2020 a las 8:23 am

    La pandemia de coronavirus ha trastocado todos los planes del primer Gobierno de coalición de la democracia. Apenas dos meses después de comenzar la legislatura, que arrancó gracias a un acuerdo programático pactado por PSOE y Unidas Podemos, las prioridades cambiaron por completo para enfocarse en la crisis sanitaria. El impacto de este contratiempo hace que el Gobierno decida posponer algunos de los puntos clave acordados en la investidura, como las reformas en materia fiscal, que, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estarán condicionadas a la evolución de la economía. En concreto, Montero afirmó en una entrevista con Efe que la situación económica podría retrasar algunas subidas de impuestos, aunque se buscará la “progresividad” del sistema fiscal. Ello partiendo de que el consenso al que se llegó para investir a Pedro Sánchez contemplaba, entre otras cosas, la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y la reforma del impuesto de Sociedades, con el objetivo de implementar un tipo mínimo del 15%, que se ampliaría hasta el 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos. Así, parece que estos cambios tributarios tendrán que esperar, también por la necesidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas que garanticen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, lo que supone otro condicionante para cumplir el programa de investidura. La ministra y portavoz del Ejecutivo avanzó que como “carta de presentación” a las formaciones se expondrá el acuerdo económico pactado con Unidas Podemos, pero también aseguró que “hay que ser inteligentes” y acompasar ese pacto al ritmo que marque la economía para llevar acabo las medidas en el momento más adecuado, “de aquí a 2021 o más adelante”. Montero explicó que en materia fiscal se acometerán novedades a dos velocidades. Por un lado, cambios tributarios a corto plazo que contemplarán los Presupuestos y que perseguirán la progresividad del sistema, para los que se negociará con la oposición; y por otro, cuando el crecimiento esté asentado, una profunda reforma fiscal centrada en la revisión del impuesto de Sociedades, del IVA y de las deducciones de algunos impuestos, así como en “figuras tributarias nuevas” adaptadas a la transformación ecológica y a la nueva economía. En este sentido, aprobar los Presupuestos no será fácil, puesto que la filosofía tanto del PP como de Ciudadanos se centra en bajar impuestos, y conseguir el apoyo del principal partido de la oposición será fundamental para sacar adelante con facilidad las cuentas públicas. Por ello, el Gobierno, además de buscar su conformidad en materia fiscal, podría atraer al PP renunciando a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral a corto plazo, ya que, según declaraciones previas de la ministra, el proceso de acometer la contrarreforma también se adaptará a las circunstancias motivadas por la crisis.

  • Montero anuncia una subida del techo de gasto inédita por los fondos europeos
    el día 06/08/2020 a las 8:28 am

    El Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Efe. "No ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar" la inyección de recursos por "una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos", ha advertido la ministra. Por eso insta a analizar "con una mirada distinta" el proyecto presupuestario de 2021, que arrancará en septiembre con la aprobación de una nueva senda de estabilidad y un techo de gasto adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia. El proyecto en sí se presentará en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre "o principios de octubre", con el objetivo de que su tramitación esté avanzada y los apoyos parlamentarios "bastante acordados" con los grupos políticos cuando se envíe a Bruselas el plan presupuestario, antes del 15 de octubre. El objetivo del Gobierno es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-, lo que alterará el techo de gasto, para iniciar así cuanto antes la implementación de los proyectos. La ministra confía en "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar", siempre que sean gestionables por las diferentes administraciones. Montero explica que estos proyectos se incluirán en el plan de inversión y reformas que enviará a Bruselas en octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial porque los proyectos serán "compartidos" con comunidades autónomas y ayuntamientos.